Por Carmen Ruano
El Gobierno canario está intentando, hasta el momento con cierto éxito, convertir a los funcionarios en el chivo expiatorio de la crisis y los ajustes presupuestarios. Tiene a su favor la inquina que los empleados públicos ineficaces se han ganado a pulso entre los ciudadanos y la envidia que despiertan por el solo hecho de tener un puesto de trabajo estable para el resto de su vida. El propio presidente canario, Paulino Rivero, vende el empleo público como un “privilegio” para, de forma sutil, avivar el encono de los que no somos funcionarios contra éstos. Y no es así.
Para empezar, los funcionarios de carrera han ganado su plaza mediante una oposición, otra cosa son los empleados públicos colocados por la clase dirigente de turno en diversas categorías administrativas como enchufados, personal de confianza, sindicalistas domesticados, limosneros, caraduras y subsidiados. Es cierto que hay algunos que no trabajan, pero no es menos cierto también que a otros tantos se les relega, se les hurta la actividad y se les exilia a despachos oscuros sin oficio ni beneficio por el simple hecho de que trabajaron –como es su deber y su obligación- para dirigentes de otro signo político. Esta es una Administración Pública que no valora la profesionalidad, sino el carné partidario. Y así nos va…
Los dirigentes públicos de esta comunidad autónoma llevan veinte años haciendo de su capa un sayo, esto es, colocando de forma subrepticia a la familia en un puestito fijo para toda la vida –hay tantos ejemplos que se les debería de caer la cara de vergüenza-; haciendo la vista gorda sobre los inútiles a los que no se les molesta por razón de su lazo familiar o por estatus del que le recomendó; aplazando, una y otra vez, la necesaria reforma administrativa… hasta que se han topado contra la crisis económica.
Pese a ello, no pueden poner a las amistades en la calle y menos con unas elecciones a la vuelta de la esquina. La única solución que han encontrado es fastidiar al empleado público con tanta saña como discrecionalidad. El tiro al plato, en este caso, al funcionario; al que se le puede rebajar el sueldo, hurtar la carrera profesional, dinamitarle los convenios, restringirles el aire acondicionado, cambiar sus horarios de trabajo y hasta eliminar días de vacaciones, cenas de Navidad y pagas extras.
Los beneficios de esta cacería son exiguos: seguirá habiendo enchufados, personal de confianza, sindicalistas domesticados, limosneros, caraduras y subsidiados. Seguirán existiendo malos empleados públicos. Los que no tienen empleo, continuarán mirándolos con encono. Y la Administración Pública será una administración pública cabreada. Así que lo pagaremos nosotros, los que creemos que los funcionarios son unos privilegiados porque al Gobierno se le ha ocurrido ir de caza y cobrarse la pieza, sin darse cuenta de que, de paso, nos ha descerrajado un tiro en la nalga a todos nosotros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario