6 Sindicatos Rechazan el BORRADOR DE LEY

Seis sindicatos piden a las administraciones canarias su rechazo al proyecto de Ley de la Ordenación de la Función Pública Los miembros de esta plataforma aseguran que no se les ha escuchado a la hora de definir esta Ley, que pone en peligro “cientos de puestos de trabajo de personal que está fijo” La Iniciativa en Defensa del Sector Público de Canarias presentó este miércoles, simultáneamente en las dos capitales de provincia, un escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos, así como a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), con el que pretenden paralizar el proyecto de Ley de la Ordenación de la Función Pública en las administraciones regionales. Desde esta Plataforma, formada por la Organización Canaria de Empleados Públicos (CSC-OCEP), el Sindicato Independiente Canario (SIC) y la Unión Sindical Obrera (USO), junto con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), el sindicato de Comisiones de Base (Cobas) o el Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP), critican que no se hayan escuchado sus aportaciones a la hora de debatir este proyecto de Ley y consideran que “pone en peligro cientos de puestos de trabajo de personal que está fijo”. De hecho, para ellos se trata, sobre todo, de un “Expediente de Regulación de Empleo encubierto”. Estos seis sindicatos persiguen, con esta iniciativa, “hacer oír su voz” en el debate de dicho anteproyecto de ley por medio de la presentación de sus propias aportaciones al debate del Anteproyecto de Ley, mientras reclaman una “negociación real” con todos los colectivos afectados por el mismo, entre ellos las centrales sindicales y sus representantes en los cabildos, ayuntamientos, la Fecai y la Fecam. En este sentido, el representante de la Plataforma por USO, Eduardo Delgado, pidió que se tengan en cuenta las aportaciones de todas las centrales sindicales, “no sólo de las que tienen representación en la Mesa de funcionarios públicos en Canarias”. Por otro lado, el representante del Sindicato Independiente de Canarias (SIC), Joaquín Grande, subraya que este proyecto de Ley no favorecerá una Administración “objetiva e independiente, que beneficie a la transparencia para tratar a los ciudadanos con igualdad y no beneficiar a los amigos de”. De hecho, afirman que otra de sus principales intenciones es la de defender a los ciudadanos para que “no entre una tropa como directivos públicos sin examen”. A su juicio, el anteproyecto tampoco “da respuesta a la consolidación en los puestos de trabajo ni a la evaluación del desempeño del mismo”. Finalmente, Grande criticó que el Ayuntamiento de Santa Cruz haya pagado 6.000 euros por un informe de necesidad del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) que “siempre habían hecho los funcionarios”, además de rechazar a los 81 asesores a sueldo con los que, según afirmó, cuentan en la Corporación municipal.

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