MANIFESTACIÓN DIA 23

MAREA CIUDADANA UNIDA CONTRA LOS RECORTES Y POR LA DEMOCRACIA

 

La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por el propio sistema financiero especulativo y las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones, están causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas.

El creciente desempleo, el ataque a la Sanidad y la Educación públicas, a los derechos laborales y sociales, al medio ambiente, nos ha hecho confluir en las calles, en

las mareas ciudadanas, blanca, verde, roja, naranja, roja, amarilla, negra, azul, violeta…defendiendo nuestros derechos.

En Canarias padecemos el mayor índice de pobreza, los sueldos más bajos con mayor número de horas de trabajo de todo el territorio español.

Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados y la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las elites financieras. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin consulta alguna a la ciudadanía,

supedita todos los recursos del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta reforma supuso un “golpe de estado financiero”, primando el pago de los intereses frente a las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho.

En 1981, tras el golpe militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la Libertad y la Democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a toda la ciudadanía, a todas las mareas, asambleas, organizaciones y colectivos a confluir en una jornada de movilización el próximo 23 de febrero.

El SABADO día 23 de febrero de 2013, en todo el territorio nacional.

En Santa Cruz de Tenerife a las 16 horas CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE ESPAÑA.

 SALIDA A LAS 18:00 HORAS HACIA EL PARLAMENTO.

EN GRAN CANARIA: DESDE LA PLAZA DE LA FERIA A LAS 12:00 HORAS

ASISTE, DEFIENDE TUS DERECHOS

Los empleados públicos se suman a la marea ciudadana contra los recortes

Empleados públicos del Gobierno de Canarias se han concentrado este jueves en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife contra la "injusta" reducción de jornada y sueldo del 20 % y han anunciado su participación en la marea ciudadana convocada contra los recortes el próximo sábado.

Una portavoz del sindicato Cobas Canarias, Concepción Monzón, ha informado del apoyo a la jornada de protesta en defensa de los servicios públicos que se pretenden "desmantelar", durante la concentración que más de medio centenar de trabajadores ha protagonizado ante la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.

Monzón ha subrayado que una prueba más de la intención de este Gobierno ha sido su decisión de pedir que se unifique en un procedimiento de conflicto colectivo las demandas presentadas por el recorte del 20 % de jornada y sueldo.

Este conflicto colectivo afecta al personal laboral temporal indefinido que ha presentado demandas individuales contra los recortes, ha señalado Monzón, quien además ha dicho que su admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha provocado la suspensión de los juicios previstos celebrar este jueves.

Sobre esta cuestión, ha dicho que los sindicatos están estudiando jurídicamente sus consecuencias y cómo responder a esta "nueva agresión" contra los trabajadores con la que se persigue también "desmantelar el sector público", pues se recortan las posibilidades de recurso y de defensa.

Monzón ha querido subrayar que "no es verdad" el sobredimensionamiento de empleados que se quiere hacer creer que existe en la administración pública canaria, porque cuando se recortan las plantillas se externalizan servicios que asume la empresa privada.

Además, ha recordado que desde 2008 no ha habido una oferta de empleo público en la Comunidad Autónoma.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=293198 

Los motivos para salir a la calle el 23-F contra el "golpe de Estado financiero"

Portavoces las mareas convocantes de la manifestación del próximo sábado, secundada por más de 200 organizaciones, llaman a la ciudadanía a participar de forma "pacífica, democrática e inclusiva"

Portavoces de las distintas mareas convocantes del 23-F

Frente a la entrada de la Bolsa de Madrid, rodeada por agentes de la UIP de la Policía Nacional, se han dado cita este miércoles un grupo heterogéneo de personas entre los que había profesores, médicos, trabajadores de la administración pública, periodistas, bomberos, jubilados, jóvenes parados... Cada uno representaba a uno de los sectores sociales que se han levantado contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y que, por primera vez, han decidido unirse para marchar juntos en una movilización unitaria: la Marea Ciudadana que recorrerá las calles de más de 50 ciudades españolas el próximo sábado 23 de febrero. En esa fecha se recuerda el aniversario del golpe de Estado que hace más de tres décadas puso contra las cuerdas a la recién nacida democracia española. Y, como ocurrió entonces, los convocantes de esta movilización están convencidos de que salir a la calle es la única forma de defender los derechos de la ciudadanía.

