El Tribunal de Cuentas archivó el "caso facturas" al no tener toda la información

El Tribunal de Cuentas archivó el "caso facturas" al no tener toda la información

La Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas nunca llegaron a conocer las facturas que los grupos del Ayuntamiento de Santa Cruz presentaron al interventor para justificar sus gastos, precisamente, una semana después de que el ente fiscalizador archivara el caso al no haberse presentado ninguna demanda.

Ni la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano dependiente del Parlamento de Canarias, ni el Tribunal de Cuentas, órgano dependiente del Ministerio Fiscal, tuvieron conocimiento nunca de la relación detallada de facturas que presentaron los grupos municipales de CC, PP, PSC y PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz para justificar los gastos realizados durante el mandato 2003-2007, razón por la cual el caso fue archivado al no derivarse responsabilidad contable alguna de la información que manejaban hasta ese momento.

De esta forma, tras la denuncia presentada por la tesorera del PNC, Esther Sarrautte, para conocer el paradero y finalidad de la asignación municipal de sus tres concejales en aquel mandato (Guillermo Guigou, Ángel Isidro Guimerá y Odalys Padrón), la Audiencia de Cuentas (que sólo tiene función fiscalizadora) trasladó el caso al Tribunal de Cuentas (órgano que sí tiene competencias jurisdiccionales), siendo este ente el que el 6 de octubre de 2006 instó a la Intervención General del consistorio a la elaboración de un informe relativo al procedimiento establecido para la justificación de los gastos.

Sin embargo, pese a que el escrito del Tribunal de Cuentas tuvo registro de entrada en el ayuntamiento con fecha de 13 de octubre de 2006 (tres días después de la celebración del pleno en el que se aprobó la presentación "a la mayor brevedad posible" de la justificación de los gastos de los grupos), el último informe que la Intervención General envió al Tribunal de Cuentas (el 25 de octubre de 2006) sólo contenía, aún, la legislación aplicable en la materia y el montante de las asignaciones percibidas.

Fue en base a este informe y a los antecedentes revelados por los anteriores, por lo que el Tribunal de Cuentas determinó, en su resolución de las Actuaciones Previas de 25 de enero de 2007, archivar el caso ante la ausencia de determinación de responsabilidad contable, ya que de la documentación incorporada hasta ese momento al expediente no se derivaba menoscabo de los caudales públicos.

Tan sólo una semana después del archivo del caso, entre el 31 de enero y el 8 de febrero, los distintos grupos municipales remitieron a la Intervención General la relación de facturas que se había solicitado "a la mayor brevedad posible" en el Pleno del 10 de octubre de 2006. Durante el proceso de acopio de las facturas por parte de los grupos transcurrieron casi cuatro meses en los que dio tiempo al Tribunal de Cuentas a archivar el caso.

Una tardanza muy conveniente.- El propio secretario general de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Juan Fuentes Fornell, ha explicado que la relación de facturas nunca pasó por el citado organismo: "Es más, nos hemos enterado por la prensa ya que fueron presentadas con posterioridad al archivo de la diligencias que abrió el Tribunal de Cuentas", explica.

De hecho, aseguró que su opinión personal era que "si el Tribunal de Cuentas hubiera visto las facturas habría continuado el procedimiento". De esta forma, Juan Fuentes argumentó que el Tribunal de Cuentas se limitaba a informar a la Audiencia de Cuentas sobre la apertura de Diligencias Previas, Diligencias Preliminares, Actuaciones Previas y el Procedimiento que fue archivado por carecer de responsabilidad contable.

Asimismo, fuentes del Tribunal de Cuentas han subrayado que el Acta Provisional de 25 de enero de 2007 fue sobreseída porque nadie presentó demanda, algo que podrían haber hecho, tanto la Audiencia de Cuentas (extremo éste que puso en duda el secretario general) como alguna de las partes interesadas. Ante la ausencia de demanda se cerró el procedimiento y cesó la instrucción sumarial.

Sigue enredándose la madeja en torno al PP.- Por su parte, el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria, mantuvo ayer de nuevo que su formación ya ha reconocido que hubo un "error" al justificar los gastos del PP en el ayuntamiento y descartó tomar medidas, ya que, según recalcó, las cuentas están "auditadas". Por ello, insistió en que "ha habido un error en cuanto a la utilización, pero no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra cuestión", en referencia a una posible financiación ilegal del partido.

También José Miguel Pérez, secretario regional del PSC, ha querido sumarse a los reproches y ha tachado de "impresentables" las declaraciones de miembros del PP como Manuel Fernández, Cristina Tavío o el propio Soria; al tiempo que argumentó que la presentación de facturas personales "es falsear las cuentas públicas y debe tener consecuencias".

Volviendo al PP, tanto el secretario general en Tenerife, Manuel Domínguez, como la gerente provincial y vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Zaida González, realizaron ayer sus particulares posicionamientos.

Para Manuel Domínguez "no hay que darle más vueltas" al asunto porque se "hace un flaco favor a la clase política". En cuanto, al posible autor de la filtración del informe especificó, en referencia a Ángel Llanos, que "ni se me ha pasado por la mente que fuera él". Por su parte, Zaida González afirmó que "no era la práctica habitual aportar su justificante" para los gastos necesarios para "hacer política".

Las dos versiones del PNC.- Esther Sarrautte, actual concejal del PNC y tesorera del partido durante el pasado mandato, ha querido aclarar que comunicó a la Audiencia de Cuentas la pérdida de la asignación municipal de sus concejales puesto que, ante sus reiteradas peticiones de información, sólo le contestaban "que no sabían". Asimismo, negó que exigiera que se ingresara la asignación municipal en la cuenta del partido, algo que contravenía la antigua ley de financiación de partidos políticos, y que sólo quería que se justificara en qué se estaban gastando.

Por su parte, el ex concejal del PNC, Ángel Isidro Guimerá, reiteró que Sarrautte pretendía financiar al partido con la asignación municipal de su grupo y aclaró que, en su día, tanto él como Guillermo Guigou abandonaron el partido, y no es que fueran expulsados, ya que no estaban afiliados.

Así se fiscaliza a los ayuntamientos

La Audiencia de Cuentas de Canarias es el órgano del Parlamento de Canarias que está a cargo de la fiscalización de la gestión económica y financiera del sector público. Está compuesta por cinco miembros, quienes son elegidos para un mandato de cinco años por el Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintos. Sólo el pleno de la Audiencia puede incluir en su programa de actuaciones la fiscalización de un determinado asunto. Sin embargo, la Audiencia de Cuentas no posee función jurisdiccional por lo que la apertura de investigaciones sobre la financiación de partidos políticos corresponde al órgano competente que es el Tribunal de Cuentas, dependiente del Ministerio Fiscal. Sólo cuando se abre la fase jurisdiccional, el Tribunal de Cuentas da traslado al abogado el Estado, al fiscal del Tribunal de Cuentas y a los denunciados del respectivo procedimiento. Además, la iniciativa fiscalizadora la puede requerir el Parlamento instado por un mínimo equivalente a la sexta parte de los Diputados o por dos grupos parlamentarios, la Audiencia de Cuentas o las entidades locales.

Publicado en http://www.eldia.es/2010-07-28/tenerife/0-Tribunal-Cuentas-archivo-caso-facturas-tener-toda-informacion.htm