La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias deberá dar su visto bueno para que el juez César Romero Pamparacuatro continúe con la instrucción del conocido ‘caso Unión’, que investiga varias extensas tramas de corrupción en Lanzarote.
El caso lo instruye el Juzgado número 5 de Arrecife y el juez abandonará ese Juzgado y se trasladará este mismo mes al Juzgado de instrucción número 2 de La Laguna, aunque ha solicitado continuar con el caso en comisión de servicios.
Las comisiones de servicios las aprueba, en primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en segundo lugar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y finalmente el Ministerio de Justicia, que es quien debe aportar el dinero. Los dos primeros ya han dado su visto bueno. En este caso, además, deberá darlo también el Gobierno de Canarias, que es el organismo que costea los traslados de los jueces entre juzgados.
Fuentes jurídicas consultadas por ACN Press señalan que no es habitual que la Consejería de Justicia, aunque pague los traslados, tenga que decidir sobre si se otorga o no la comisión de servicios, ya que en la mayoría de las ocasiones, el Ministerio de Justicia no consulta este hecho con la comunidad autónoma.
Es la segunda vez que la instrucción del ‘caso Unión’ está pendiente de una decisión del Ministerio. En otoño pasado, el magistrado solicitó un juez de apoyo para poder hacerse cargo de la instrucción del caso y poder resolver sin retraso el resto de asuntos del Juzgado.
El Ministerio denegó, cuatro meses después, el refuerzo por motivos económicos, a pesar de que suponía un coste de 1.200 euros brutos al mes, por considerar que no estaba justificada la excepcional carga de trabajo del caso.
En las primeras semanas de septiembre, Romero Pamparacuatro se trasladará a su nuevo destino y abandonará el ‘caso Unión’ si no se han pronunciado antes el Ministerio y la Consejería.
Juez sustituto
Este caso de corrupción, que acumula cerca de 30.000 folios de sumario y unos cien imputados (entre cargos públicos, funcionarios y empresarios), investiga delitos en varias administraciones, de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales o contra el territorio, quedaría, por lo tanto, en manos de un juez sustituto y podría sufrir un importante retraso en su instrucción. La Fiscalía Anticorrupción se sumó al caso en la primavera pasada por la complejidad de las tramas que se investigan.
Una de las principales imputadas en el caso es la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, que pasó un mes en prisión provisional acusada al menos de dos delitos de cohecho por recibir comisiones y regalos de empresarios cuando ejerció como alcaldesa. La investigación considera que Déniz, que es profesora de Secundaria, pudo amasar un patrimonio de unos tres millones de euros.
Déniz era asesora de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias y es hermana dela Viceconsejera, Carolina Déniz, que también tuvo que declarar en este procedimiento en calidad de testigo por un viaje realizado a Marruecos con su hermana que fue pagado por la Empresa FCC, a quien María Isabel Déniz adjudicó la construcción de un polideportivo en Arrecife.
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