Los movimientos sociales como el 15-M, las distintas mareas sectoriales y las organizaciones sindicales llevan inundando las calles desde el comienzo de la crisis económica. Pero ahora lo harán de forma unitaria. "Vamos a impedir que sigan atacando nuestros derechos y libertades con el objetivo de canalizar recursos hacia los bancos", ha dicho uno de los portavoces de la Marea Ciudadana frente a las escaleras de Bolsa. Los convocantes han elegido precisamente ese lugar para dar la rueda de prensa porque, al igual que entonces fue el Ejército quien trató de acabar con la democracia, ahora es el sistema financiero el que trata de dar "un golpe de Estado".

En Madrid, donde los organizadores esperan que la movilización sea más multitudinaria, se han organizado cuatro marchas que confluirán en Neptuno, frente al Congreso de los Diputados. Las marchas saldrán desde Puente de Vallecas, Embajadores, Puerta del Sol y Colón y se unirán en el Paseo del Prado en torno a las 18.00 horas. Una vez estén todas las mareas unidas, a las 19.00, habrá un grito mudo, un minuto de silencio, y la Solfónica, la orquesta compuesta por músicos indignados, interpretará distintos temas, como Los Miserables, L'Estaca y el Canto a Libertad de Labordeta. A partir de las 20.00 se desconvocará la manifestación.

Algunas de las organizaciones convocantes, de las más de 200, comunicaron a Delegación de Gobierno el recorrido de las marchas y este martes se reunieron para "garantizar el derecho de manifestación y el desarrollo pacífico de la jornada", según han explicado los propios activistas que acudieron. Para impedir que haya incidentes, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones, se ha organizado un cordón de seguridad formado por cien bomberos y cien voluntarios del resto de colectivos que se colocará en Neptuno en paralelo al cordón de la Policía "para impedir cualquier provocación ajena a esta convocatoria". Porque, como han querido dejar claro, "esta manifestación es absolutamente pacífica, democrática e inclusiva".

Todas las mareas contra los recortes

Uno a uno, los portavoces de las distintas mareas han explicado los motivos por los que acudir este sábado la manifestación.

 

Marea Verde. Juan Carlos Yáñez: "La enseñanza pública lleva sufriendo grandes ataques en Madrid desde hace tiempo, como la reducción de profesores, de becas, de ayudas al comedor... Pero el ataque último de los mercados viene con el borrador de la LOMCE, que propone que la Educación sea un producto segregador y elitista".

 

Marea Blanca. Eduardo Fernández: "La sanidad es un derecho y no vamos a permitir que se negocie con ella, ni como ciudadanos ni como trabajadores. Vamos a resistir, como hemos hecho hasta ahora, y vamos a decir en las calles una vez más que nos oponemos a los planes de privatización que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid a través de Ignacio González y su consejero Fernández-Lasquetty".

 

Marea Violeta. Elena de León: "Las mujeres tenemos dos motivos fundamentales para salir a la calle este día. Uno es el desmantelamiento del Estado del Bienestar y otro es la reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón. Quieren que las mujeres vivamos como en tiempos de la dictadura, cuando teníamos que irnos al extranjero para poder abortar, y sólo las que tenían dinero. Además, el desmantelamiento del Estado del Bienestar nos afecta de dos formas. Nos afecta como trabajadoras, porque la mayoría de mujeres trabaja en el sector público y los recortes nos están llevando al paro. Además, están desmantelando los servicios públicos de cuidados, como las guarderías y residencias. Y las mujeres tenemos que ir a nuestros hogares para cuidar a los ancianos y los hijos, de forma que nos apartan de la vida pública."

