lunes, 14 de junio de 2010

Culpabilidad de los funcionarios

Culpabilidad de los funcionarios

JOSÉ MANUEL PONTE El principal objeto de comentario en la tertulia del café fue la huelga de funcionarios, que no tuvo un amplio seguimiento por varias causas. Una de las más importantes es que estaban excluidos del recorte de salarios los empleados de las empresas públicas de transportes. Si no hubieran funcionado desde primera hora de la mañana el tren, el metro y los autobuses, los índices de participación hubieran subido notablemente, sobre todo en las grandes ciudades. Pero, en esta ocasión, el Gobierno socialista escogió bien a las víctimas del "decretazo" para que el daño a sus intereses políticos fuera menor.

Otro factor a tener en cuenta fue la acumulación de pérdidas que supone para los empleados de ingresos más modestos (la mayoría) un recorte del 5% del salario a partir de este mes, junto con el descuento por razón del día no trabajado. Una huelga revolucionaria tiene el aliciente de derribar a un poder injusto, pero una huelga testimonial es un gasto tan absurdo como una noche de cabaré sin señoritas ligeras de ropa. No están los tiempos para demasiadas alegrías económicas cuando es inminente la subida del IVA y la del recibo de la luz, que, por cierto, se ha encarecido un 26% en 30 meses. Y, por último, hay que considerar la postura ambigua de las centrales sindicales, que no pusieron excesivo empeño en forzar la máquina porque aún tenían pendiente un desesperado intento de diálogo sobre una reforma laboral que todavía será más dura.

Entre los tertulianos del café, algunos de los cuales son empleados públicos, se tiene la impresión de que la medida del Gobierno de Zapatero contra el funcionariado y los pensionistas no tiene un objetivo de ahorro del gasto (hay más partidas del presupuesto de las que se puede echar mano, junto con una reforma fiscal verdaderamente equitativa), sino de ejemplarizar en el mal sentido de la palabra. "Antes de liquidar a los judíos en las cámaras de gas –apunta uno de los afectados–, los nazis los señalaron con unos brazaletes amarillos. Con nosotros harán igual. Primero nos exhiben ante el resto de la población como un colectivo gorrón e ineficaz que goza del privilegio de disponer de un trabajo seguro. Y después, nos irán liquidando poco a poco junto con el resto del Estado social al que servimos, que es el verdadero objetivo de todas estas reformas. Tanto de las llamadas derechas como de las llamadas izquierdas. Unos más aprisa y otros más despacio, pero siempre al dictado de los intereses del capital".

A algunos de los tertulianos del café, el discurso les pareció un tanto exagerado, pero no dejaron de reconocer que tiene un fondo de razón.
Desde los Pactos de La Moncloa, los funcionarios han ido perdiendo capacidad adquisitiva respecto del índice del coste de vida, y esa deuda nunca fue resarcida por ninguno de los sucesivos gobiernos, pese al reconocimiento general sobre el buen funcionamiento de muchos servicios.

Las razones por las que Zapatero eligió a pensionistas y funcionarios como víctimas propiciatorias de la crisis económica es un enigma histórico por aclarar. Nos cuentan en los medios que el jefe del Gobierno español recibió llamadas angustiadas de Obama, de Merkel, de Sarkozy y del presidente del FMI, en solicitud de ayuda. "O les bajas el sueldo a los funcionarios y congelas las pensiones o esto se hunde", parece que le dijeron. Y él, consciente de su inmensa responsabilidad, así lo hizo. Estaba en peligro la salud financiera del mundo.

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