JAVIER BOLAÑOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIALa reforma de las pensiones despierta posiciones enfrentadas en la población canaria. Los defensores de la medida consensuada entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios alegan que mantener el actual Estado del Bienestar exige una serie de sacrificios, ya que el envejecimiento de la población impide que la clase trabajadora pueda soportar su coste económico. En cambio, los detractores defienden que es imposible para las nuevas generaciones alcanzar los años mínimos de cotización para poder recibir la pensión máxima si no hay empleo. En cualquier caso, algo más de un 60% de la actual población activa, entre 600.000 y 700.000 canarios según algunos expertos y tendiendo en cuenta las excepciones legales, se verá obligada a prorrogar dos años más su actividad si quieren poder cobrar el 100% de la pensión.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIALa reforma de las pensiones despierta posiciones enfrentadas en la población canaria. Los defensores de la medida consensuada entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios alegan que mantener el actual Estado del Bienestar exige una serie de sacrificios, ya que el envejecimiento de la población impide que la clase trabajadora pueda soportar su coste económico. En cambio, los detractores defienden que es imposible para las nuevas generaciones alcanzar los años mínimos de cotización para poder recibir la pensión máxima si no hay empleo. En cualquier caso, algo más de un 60% de la actual población activa, entre 600.000 y 700.000 canarios según algunos expertos y tendiendo en cuenta las excepciones legales, se verá obligada a prorrogar dos años más su actividad si quieren poder cobrar el 100% de la pensión.
El economista Óscar Bergasa apunta que la reforma se caracteriza por su flexibilidad, ya que "el Gobierno ha hecho concesiones lógicas" y, sobre todo, establece un acuerdo de revisiones para adaptarse a los cambios que se puedan ir produciendo con los años. Bergasa recalca que la decisión adoptada sobre la edad para el retiro es un "híbrido" de lo que se venía hablando , ya que si bien se establece la edad legal en los 67 años, también existe la posibilidad de no tener que alargarla si se ha cumplido con un mínimo de 38,5 años de cotización al sistema público de pensiones.
El economista valora que se haya fijado en 25 años el cálculo de la pensión, y la variable del sector económico en el que esté inmerso el profesional. Sobre todo, en grupos donde encontrar un empleo a una edad joven es muy complicado.
La reforma obligará a cerca del 50% de la actual población activa a alargar su vida laboral, según las previsiones del Gobierno. Sin embargo, como la edad de la población canaria es más joven, Óscar Bergasa apunta que este porcentaje será aún mayor. De ahí que coincida con otros expertos que apuntan que entre 600.000 y 700.000 trabajadores se verán en la obligación de llegar a los 67 años, dos más que ahora, para cobrar toda su pensión.
El colectivo de jóvenes es el que más cuestiona la reforma. Principalmente, porque se encuentran con el muro que les supone acceder al mercado laboral. De ahí que los más de 37 años para llegar a cobrar el mínimo se considera aún un enorme obstáculo
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