 

Marea Naranja. David Expósito: "Representamos a los sectores más vulnerables y que se encuentran en una situación de exclusión social, como drogodependientes, personas sin hogar, mujeres que sufren violencia de género. Todos estos programas se están recortando mientras nosotros denunciamos las precarias condiciones laborales que aguantamos los trabajadores de este sector, excesivamente externalizado y que carece de convenio sectorial. Nos quieren desprofesionalizar, cambiando trabajadores por voluntarios, lo que supone un retorno a la caridad y la beneficencia. Exigimos un sistema público de servicios sociales con una dotación presupuestaria acorde a las actuales necesidades sociales. Y con más motivo ahora, cuando surgen los pobres de los pobres".

 

Bomberos Quemados. Pedro Campos: "Siempre hemos sido un cuerpo combativo y hemos estado en todas las luchas por los derechos sociales y por la reconquista de la dignidad como trabajadores. No podemos permitir que nos sigan restando derechos y por ello el cuerpo de bomberos seguirá peleando. Nosotros estamos para defender a los ciudadanos y esto es una forma hacerlo, saliendo a la calle".

 

Marea Negra. Lara Cillán: "Incluye a funcionarios y mineros. Los empleados públicos estamos viendo cómo nuestros gestores, los que han de mandar sobre los recursos que todos los ciudadanos aportamos, lo están haciendo sin tener en cuenta los principios de transparencia, eficacia y eficiencia. Es algo muy importante, porque tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros recursos y sobre todo en que se les dé el mejor uso posible. Además, la entrada a los puestos públicos en muchos casos no se atiene a los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Esto es una pérdida de garantía para los ciudadanos. Si son enchufados están al servicio del Gobierno y no tienen independencia en su trabajo."

 

Salvemos Telemadrid. Ángel García: "Estamos aquí porque creemos en el derecho constitucional a la información y llevamos muchos años peleando por que este derecho se cumpla en una televisión pública, plural, democrática e independiente de gobiernos y poderes económicos. Estamos aquí para romper el silencio cómplice de los grandes medios de este país con el desmantelamiento de la sanidad, de la educación y todo lo público. Nosotros creemos firmemente en lo público y creemos indispensable que en democracia haya medios que sólo rindan cuentas ante los ciudadanos".

 

Marea Azul. Marisa Delgado: "Somos la marea contra la privatización del agua en Madrid. El Canal de Isabel II es un ente que da beneficios, con absoluta falta de transparencia y aunque parezca que de momento no quieren venderlo han privatizado la gestión y han subido las tarifas en un enorme porcentaje. Lo hacen de cara a que una empresa que se haga con él pueda obtener beneficios. El agua además es un derecho de los ciudadanos, es un derecho humano, según establece la ONU".

 

Yayoflautas: Pilar González: "No estamos dispuestos a que nos vuelvan a engañar. A la gente joven los tienen de rodillas, sin poder hablar en las empresas porque tienen miedo a que los echen. Mientras, rescatamos a los bancos como si fuera una cosa normal. Nosotros vamos a seguir luchando porque no nos pueden despedir. Vamos a estar en la lucha, con garrota o sin ella, con toda la alegría que tenemos dentro todavía". 

