La crisis evidencia que hay demasiados funcionarios
RUBÉN ACOSTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE El sobredimensionamiento de la estructura administrativa de las Islas es insostenible con la crisis y ya se están empezando a evidenciar las dificultades para pagar las nóminas de los 126.000 funcionarios que trabajan para las diferentes Administraciones canarias.
Expertos y ex consejeros de Hacienda del Gobierno autónomo concluyen que el sector público se infló durante los años de bonanza económica y ahora, con una recesión impensable hasta hace tres años, los gobiernos autónomos, insulares y municipales se están viendo con serias dificultades para poner freno al ingente gasto que supone mantener los puestos de trabajo.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Suay, cree necesaria una "simplificación" de la Administración para evitar el excesivo solapamiento de competencias y funciones que se da con demasiada frecuencia en los distintos niveles, situación que implicaría la eliminación de órganos y unidades de gestión. Para Suay habría que realizar ajustes en los escalones superiores de la Administración y en el ingente personal eventual y temporal que entra más por criterios de "confianza" y "lealtad" que por los sistemas legales de nombramientos y oposiciones de la Función Pública.
El también miembro del Consejo Consultivo de Canarias puntualiza que no se puede "penalizar" siempre al funcionario porque su labor es también "imprescindible", pero apuesta por implementar más controles e inspecciones para agilizar y dar mayor eficacia al trabajo que se hace para los ciudadanos.
Los ex consejeros de Economía y Hacienda José Miguel González, Luis Hernández y Óscar Bergasa coinciden en que el sector público de las Islas no se puede sostener en las actuales condiciones económicas, aunque sus opiniones van de un extremo a otro a la hora de valorar las medidas a adoptar.
José Miguel González asegura que ahora "no el momento oportuno" pero habrá que tomar decisiones de racionalización que implica la reducción de puestos de trabajo en la Administración, que afectaría al personal temporal y al que está adscrito a las empresas, entidades y fundaciones públicas. "El problema es muy serio pero ahora que está acabando la legislatura no es el momento, deberá ser un asunto prioritario para el próximo Gobierno", añade el actual presidente del grupo parlamentario de CC.
El ex consejero y economista Óscar Bergasa es más drástico y asegura que contar con los mismos servicios en tres administraciones diferentes es un "disparate", por lo que es "inaplazable" una reforma de la Administración y una regulación de las funciones de los empleados públicos porque sería un "suicidio" seguir de esta forma. Bergasa cree que debe asegurarse los puestos de trabajo de los servicios públicos esenciales -Sanidad y Educación- que suponen más de 50.000 empleos, pero sí hay que eliminar puestos "absurdos" que no aportan nada en los diferentes niveles administrativos y en las empresas públicas.
Por su parte, Luis Hernández defiende una reestructuración urgente de la organización del trabajo en la Administración, traspasar a la iniciativa privada las funciones que realizan las sociedades y fundaciones públicas y amortizar plazas que supongan un solapamiento de competencias. Hernández, economista y empresario, cree que la Comunidad Autónoma debe reducirse al mínimo y darle más competencias a los cabildos para agilizar el "calvario" que supone la excesiva burocracia que impera en las Administraciones canarias.
RUBÉN ACOSTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE El sobredimensionamiento de la estructura administrativa de las Islas es insostenible con la crisis y ya se están empezando a evidenciar las dificultades para pagar las nóminas de los 126.000 funcionarios que trabajan para las diferentes Administraciones canarias.
Expertos y ex consejeros de Hacienda del Gobierno autónomo concluyen que el sector público se infló durante los años de bonanza económica y ahora, con una recesión impensable hasta hace tres años, los gobiernos autónomos, insulares y municipales se están viendo con serias dificultades para poner freno al ingente gasto que supone mantener los puestos de trabajo.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Suay, cree necesaria una "simplificación" de la Administración para evitar el excesivo solapamiento de competencias y funciones que se da con demasiada frecuencia en los distintos niveles, situación que implicaría la eliminación de órganos y unidades de gestión. Para Suay habría que realizar ajustes en los escalones superiores de la Administración y en el ingente personal eventual y temporal que entra más por criterios de "confianza" y "lealtad" que por los sistemas legales de nombramientos y oposiciones de la Función Pública.
El también miembro del Consejo Consultivo de Canarias puntualiza que no se puede "penalizar" siempre al funcionario porque su labor es también "imprescindible", pero apuesta por implementar más controles e inspecciones para agilizar y dar mayor eficacia al trabajo que se hace para los ciudadanos.
Los ex consejeros de Economía y Hacienda José Miguel González, Luis Hernández y Óscar Bergasa coinciden en que el sector público de las Islas no se puede sostener en las actuales condiciones económicas, aunque sus opiniones van de un extremo a otro a la hora de valorar las medidas a adoptar.
José Miguel González asegura que ahora "no el momento oportuno" pero habrá que tomar decisiones de racionalización que implica la reducción de puestos de trabajo en la Administración, que afectaría al personal temporal y al que está adscrito a las empresas, entidades y fundaciones públicas. "El problema es muy serio pero ahora que está acabando la legislatura no es el momento, deberá ser un asunto prioritario para el próximo Gobierno", añade el actual presidente del grupo parlamentario de CC.
El ex consejero y economista Óscar Bergasa es más drástico y asegura que contar con los mismos servicios en tres administraciones diferentes es un "disparate", por lo que es "inaplazable" una reforma de la Administración y una regulación de las funciones de los empleados públicos porque sería un "suicidio" seguir de esta forma. Bergasa cree que debe asegurarse los puestos de trabajo de los servicios públicos esenciales -Sanidad y Educación- que suponen más de 50.000 empleos, pero sí hay que eliminar puestos "absurdos" que no aportan nada en los diferentes niveles administrativos y en las empresas públicas.
Por su parte, Luis Hernández defiende una reestructuración urgente de la organización del trabajo en la Administración, traspasar a la iniciativa privada las funciones que realizan las sociedades y fundaciones públicas y amortizar plazas que supongan un solapamiento de competencias. Hernández, economista y empresario, cree que la Comunidad Autónoma debe reducirse al mínimo y darle más competencias a los cabildos para agilizar el "calvario" que supone la excesiva burocracia que impera en las Administraciones canarias.
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