Con motivo de la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias de impulsar una nueva Ley de la Función Pública de Canarias, sin el necesario consenso de todas las partes implicadas en el mismo, las organizaciones sindicales de Canarias han conformado una iniciativa sindical al objeto de propiciar el debate necesario entre todos los afectados por este borrador, como serían los ciudadanos, los empleados públicos, las instituciones municipales, los cabildos insulares y su federación de islas, organizaciones sindicales y asociaciones ciudadanas.
Para ello, las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, ASIPAL, COBAS, CSC, CSIF, Intersindical Canaria, OCEPS, SEPCA, SIC, UCPL, UGT y USO, todas ellas con representación en la Administración Autonómica, docente o Ayuntamientos de Canarias, han decidido la constitución de la Iniciativa para la Defensa de lo Público en Canarias y Pacto por la Defensa de los Derechos de los Empleados Públicos de Canarias, donde prime el interés público, y no «el interés partidista del partido que gobierna ahora en Canarias». Dicha constitución se conformará por dichas centrales sindicales a principios del mes de septiembre y por todas las centrales sindicales que se quieran adherir a ésta iniciativa.
Los sindicatos instan al Gobierno de Canarias a establecer contactos con los representantes de los empleados públicos del Sector de la Administración Local, y de la FECAM y la FECAI. El sector de la Administración Local en Canarias, lo conforman más de 36.000 empleados públicos.
Se denuncia, asimismo, «la falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno de Canarias, en detrimento de los ciudadanos y por la defensa del sector público». Las centrales sindicales se entienden garantes de la independencia, la eficacia y la eficiencia de la administración pública, algo que no pueden predicar de aquellos administradores que son «nombrados por los políticos de turno». Algunos de ellos, con más de 30 años como profesionales políticos, y en situación de servicios especiales en la propia Administración Pública.
Respecto a las declaraciones del consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, en relación a que los sindicatos no quieren que se evalúe a los funcionarios, las organizaciones sindicales observan que sí están a favor de esta evaluación, pero no están de acuerdo sobre la forma de llevarla a cabo, pues el anteproyecto de Ley «intenta poner un yugo a los empleados públicos para que hagan lo que les dicen los políticos, bajo la amenaza de bajarles más el sueldo o perder su puesto de trabajo».
Las centrales sindicales que forman esta plataforma seguirán trabajando durante el mes de agosto para proponer mejoras a la Ley y organizar acciones, si fuera necesario, sin el Gobierno sigue adelante sin el consenso de todas las partes.
Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/26400/1/
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