A la rueda de prensa también han acudido representantes de otras organizaciones convocantes, como es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Juventud Sin Futuro, la Coordinadora 25-S, Equo e Izquierda Anticapitalista. Y, más allá de las razones de cada uno de los movimientos, todos los convocantes de esta Marea Ciudadana exigen, "en el marco actual de corrupción obscena y desbocada", que "los culpables paguen pos sus delitos, así como una drástica profundización de nuestro sistema democrático".

 http://www.publico.es/451014/los-motivos-para-salir-a-la-calle-el-23-f-contra-el-golpe-de-estado-financiero

La Plataforma de Afectados por los Recortes Salariales califica de obstruccionista y errático el comportamiento del gobierno de Canarias

Que los mismos autores de la injusta medida aleguen indefension jurídica parece una burla a los afectados y demuestra que la reducción salarial no cuenta con informes jurídicos que la avalen

 

La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (PEPAR) ha calificado de obstruccionista y errático el comportamiento del Gobierno de Canarias, además de negligente y falto de rigor. A juicio de la PEPAR “con sus triquiñuelas jurídicas el Ejecutivo demuestra que la medida de reducción de jornada y sueldo a tres mil trabajadores públicos nunca contó con informes jurídicos que avalaran su adecuación a Derecho”. 

Así lo ha manifestado tras tener conocimiento de que el Ejecutivo ha pedido la unificación de las más de mil causas judiciales individuales abiertas en distintos juzgados de lo social de las islas, abriendo la vía a la interposición a un conflicto colectivo, y paralizando de este modo las demandas individuales interpuestas.

La Plataforma critica la negligencia y falta de rigor del Gobierno y del Parlamento en la tramitación de la discriminatoria medida, y en este sentido ha recordado que previamente a su aprobación parlamentaria  solicitaron de forma expresa al Gobierno de Canarias los informes jurídicos que avalaban teóricamente la propuesta, así como los informes de adecuación a Derecho que deberían de existir por parte de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias, pero éstos nunca se les fueron facilitados ni se tuvo conocimiento de su existencia. Además, recuerdan que por parte del Gobierno nunca se ha intentado una interlocución con ellos.

Considera este colectivo de trabajadores afectados que el comportamiento errático y la improvisación del Gobierno a la hora de afrontar su gestión en materia de personal y de resolver los conflictos laborales les perjudica gravemente, pareciendo ya más una persecución y maltrato que un comportamiento objetivo y racional. Parece además una burla a los afectados que los mismos autores de la medida sean ahora los que esgriman el argumento de la “indefensión jurídica por no tener tiempo suficiente para preparar su estrategia de defensa ante los tribunales”, cuando por el contrario con esta decisión del Ejecutivo se les genera todavía una mayor indefensión a los tres mil empleados públicos afectados por los recortes salariales, que ven retrasarse nuevamente el proceso, y extenderse en el tiempo los graves perjuicios económicos que vienen soportando.

Además, no deja de ser sorprendente que el Gobierno no tenga claros y bien preparados los argumentos para defender una reducción salarial que “bordea la legalidad”, según las propias palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola. Parece más bien, a juicio de la Plataforma, que el Gobierno persigue con esta triquiñuela legal torpedear y apropiarse del único espacio de defensa que le queda a unos trabajadores que han visto atropellados sus derechos laborales en el fondo y en la forma.

Concentraciones. Por otro lado, la Plataforma anima además a los empleados públicos a asistir de forma masiva a las concentraciones convocadas por los sindicatos mañana jueves 21 de febrero entre las 13-15 horas ante Presidencia del Gobierno en ambas islas capitalinas, y en las Oficinas del Servicio Canario de Empleo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para exigir al Gobierno de Canarias la retirada de la medida.

INFORMA INTERSINDICAL CANARIA

Hoy el Gobierno de Canarias a través de Dirección General de la Función Pública reunió a los representantes de las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para comunicarles una decisión que ha tomado, de manera sorprendente, en relación a la reducción de la jornada de trabajo de los funcionarios interinos y del personal laboral indefinido y temporal del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, establecida a través de la disposición adicional quincuagésimo séptima de la Ley 10/2012, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013:

El gobierno presenta hoy un conflicto colectivo y deja sin efecto las demandas individuales presentadas por cientos de afectados y las organizaciones sindicales

 

En la reunión la Dirección General Función Pública esgrimió solo dos argumentos que justifican estas medidas (las organizaciones sindicales no conocen el texto de dicha demanda y solicitaron que con carácter de urgente les sea remitido el texto). Estos dos argumentos son los siguientes:

1. La alta litigiosidad que se le avecina.
2. El Gobierno entiende que está en indefensión jurídica, ya que han habido señalamientos de juicios, según entienden ellos, antes de que ellos puedan responder en su defensa.

