| El Diputado del Común :Denuncia que la media de tramitación de la Ley de Dependencia es de 25 meses cuando debería haberse hecho en 6 meses | |
El Diputado del Común en funciones, Manuel Alcaide, ha pedido “disculpas en general a todas las personas que se han visto afectadas” por lo que calificó de “un error” y un “comentario desafortunado” cuando propuso uniformar a los funcionarios. Como se recordará, cuando Alcaide compareció en la comisión parlamentaria del pasado 15 de septiembre, sugirió que los funcionarios “tengan un uniforme”, con el fin de que los ciudadanos sepan "si salen a la calle o no, o si están tomando café". Esta aseveración fue muy criticada por las organizaciones sociales y sirvió para que el PSC forzara, sin éxito, la sustitución de Alcaide al frente de la Institución, pues lleva cuatro años en funciones. Hoy, durante la presentación de su informe referido a 2009 ante el pleno del Parlamento, Alcaide quiso “aclarar y reiterar que no hay ninguna propuesta desde esta institución” para uniformar a los empleados públicos. El Diputado del Común ha recordado ante los diputados que “la tercera parta de las quejas vienen relacionadas con el desamparo de menores cuando, el día después, cumplen la mayoría de edad, el funcionamiento irregular de guarderías y el absentismo escolar”. Asimismo, Alcaide destacó la inadecuada aplicación en las Islas de la Ley de Dependencia, pues “la Consejería de Bienestar ha empleado 25 meses de media en la tramitación del diagnóstico y las ayudas cuando debería haberse hecho en 6 meses”. La Memoria anual de 2009 afirma que “parece significativo señalar el aumento progresivo de las reclamaciones instadas ante este Comisionado Parlamentario en lo relativo al área de Educación”, que han pasado de las 44 de 2007 a las 66 de 2008 y, por último, a los 291 nuevos expedientes de 2009. Además, afirma que la Consejería que dirige Milagros Luis Brito ha sido una de las instituciones que no ha colaborado con el Diputado del Común. “En cuanto a las resoluciones dictadas por este Comisionado Parlamentario, se informa que se han emitido dos recomendaciones y un recordatorio de deberes legales a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que, hasta la fecha de cierre del presente informe, se desconoce si se han aceptado o no”, se asegura en el texto. Sobre la “falta de respuesta de la Administración educativa a las solicitudes de los administrados”, el Diputado del Común es taxativo a la hora de afirmar que la misma “denota un desinterés en el cumplimiento de la Ley reguladora del procedimiento administrativo que no puede justificarse ni ante la ciudadanía canaria ni ante este Comisionado en la falta de medios”. “La Administración se debe de dotar de los recursos necesarios para hacer efectivos los principios de eficacia y legalidad”, concluye. Aunque las quejas presentadas durante 2009 han sido 1.609, la institución que depende del Parlamento de Canarias ha tramitado el pasado año un total de “2.802 expedientes”, contando con los que se culminaros pese a que fueron iniciados en ejercicios anteriores. Tras Educación las áreas de las que más se quejan los canarios son Justicia (143, el 9 por ciento), Vivienda (116, el 9 por ciento) y Trabajo y Función Pública (103, el 7 por ciento), mientras que son las distintas administraciones insulares, con el 36 por ciento de las denuncias, las instituciones objeto de más críticas por parte de los ciudadanos, seguidas por los ayuntamientos (26 por ciento), el Estado (19 por ciento) y, por último, el Gobierno regional, con el 15 por ciento de las mismas. Aunque la Institución, que el pasado año fue muy dura en sus apreciaciones sobre la Consejería de Sanidad, reconoce que “se ha producido, durante el ejercicio 2009, una considerable mejora del cumplimiento de la obligación de colaborar con el Diputado del Común por parte de la Consejería de Sanidad y, en general, de todos los órganos que componen el sistema público de salud”, la Memoria hace especial hincapié en las listas de espera. Así, recomienda al departamento que dirige Mercedes Roldós que “los pacientes no se sientan números de una lista, sino personas con problemas de salud a las que el sistema sanitario da una respuesta en un plazo razonable, incluso en los casos en los que la poca gravedad de la patología permitiera demorar la intervención en el tiempo, sin riesgo de empeoramiento, desde el punto de vista clínico”. Además, y con respecto a la decisión de un paciente de no ser derivado a la sanidad privada, el Diputado del Común sugiere a la Consejería que “en determinados procesos médicos, en los que bien por su cronicidad, bien por su intensidad, exista una relación continuada entre médico y paciente, se deben introducir criterios correctores de forma que no se penalice, en cuanto a tiempo de espera, a ese paciente que no quiere cambiar de profesional sanitario después de un extenso período de tratamiento por parte de aquel”. Por último, la Memoria resalta que los grancanarios, con 782 quejas, han sido los que más se han dirigido al Diputado del Común, seguidos por los tinerfeños (409 quejas), los ‘conejeros’ (118 quejas), palmeros (118 quejas), majoreros (92 quejas), herreños (28 quejas) y gomeros, con solo 13 quejas. También se han recibido 21 quejas de residentes en el resto del Estado, el propio Diputado del Común ha iniciado 15 quejas de oficio y hubo una de un ciudadano extranjero. | |
Publicado en http://indicesiete.com/canarias/Article19277.phtml
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