El órgano asesor detecta trabajos fuera de contrato por un montante de 2,4 millones de euros, por lo que avala la rescisión de la adjudicación
El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un informe a través del cual determina que en el antiguo Cuartel de San Carlos se ha producido "un grave incumplimiento de las obligaciones contractuales" de la dirección de obra. En concreto, se ha detectado que en este edificio, situado detrás de la sede de Presidencia, se han llevado a cabo actuaciones fuera de contrato por un importe superior a los 2,4 millones de euros.
Esta serie de hechos hacen inviable la continuación de la ejecución de los trabajos, tal y como fue adjudicada en su momento a la empresa AMPA SL y avala la rescisión del contrato. El Consejo indica que en estos momentos la actuación, financiada y encargada por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario, carece de proyecto ejecutable.
El propio Ejecutivo regional realizó un informe en el año 2007 en el que apuntaba que el desfase se produjo a consecuencia de "órdenes emitidas por la dirección facultativa sin contar con la tramitación de preceptivo procedimiento de contratación del proyecto complementario de estabilización del suelo". Tampoco se dispuso de la correspondiente aprobación de proyecto reformado respecto a determinadas partidas derivadas de la memoria de necesidades del proyecto de finalización de la obra.
Parte del presupuesto aprobado se destinó por la dirección de la obra a abonar unidades fuera de contrato, repercutiendo su costo en certificaciones correspondientes a unidades que, estando incluidas en el contrato, sin embargo no fueron realmente ejecutadas.
Como consecuencia de todo ello en estos momentos faltan por aplicar partidas necesarias para la ejecución de obra que, no obstante, en la actualidad no se pueden ejecutar porque las modificaciones realizadas condicionan de forma sustancial la actuación prevista. Del importe total ejecutado fuera de proyecto casi 91.000 euros corresponden a unidades que no eran necesarias para la ejecución de la obra y que, según el Consejo Consultivo, fueron realizadas por decisión de la dirección, "sin contar con la previa modificación del contrato ni con la correspondiente aprobación de proyecto reformado".
La causa de estos hechos viene de la ejecución de la estabilización del suelo queAMPA SL considera que fueron autorizadas por la Administración sin que le sea imputable la falta de dotación presupuestaria. La Consejería, sin embargo, entiende que no autorizó esta modificación, por lo que la ejecución y abono de las obras se produjo fuera de los cauces que la legislación contractual dispone para incidencias como la reseñada, que no es otra que la tramitación y aprobación de un proyecto reformado.
La Consejería acepta que la ejecución de estas obras de estabilización del suelo "eran necesarias para la conclusión de la obra" de rehabilitación. Pese a ello, el Consejo Consultivo considera que se ha incurrido en "causa grave de resolución del contrato", dado que "el importe de las partidas fue repercutido en certificaciones correspondientes a unidades de obra, que estando incluidas en el proyecto aprobado, realmente no fueron ejecutadas". Así se dio lugar a "una grave incongruencia" en las certificaciones emitidas que correspondían a unidades diferentes a las del proyecto.
Presupuesto agotado
La Administración no se percató que la obra certificada y abonada no correspondía con la realmente ejecutada hasta el momento en el que se agotó el presupuesto y la actuación, sin embargo, no estaba acabada. Esta circunstancia motivó la correspondiente auditoría y el inicio de la resolución del contrato. El Consejo considera demostrado que los proyectos de modificado no aprobados pero ejecutados, "alteran el proyecto inicial de forma tan determinante que lo hacen inviable en la actualidad, lo que, siendo ello debido a la actuación de la dirección facultativa, supone otra causa de resolución del contrato de dirección". El miembro de AMPA, José María Pastrana, indica que todavía esperan llegar a un acuerdo y retomar las obras . Resalta que no ha habido mala fe.
Esta serie de hechos hacen inviable la continuación de la ejecución de los trabajos, tal y como fue adjudicada en su momento a la empresa AMPA SL y avala la rescisión del contrato. El Consejo indica que en estos momentos la actuación, financiada y encargada por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario, carece de proyecto ejecutable.
El propio Ejecutivo regional realizó un informe en el año 2007 en el que apuntaba que el desfase se produjo a consecuencia de "órdenes emitidas por la dirección facultativa sin contar con la tramitación de preceptivo procedimiento de contratación del proyecto complementario de estabilización del suelo". Tampoco se dispuso de la correspondiente aprobación de proyecto reformado respecto a determinadas partidas derivadas de la memoria de necesidades del proyecto de finalización de la obra.
Parte del presupuesto aprobado se destinó por la dirección de la obra a abonar unidades fuera de contrato, repercutiendo su costo en certificaciones correspondientes a unidades que, estando incluidas en el contrato, sin embargo no fueron realmente ejecutadas.
Como consecuencia de todo ello en estos momentos faltan por aplicar partidas necesarias para la ejecución de obra que, no obstante, en la actualidad no se pueden ejecutar porque las modificaciones realizadas condicionan de forma sustancial la actuación prevista. Del importe total ejecutado fuera de proyecto casi 91.000 euros corresponden a unidades que no eran necesarias para la ejecución de la obra y que, según el Consejo Consultivo, fueron realizadas por decisión de la dirección, "sin contar con la previa modificación del contrato ni con la correspondiente aprobación de proyecto reformado".
La causa de estos hechos viene de la ejecución de la estabilización del suelo queAMPA SL considera que fueron autorizadas por la Administración sin que le sea imputable la falta de dotación presupuestaria. La Consejería, sin embargo, entiende que no autorizó esta modificación, por lo que la ejecución y abono de las obras se produjo fuera de los cauces que la legislación contractual dispone para incidencias como la reseñada, que no es otra que la tramitación y aprobación de un proyecto reformado.
La Consejería acepta que la ejecución de estas obras de estabilización del suelo "eran necesarias para la conclusión de la obra" de rehabilitación. Pese a ello, el Consejo Consultivo considera que se ha incurrido en "causa grave de resolución del contrato", dado que "el importe de las partidas fue repercutido en certificaciones correspondientes a unidades de obra, que estando incluidas en el proyecto aprobado, realmente no fueron ejecutadas". Así se dio lugar a "una grave incongruencia" en las certificaciones emitidas que correspondían a unidades diferentes a las del proyecto.
Presupuesto agotado
La Administración no se percató que la obra certificada y abonada no correspondía con la realmente ejecutada hasta el momento en el que se agotó el presupuesto y la actuación, sin embargo, no estaba acabada. Esta circunstancia motivó la correspondiente auditoría y el inicio de la resolución del contrato. El Consejo considera demostrado que los proyectos de modificado no aprobados pero ejecutados, "alteran el proyecto inicial de forma tan determinante que lo hacen inviable en la actualidad, lo que, siendo ello debido a la actuación de la dirección facultativa, supone otra causa de resolución del contrato de dirección". El miembro de AMPA, José María Pastrana, indica que todavía esperan llegar a un acuerdo y retomar las obras . Resalta que no ha habido mala fe.
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