Intersindical Canaria ha iniciado las consultas jurídicas necesarias para iniciar aquellas acciones necesarias que pongan freno a esta inaudita reacción del Gobierno.

El Gobierno pide al TSJC que unifique en un conflicto colectivo los juicios por la reducción de jornada

Canarias / El Ejecutivo canario formaliza esta petición en la vía judicial y reúne el mismo día a los representantes de los trabajadores para comunicar formalmente la decisión.

El Gobierno de Canarias considera oportuna la unificación de todas las causas judiciales abiertas en distintos juzgados de lo social dispersos por todas las islas de carácter individual por trabajadores públicos afectados por la reducción de jornada y retribuciones prevista en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2013.

Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de sus Servicios Jurídicos ha interpuesto hoy una demanda de Conflicto Colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ejecutivo canario pretende así reunir en una única causa judicial todas las demandas individuales para evitar la "eventualidad" que generaría "el dictado de sentencias contradictorias por distintos órganos judiciales".

La decisión del Gobierno de Canarias ha sido comunicada esta mañana a los representantes legales de los trabajadores por el Director General de Función Pública, Aarón Afonso, quien se ha reunido para este fin con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Empleados Públicos.

En caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estime la procedencia de la demanda de Conflicto Colectivo promovida por el Gobierno de Canarias, todas las causas individuales que están presentadas en juzgados de lo social de ambas provincias pasarían a reunirse en un único proceso judicial.

El Gobierno canario entiende justificada la procedencia de la petición de conflicto colectivo ya que la medida cuestionada afecta a un grupo genérico de trabajadores, concretamente, el colectivo de personal laboral temporal y laboral indefinido del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. De igual modo, el caso también reúne el requisito objetivo para su unificación ya que el colectivo genérico de trabajadores afectado por la medida tiene unos intereses generales comunes. Por último, el Gobierno entiende también que la petición cumple con la necesaria existencia de elemento instrumental común, ya que la solución del conflicto requiere una interpretación de la norma aplicable.
El Ejecutivo autonómico además considera que con la unificación de las causas en un único conflicto colectivo se reducirá la litigiosidad social, agilizando el proceso.

La reducción de jornada prevista tiene carácter coyuntural y resulta de aplicación tras la aprobación por el Parlamento de Canarias de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2013. La reducción de jornada, y proporcionalmente de salario, es de un 20% para los laborales temporales e indefinidos por resolución administrativa o sentencia judicial que trabajen más de 25 horas a la semana en cómputo anual, mientras que la reducción prevista por la Ley es del 10% para los que tengan jornadas inferiores a las 25 horas semanales. La aplicación de la misma ha permitido compatibilizar la estabilidad presupuestaria de la Administración autonómica con la decisión de evitar despidos masivos durante el ejercicio 2013 de empleados públicos, cuestión que para el Gobierno canario resulta prioritaria en el actual marco presupuestario.

http://www.canarias24horas.com/component/k2/item/13086-el-gobierno-pide-al-tsjc-que-unifique-en-un-conflicto-colectivo-los-juicios-por-la-reduccion-de-jornada#.UQvat2dgX6o 

Destapan pagos millonarios en Suiza en los que podría aparecer el Ministro de Industria español

La separación matrimonial de un conocido empresario canario destapó en 2011 una red de transacciones y pagos millonarios en Suiza y Holanda a políticos y empresarios de Canarias, entre los que podría encontrarse José Manuel Soria, ministro de Industria español y presidente del Partido Popular en Canarias.

