domingo, 29 de agosto de 2010

12 sindicatos contra el BORRADOR

Doce sindicatos con representación en las administraciones públicas se unen en una plataforma contra el anteproyecto de la Función Pública

Denuncian que el texto que prepara el Gobierno está hecho para quitarles derechos

Un momento de la presentación de esta plataforma.
EDDC.NET
Se presentó ayer en Tenerife, durante una rueda de prensa en La Laguna, el rechazo sindical al anteproyecto de Ley de Función Pública Canaria.
Se pone en marcha la maquinaria de la Plataforma unitaria en defensa de la Administración Pública Canaria, con la constitución de una iniciativa de los empleados públicos de Canarias, por unos servicios públicos eficientes e independientes de la actividad política en Canarias.
Desde el punto de vista de USO, CCOO, UGT, SEPCA, IC, COBAS, ASIPAL, CSC, CSIF, OCEPS, SIC, y UCPL, el borrador que ha elaborado el Gobierno Canario “supone una importante merma de los derechos laborales y un riesgo para el estado de bienestar de los empleados públicos”.
La redacción actual supone un acoso laboral, con una evaluación negativa se puede perder el puesto que se consiga en un concurso de méritos, descender de nivel, no considerarse la antigüedad como mérito y, además, tienes que esperar hasta 2013 para participar en concursos y promocionar, siempre que ya esté definido el sistema de evaluación.
Reivindicamos un sistema de derechos de estabilidad, de carrera profesional y evaluación objetiva de nuestra labor, que no está en absoluto garantizado por la indefinición del anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria sobre la evaluación del desempeño. Prácticamente, "estarían sometidos a presiones, amenazas y acoso laboral".
Otro factor que preocupa es el de la prestación económica complementaria al subsidio por incapacidad temporal del personal al servicio de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El uso que se pretende dar a la inspección médica propia de la Administración Autonómica es contraria a la normativa reguladora del Sistema Nacional Sanitario y de Seguridad Social, pues la competencia para dar altas médicas corresponde fundamentalmente a los médicos de cabecera.
Aparte de todo esto, se ha extendido el temor a los expedientes de regulación de empleo encubiertos, ya que el personal laboral fijo se convertiría en funcionario interino, teniendo que concursar a su vacante por oposición libre, y el personal indefinido podría ver amortizada su plaza.
Desde la USO, se informó a los medios de comunicación, que el Gobierno de Canarias, no ha dejado participar en este anteproyecto de Ley a más de 36 mil empleados públicos de las administraciones locales, a los siete Cabildos Insulares y a 88 Ayuntamientos y a sus Organismos Autónomos, denunciando la falta de dialogo del Gobierno de Canarias con todos sus empleados públicos, beneficiando a aquellas personas afines a los partidos políticos y que carecen de cualificación profesional en el sector público.
La plataforma están solicitando a todos los grupos políticos municipales que presenten mociones en los plenos para instar al Gobierno de Canarias a que paralice el tramite Parlamentario y se remita de nuevo el texto al Gobierno de Canarias para su debate en un foro donde tengan participación los representantes de los Ayuntamientos, Cabildos y los representantes sindicales de estos ámbitos.

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