Los sindicatos se movilizarán en contra de la Ley de Función Pública
CCOO, UGT, SEPCA, IC, Cobas y Convergencia Sindical Canaria consideran que el anteproyecto de Ley de Función Pública, que elabora el Ejecutivo regional, "degrada" el sector público y favorece el "clientelismo político".
Comisiones Obreras (CCOO), UGT, SEPCA, Intersindical Canaria, Cobas y Convergencia Sindical Canaria anunciaron ayer movilizaciones en septiembre en contra del anteproyecto de Ley de Función Pública que elabora el Gobierno canario, por entender que "degrada" el sector público y favorece el "clientelismo político".
Representantes de estas fuerzas sindicales informaron, además, en una rueda de prensa conjunta en la capital grancanaria, de que, una vez que el anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Gobierno, lo elevarán al Consejo Consultivo de Canarias ante las "ilegalidades" que, a su juicio, contiene y que también denunciarán ante los tribunales.
Según el representante de CCOO Javier Godoy, la futura ley plantea una evaluación del funcionario con criterios "arbitrarios" que posibilitaría premiar o castigar a los trabajadores según su "docilidad" con los dirigentes políticos a cargo de las administraciones.
Además, prima los criterios "economicistas" en las inspecciones médicas de las incapacidades laborales transitorias y supone un "expediente de regulación de empleo encubierto" y no respeta los acuerdos adoptados con los sindicatos para garantizar el empleo del personal laboral, indicó el representante de CCOO.
Asimismo, los sindicatos aseguran que el anteproyecto se ha elaborado sin tener en cuenta a la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios, ni a las propias fuerzas sindicales, que han sido convocadas el próximo lunes en la mesa de la función pública, pero se temen que sólo como "paripé", señaló Godoy.
El representante de CCOO denunció también que el anteproyecto que quiere aprobar el Ejecutivo prevé la creación de la figura del directivo profesional, lo que supondrá la apertura del "clientelismo partidista", que es lo que, en su opinión, persigue la futura ley, en lugar de la gestión eficaz y el fortalecimiento de la administración pública.
Privatización de servicios
Los miembros de los sindicatos coincidieron de forma contundente en que con la nueva regulación de función pública, que el Gobierno pretende que entre en vigor en enero de 2011, se consolidará la privatización de servicios públicos y, por tanto, su "deterioro".
Los sindicatos hicieron también un llamamiento al resto de las fuerzas sindicales presentes en las administraciones locales, sanitarios y docentes para que se unan contra el anteproyecto de ley y anunciaron la convocatoria de una manifestación, el próximo día 16 de septiembre. En este sentido, Manuel González, de SEPCA, informó de que se celebrarán asambleas en todas las Islas
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