Una mujer de una conocida familia en Las Palmas de Gran Canaria, Margarita M. de L., ha presentado ante el Juzgado varios documentos en los que aparecen movimientos bancarios con iniciales, claves y nombres de personas muy destacadas en las islas en el terreno político y empresarial.

Al pie de varios de esos documentos se pueden leer las iniciales JMSL y LSL, que podrían corresponder al ministro José Manuel Soria López y a su hermano Luis.

En 2011, la mujer presentó al juez unos documentos que supuestamente sustrajo del despacho de su exesposo, R.G.B.L., con el fin de demostrar que este posee mucho más dinero del que declara gracias a cuentas bancarias en el exterior y que ese dinero también fuera objeto del reparto de bienes para la disolución de la sociedad de gananciales.

En total son nueve nombres los que aparecen en los documentos como destinatarios de estas fuertes cantidades de dinero, al lado de las cuales aparecen las palabras “traspaso”, “cheque” o “efectivo”, con membretes de UBS (Unión de Bancos Suizos) y BBV Netherland-Rotterdam, y con fechas que van de 1992 a 1996.

El Ventano 
http://www.librered.net/?p=24046#bookmarks 

Los juicios por el ajuste del 20% se inician con 70 causas acumuladas

Llega la hora de la verdad. Esta semana comienzan los juicios de las demandas individuales contra el recorte de la jornada y del salario a 3.300 empleados públicos de la Administración autonómica. El Juzgado de lo Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife acumula alrededor de setenta causas para este jueves.

A este señalamiento se llega después de que el juez rechazara la solicitud de aplazamiento formulada por la letrada del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, que se agarraba al artículo 82.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) como a un clavo ardiendo.

“Cuando la representación y la defensa en juicio sea atribuida al abogado del Estado”, argumentaba el Ejecutivo regional, “se le concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado”. Y, cuando le sea otorgada al letrado de la Administración de la Seguridad Social, “se aplicará el mismo plazo”. Este criterio se extiende a las comunidades autónomas. “De no accederse a nuestra petición”, exponía el gabinete jurídico, “se estaría vulnerando el derecho constitucional a la defensa”.

Con fecha del 13 de febrero, la secretaria judicial comunicó que “no ha lugar” a la reclamación, ya que en el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo no es preceptivo el artículo 82.5, sino el especial del 138.5 de la LRJS aunque la demandada sea una Administración pública. Tampoco se aceptó el aplazamiento por la coincidencia de juicios, “al no haberse interesado dentro de los tres días siguientes de recibirse la segunda citación”.

Entre otras, tienen consideración de alteración sustancial de las condiciones laborales las que afecten a las siguientes materias: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo, régimen de trabajo a turnos, sistemas de remuneración y cuantía salarial, y sistema de trabajo y rendimiento. A ello se une el carácter discriminatorio de esta disposición incluida en la ley de presupuestos regionales de 2013, puesto que entre los directamente perjudicados no están el personal adscrito a los servicios judiciales y fiscales, los docentes no universitarios, como tampoco los funcionarios, laborales y estatutarios (Servicio Canario de la Salud) ni los empleados del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia de la red transfusional y de los bancos de sangre. Finalmente han quedado excluidos los trabajadores de servicios sociales de los centros cedidos a los cabildos, que tratan con deficientes y mayores.

