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| Protesta en el Parlamento sobre el recorte FOTO/FRAN PALLERO |
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha dado la
razón a los 3.300 empleados públicos del Gobierno canario que se quejan
de discriminación con respecto al resto del personal de la Comunidad
Autónoma por el recorte de entre un 20% y un 10% que les ha aplicado
este año, a su sueldo y a su jornada.
Tal es así que Saavedra ya ha solicitado a la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, que interponga un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la Ley de Presupuestos Generales de Canarias en
la que se plasma este tijeretazo, por considerar que “vulnera preceptos”
de la Constitución Española.
El Diputado del Común adoptó esta decisión el viernes como
resolución de al menos treinta quejas de empleados públicos referentes a
este asunto, según informa en su web institucional.
El recurso ante el Constitucional estaría fundamentado en la posible
vulneración de artículos de la Carta Magna española como el que estipula
que el Estado “tiene competencia
exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por
los órganos de las comunidades autónomas”, y también el que establece
que los españoles “son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
La medida afecta, concretamente, al personal laboral
temporal, laboral indefinido por sentencia o resolución administrativa y
a los funcionarios interinos de la Administración General de la
Comunidad Autónoma.
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes
(Pepar) ha advertido ademas de que la reducción de jornada ha ocasionado
un “evidente deterioro de los servicios públicos”. Por ello, este
colectivo ha pedido al Gobierno canario que retire esta medida
“arbitraria y discriminatoria” y así evitar las mil damandas
presentadas por los afectados ante los Juzgados de los Social, cuya
unificación ha pedido el Ejecutivo, abriendo la vía a un conflicto
colectivo. Este último paso del Gobierno, cuando se iban a celebrar las
vistas, ha dado lugar además a que los sindicatos hayan presentado
un preaviso de huelga para el próximo 15 de abril.
EL GOBIERNO ALEGA QUE “RESPETA LA CARTA MAGNA” Y “EVITA DESPIDOS”
El Gobierno canario se reafirmó ayer en la legalidad de la reducción
salarial y de jornada aplicadas a 3.300 de los 60.000 trabajadores que
tiene a su cargo, ya que la fundamenta en que de esta forma intenta evitar “despidos masivos” en la actual coyuntura de restricciones presupuestarias por la crisis económica y los recortes estatales.
No obstante, y en un tono muy respetuoso con el diputado del Común,
el Ejecutivo regional cree que la impugnación de esta medida solicitada
por Jerónimo Saavedra se enmarca en “su deber institucional” y es
“posible” además ante el planteamiento de los afectados sobre una
posible vulneración de sus derechos.
El Ejecutivo ratifica, en cualquier caso, que “la medida adoptada en
la Ley de Presupuestos de 2013 respeta el orden constitucional, ya que
cuenta con justificaciones objetivas para su aplicación” y añade que
“ha adoptado esta opción consciente de que parte de una interpretación
jurídica que apura la normativa en vigor”.
Reitera el Gobierno autonómico que “la reducción de jornada y sueldo
al personal laboral temporal, laboral indefinido por sentencia o
resolución administrativa y los funcionarios interinos se adoptó para
evitar despidos masivos” y que “la prioridad, por tanto, es defender el empleo público” con medidas “coyunturales solo de aplicación para el año 2013”.
El reajuste correspondió negociarlo con los sindicatos al consejero
de Presidencia y Justicia, el socialista Francisco Hernández Spínola,
quien inicialmente había planteado una rebaja del 20% de jornada y
sueldo a los 3.300 afectados, y que posteriormente aceptó que la
reducción fuera del 10% para los 950 empleados públicos con menor
salario, es decir, a quienes trabajan menos de 25 horas semanales. Con
todo ese tijeretazo, el Ejecutivo pretende ahorrar 20 millones de euros
este año.
La viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez,
adujo en su momento que esta minoración salarial “está motivada por el
recorte de 450 millones de euros en las partidas para las Islas
adoptado por el Gobierno español”.
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