El director de Protección al Menor y la Familia contrata a dedo a su vecino
Moreno pagó 18.000 euros por un estudio que los empleados públicos hacían gratis. La Consejería de Políticas Sociales niega el trato de favor.
Los comités de empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en Gran Canaria y Tenerife han denunciado la
contratación “en silencio” del presidente de los empresarios de Arucas
para, a cambio de 18.000 euros, realizar un estudio sobre familias
numerosas en Canarias, que ya llevaban a cabo los propios funcionarios
de la Consejería “con un coste cero”.
El contrato, sin necesidad de concurso ni publicidad, fue asignado a dedo por el director general de Protección del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno, a su vecino Antonio Medina Quesada, ex candidato al Cabildo de Gran Canaria por CC.
En una rueda de prensa celebrada este martes en ambas capitales, los representantes sindicales denunciaron que la iniciativa de ese estudio sobre familias numerosas había partido de los propios trabajadores de la Consejería. “Se trataba de hacer un mapa cuántos recursos existen a disposición de las familias numerosas: los de aplicación procedentes del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los distintos municipios, así como también la
posibilidad de establecer convenios con comercios y empresas que
ofrezcan ventajas a dichas familias”, afirmó un portavoz sindical.
La sorpresa vino cuando “de pronto”, ese estudio “es encargado a un tercero ajeno a la administración a través de un contrato menor externo por importe de 18.000 euros procedentes de las arcas públicas”.
Para llevar a cabo el trabajo, el empresario tuvo que solicitar
a los funcionarios los datos que habían recabado sobre familias
numerosas y, para colmo, se ofreció a darles un curso sobre la materia, cuando algunos de los trabajadores llevan gestionando desde hace décadas.
En un comunicado, los representantes sindicales añaden que temen ser cuestionados por la propia Consejería por no haber respetado el sigilo profesional. “No cae sigilo porque se trata de dinero público; la
información es de interés general y nuestra obligación como empleados
públicos es denunciar este tipo de prácticas e impedir que, precisamente
al amparo del secreto del trabajo, se lleven a cabo con toda
impunidad”.
“Es una contratación legal”
Por su parte, José Gilberto Moreno ha negado en un comunicado que se haya llevado a cabo una contratación laboral, sino que se trata de la contratación de un estudio técnico “que se ajusta totalmente a la legalidad y la normativa vigente en cuanto a la contratación con la administración pública”.
El director general de Protección al Menor y la Familia insiste en que “en realidad, lo que denuncia el comité de empresa es la contratación de un estudio técnico cuyo fin es analizar la viabilidad de un programa de responsabilidad sociocorporativa dirigido a familias numerosas”, aclaró Moreno.
Para llevar a cabo el estudio “se ha buscado la colaboración de una empresa especializada para la
realización de este tipo de análisis que, además, cuenta con el
reconocimiento de diferentes asociaciones empresariales, de hecho, la persona titular de la empresa es técnico especializado de informática, gestor y auditor de calidad, gerente de empresas y miembro de Cecapyme y la Cámara de Comercio de Gran Canaria”, sostiene Moreno
Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/215365/
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