Al PP le sobran los parlamentarios autonómicos, las competencias regionales, los ayuntamientos… Todo está de más
Al PP le sobra más de la mitad de las instituciones del Estado, y lo cierto es que a la otra mitad tampoco la tiene en mucho aprecio. Dentro de su campaña general de descrédito por lo público, los barones del PP han reclamando a Mariano Rajoy que recorte los parlamentos regionales, las competencias de las autonomías, los ayuntamientos… Emulando a los "ultraliberales" estadounidenses, el PP no quiere hacer desaparecer al Estado, pero lo quiere tan delgado que lo pueda ahogar en la bañera.
En efecto, los diferentes capos regionales de la derecha han acudido con los papeles bien estudiados y mejor repartidos al cónclave publicitario celebrado ayer para alabar lo bien que desmonta el Estado del Bienestar Mariano Rajoy. Así, además de proclamar su fidelidad perruna a los recortes de derechos y prestaciones que está ejecutando el Gobierno central bajo el firme liderazgo de Mariano Rajoy lo más granado de sus barones regionales le han pedido “la jefe” que redondee la faena recortando, además de derechos, instituciones.
Por boca de Alberto Núñez Feijoo, los presidentes autonómicos han manifestado al líder carismático que sería una gran idea que se recortasen los parlamentarios regionales para que así, lo que se perdería en representatividad y calidad democrática, se pudiese ganar en las prestaciones sociales que ahora desmontan sin piedad los gobiernos de la derecha. Núñez Feijoo, que casi ha realizado ante la prensa un cántico sobre la inutilidad de los parlamentos regionales y el “derroche” que suponen los salarios de sus señorías, ha anunciado que, a pesar del rechazo de la oposición, piensa acometer el recorte de diputados en el parlamento gallego. Los demás partidos ya han expresado su rechazo a esta iniciativa, que han tildado como una “nueva cacicada del PP” deseoso de garantizarse, por el camino que sea, la victoria en las próximas elecciones.
Recortar el Estado
Siguiendo con su fiera campaña de demolición de las estructuras del Estado, la lideresa madrileña, Esperanza Aguirre, ha colocado otro clavo en el ataúd del Estado autonómico. A la salida del cónclave laudatorio, y quizás para quitarse el mal sabor de boca de tanto tener que festejar a su otrora rival interno, Aguirre ha recordado a los periodistas que ha demandado de Mariano Rajoy que aborde la “revisión” o sea, el desmantelamiento, del Estado de las Autonomías.
Tal y como ha subrayado Aguirre, “esto es algo que ni podemos ni debemos posponer”, y, en efecto, será difícil que la derecha vuelva a acumular tal cota de poder en sus manos y, además, con una sociedad civil asustada y más preocupada por cómo llegar a fin de mes que por los peajes ocultos que, para las próximas generaciones, supondrá la sistemática poda de derechos y conquistas sociales que, con la excusa de la salida de la crisis, está llevando a cabo el PP.
Aguirre ya ha declarado en multitud de ocasiones que “le sobran” competencias, especialmente aquellas que no son susceptibles de privatizar ni de convertir en jugosas concesiones para determinados círculos empresariales, y que gustosamente las devolvería al Estado central.
Otras voces del PP claman por la desaparición de municipios, la derecha ya ha recortado las mancomunidades y organizaciones municipales de gestión competencial y, eso sí, pretende reforzar las diputaciones provinciales. Quizás porque les recuerdan tanto a aquella entrañable figura del Gobernador civil y Jefe Provincial del Movimiento, que tan eficaz era para la articulación del Estado. O eso nos quieren hacer creer ahora.
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