Los fraudes más comunes en las bajas se producen con lumbalgias y depresiones
El presidente de la Asociación Canaria de Inspección y Administración Sanitaria (Asocias) explica que la Seguridad Social concede 16 millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS) para que luche contra el fraude en las incapacidades temporales. Recuerda, sin embargo, que el trabajador no se da a sí mismo la baja.
Es en las bajas de corta duración donde más se produce un fraude y para patologías como la lumbalgia o la depresión. Así lo explicó a este periódico Alberto Talavera, presidente de la Asociación Canaria de Inspección y Administración Sanitaria (Asocias), que aglutina principalmente a inspectores médicos del Servicio Canario de Salud (SCS).
Asocias, junto a Comisiones Obreras (CCOO), presentó recientemente un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 35/2010 por el que se estableció una comisión de bajas que evalúa las incapacidades temporales de los funcionarios de más de tres meses. Los que quieran seguir cobrando el cien por cien de su salario tienen que pasar por dicha comisión.
Por su propia experiencia, Talavera considera que "el fraude no se da en personas de baja de larga duración" y pone entredicho los datos sobre incapacidades temporales tanto de funcionarios como de trabajadores de la empresa privada. "Para hablar con propiedad tendríamos que contar con un estudio que midiera la prevalencia, es decir, el número de bajas por incapacidad temporal entre la totalidad de los trabajadores", explica.
A pesar de que reconoce que el fraude existe y, de hecho, los inspectores médicos están precisamente para vigilar, pide prudencia. Aunque las lumbalgias y los procesos depresivos son las bajas que más se suelen fingir, "no podemos pensar que todos los dolores lumbares y todas las depresiones son fingidas". Para comprobar la existencia real de esta última, Talavera recomienda echarle un vistazo rápido a los datos de gasto farmacéutico en antidepresivos.
Sobre la relación entre el descenso del 40 por ciento de los procesos de incapacidad temporal en España y su relación con el miedo a perder el trabajo, el presidente de Asocias lo vincula a un fenómeno más general. "En situaciones de crisis probablemente sea normal que se haga un esfuerzo suplementario de las personas por asistir a sus puestos de trabajo", explica, lo que en casos, por ejemplo, de gripe "no sólo no resuelve el problema, sino que lo multiplica", ya que existe la posibilidad de contagio.
"La baja no se la autodá el enfermo, la da y el médico y la revisan los inspectores", subraya, para añadir que la Seguridad Social destina 16 millones de euros al año al Servicio Canario de Salud para combatir el fraude en los procesos de incapacidad temporal. Este dinero sirve para que los inspectores médicos del SCS vigilen el posible fraude durante los primeros doce meses de baja.
Los inspectores también pueden actuar a requerimiento de los empresarios o de la Administración contratante, si consideran que puede existir un caso de fraude.
Un caso claro es la revisión que solicitó el Ministerio de Fomento de las bajas de los controladores aéreos recientemente, donde se demostró que se había producido "un abuso de la utilización de la prestación".
Talavera aclara que las altas que da la inspección médica "vienen acompañadas de la imposibilidad de volver a tener una baja en los próximos seis meses, salvo que se la conceda la propia inspección".
La existencia de cierto fraude en las incapacidades temporales "no es un problema nuevo" ni exclusivo de España "ni se ha acrecentado", matiza.
"Donde se produce más frecuentemente el fraude es cuando una persona quiere alargar sus vacaciones o tomarse una semana de descanso o alargar un puente o los carnavales", añade.
Sin embargo, a los que ponen en entredicho la prestación de la Seguridad Social a los trabajadores durante esta contingencia hay que recordarles que dicha prestación "también es un derecho generado por los trabajadores"
Uno de ellos es el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, que recientemente vinculó la baja productividad de España con "el mayor absentismo que se da en nuestra economía", sobre todo entre el personal funcionario.
42 años, embarazo de riesgo y sin derecho al 25%
María (nombre ficticio) es trabajadora de la sanidad pública, tiene 42 años y un embarazo de alto riesgo. "Estoy operada de la espalda, tengo diabetes gestacional, taquicardias y tensión alta y un problema muscular en las piernas de origen neurológico", explica. Por si eso fuera poco, ha estado manchando, por lo que el ginecólogo le mandó "reposo hasta el final del embarazo". A los tres meses se presentó ante la famosa Comisión de Bajas para que no le quitaran un 25% del sueldo. "Me preguntaron si no podía desempeñar otro trabajo y que si era verdad la edad que tenía porque no la aparentaba", explica. Después de eso, recibió una carta en la que se le decían "que no llegaba a la puntuación, pero yo no sé ni qué puntos tengo ni cuántos me hacían falta". El resultado es que María decidió perder ese dinero por la seguridad de su futuro hijo, pero considera injusta una medida que la penaliza por tener un embarazo de riesgo.
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