El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado ilegales esas dos licencias y ha condenado al Ayuntamiento de Telde a pagar las costas. Nada se dice en la sentencia, que es contencioso-administrativa, de indemnizar a las víctimas de esta nueva salvajada urbanística teldense, por la que sí podrían pagar los políticos y/o funcionarios que sean responsables. Así lo insinúa el concejal de Urbanismo, José Antonio Perera, que cree que si se demostrara negligencia está dispuesto a pedir un acuerdo plenario que obligue a responder patrimonialmente a los culpables. Porque no es esta la única licencia o resolución urbanística que echan por tierra los tribunales. En el Ayuntamiento han dedicado gran parte de estos últimos cuatro años a limpiar mierda y a recomponer la amplia sucesión de corruptelas, desviaciones de poder y gamberradas varias del anterior grupo de gobierno. Lo malo es que ahora nadie paga, ni siquiera los que ya se forraron.
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