Varios sindicatos se unen en defensa del sector público del Archipiélago canarioEn contra de la ''mala gestión'' administrativa
Representantes de la Organización Canaria de Empleados Públicos (CSC-OCEP), el Sindicato Independiente Canario (SIC) y la Unión Sindical Obrera (USO) presentaron este lunes una iniciativa en defensa del sector público de Canarias con el objetivo de "hacer oír su voz" y aportar su "granito de arena" en el debate del anteproyecto de ley sobre la Función Pública por parte del Gobierno de Canarias, así como para criticar la "mala gestión" de la Administración.
Los representantes sindicales invitaron a otras organizaciones a unirse a esta iniciativa, que también cuenta con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), el sindicato de Comisiones de Base (Cobas) o el Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP), sindicatos que representan, según explicó el secretario de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP-USO), Luis Deleito, al 95 por ciento de los empleados públicos de Canarias. Para ellos, esta unión es "sólo un primer paso que conllevará numerosas acciones futuras".
Por su parte, el representante de la Organización Canaria de Empleados, José Antonio Pérez, destacó también que esta iniciativa busca "rechazar" la gestión actual de la Administración en los servicios públicos además de reivindicar "una mejora en la calidad educativa y sanitaria". De hecho, insisten en que en los colegios e institutos existe un "caos total, sin dinero ni posibilidadeS", así como "restricciones de medicamentos en Sanidad", mientras que los miembros del Gobierno "no se han bajado el cinco por ciento de su sueldo, aunque sí lo hicieron a los funcionarios", además de celebrar "inauguraciones a bombo y platillo".
Deleito insiste en que "no es lógico" discutir una Ley de la función pública "sin contar con los sindicatos en el conjunto de las administraciones públicas de Canarias". Por ello, piden al Gobierno "un esfuerzo" para oírlos a todos, puesto que, según recuerdan, representan a un total de 100.000 trabajadores".
De hecho, el representante del Sindicato Independiente Canario, Antonio Trujillo, destacó la importancia de aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos canarios pues, "ellos si funcionan bien, funcionará bien todo".
Según explicaron en un encuentro con lo medios, su principal misión será, más concretamente, proteger a los empleados de "la sombra de privatizaciones sobre todo lo público", para que este colectivo pueda ofrecer "un servicio a los ciudadanos con total transparencia". Para ello, afirman que será necesario que se "consensúe" esta Ley con las administraciones locales y autonómicas.
Representantes de la Organización Canaria de Empleados Públicos (CSC-OCEP), el Sindicato Independiente Canario (SIC) y la Unión Sindical Obrera (USO) presentaron este lunes una iniciativa en defensa del sector público de Canarias con el objetivo de "hacer oír su voz" y aportar su "granito de arena" en el debate del anteproyecto de ley sobre la Función Pública por parte del Gobierno de Canarias, así como para criticar la "mala gestión" de la Administración.
Los representantes sindicales invitaron a otras organizaciones a unirse a esta iniciativa, que también cuenta con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), el sindicato de Comisiones de Base (Cobas) o el Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP), sindicatos que representan, según explicó el secretario de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP-USO), Luis Deleito, al 95 por ciento de los empleados públicos de Canarias. Para ellos, esta unión es "sólo un primer paso que conllevará numerosas acciones futuras".
Por su parte, el representante de la Organización Canaria de Empleados, José Antonio Pérez, destacó también que esta iniciativa busca "rechazar" la gestión actual de la Administración en los servicios públicos además de reivindicar "una mejora en la calidad educativa y sanitaria". De hecho, insisten en que en los colegios e institutos existe un "caos total, sin dinero ni posibilidadeS", así como "restricciones de medicamentos en Sanidad", mientras que los miembros del Gobierno "no se han bajado el cinco por ciento de su sueldo, aunque sí lo hicieron a los funcionarios", además de celebrar "inauguraciones a bombo y platillo".
Deleito insiste en que "no es lógico" discutir una Ley de la función pública "sin contar con los sindicatos en el conjunto de las administraciones públicas de Canarias". Por ello, piden al Gobierno "un esfuerzo" para oírlos a todos, puesto que, según recuerdan, representan a un total de 100.000 trabajadores".
De hecho, el representante del Sindicato Independiente Canario, Antonio Trujillo, destacó la importancia de aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos canarios pues, "ellos si funcionan bien, funcionará bien todo".
Según explicaron en un encuentro con lo medios, su principal misión será, más concretamente, proteger a los empleados de "la sombra de privatizaciones sobre todo lo público", para que este colectivo pueda ofrecer "un servicio a los ciudadanos con total transparencia". Para ello, afirman que será necesario que se "consensúe" esta Ley con las administraciones locales y autonómicas.
Defienden, además, la necesidad de que en su labor se perciba "una reducción del absentismo, más respeto a la autonomía de las administraciones locales así como más vigilancia a la salud laboral de los empleados así como una mayor estabilidad laboral", exponen los promotores de esta iniciativa.
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