Concentraciones

Para esa intensa jornada, los sindicatos han convocado concentraciones simultáneas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La protesta será de 13.00 a 15.00 horas frente a las sedes de la presidencia del Gobierno autonómico en las dos capitales canarias y ante las oficinas principales del Servicio Canario de Empleo (SCE) de las dos islas orientales.

http://www.diariodeavisos.com/juicios-por-ajuste-del-20-se-inician-con-70-causas-acumuladas/#.USN-eHFVq70.email 

Jueces y fiscales hacen este miércoles su primera huelga conjunta

Histórico cuelgue de togas convocado por cinco asociaciones, que protestan contra el ataque del Gobierno de Rajoy a su independencia, por las tasas "desorbitadas", la falta de medios y los indultos arbitrarios

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha ganado a pulso en apenas un año la convocatoria de una histórica huelga conjunta de jueces y fiscales, llamados este miércoles a colgar las togas en protesta por la práctica totalidad de medidas impulsadas desde el despacho del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Desde las tasas judiciales "desorbitadas" a los indultos arbitrarios, la "privatización" del Registro Civil, o el intento de politización del Consejo General del Poder Judicial, así como la paupérrima situación de medios personales y materiales los juzgados.

Los gobiernos de Rodríguez Zapatero ya soportaron la pasada legislatura dos huelgas --el 18 de febrero y el 8 de octubre de 2009--, pero entonces sólo fueron convocadas por asociaciones de jueces.

En esta ocasión, la novedad es que también los fiscales están llamados al paro, ya que la convocatoria parte de tres asociaciones de jueces --"Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- y dos de fiscales --Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales--.

Se han descolgado las dos asociaciones mayoritarias de cada uno de los colectivos, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, quienes, pese a estar de acuerdo con la tabla reivindicativa de los convocantes de la huelga, aún confían en agotar una vía del diálogo con el Ejecutivo que no ha dado hasta ahora ningún fruto.

Por contra, las asociaciones convocantes cuentan con el apoyo de la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ. A casi todos les ha unido su posición común contraria a las tasas y los recortes del Gobierno.

Jueces, fisacles y funcionarios de Justicia están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a los juzgados y fiscalías de toda España, donde harán un primer balance de seguimiento. Los sindicatos de funciones rechazan especialmente "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que consideran que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.

Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.

Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.

No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar el 18 febrero de 2009, convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente contra la gestión del entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo. Desde entonces persiste la polémica sobre si los jueces tienen derecho o no hacer huelga, por ser un poder del Estado. Nadie ha dado hasta ahora una solución definitiva, ni se ha legislado al respecto, y el CGPJ se ha limitado a señalar que un paro de magistrados "no tiene soporte normativo".

Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.

La huelga de febrero de 2009 fue un notable éxito, con un seguimiento superior al 60% según los convocantes (30% de acuerdo al CGPJ), pero la siguiente, convocada en solitario por la asociación mayoritaria, la APM, tuvo un eco menor, y sólo fue realizda por una cuarta parte de los jueces,

En relación a la de este miércoles, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.

Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.

El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y recurrida ya ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Socialista.

Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas.

Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación" frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la Carrera Judicial".

Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran "de forma separada" y no se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al encuadrarla como una "entrevista institucional" con su nuevo presidente, Pablo Llarena.

http://www.publico.es/450950/jueces-y-fiscales-hacen-este-miercoles-su-primera-huelga-conjunta 

"LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE"

Una multitudinaria ´marea blanca´ toma las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública

Una nueva ´marea blanca´ compuesta por miles de profesionales sanitarios y usuarios procedentes de toda España se ha manifestado este domingo por el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública y contra el modelo de gestión sanitaria externalizada.

En esta movilización, varias columnas que han partido desde los hospitales de La Paz, el Clínico, el Hospital de la Cruz Roja, La Princesa, el Hospital del Henares, el Infanta Leonor y desde Getafe han confluido en la plaza de Cibeles en torno a las 12 horas para partir en única ´marea´ hacia la Puerta del Sol, lugar donde ha concluido la manifestación.

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública compuesta por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT, USAE), y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (PATU-Salud), la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), así como diversas plataformas ciudadanas por lo público han sido los convocantes de esta masiva concentración, la tercera que ha tenido lugar por las calles de la capital en este año 2013.

Así, la miembro de la junta directiva de la Asociación de facultativos especialistas de Madrid (AFEM) Belén Padilla ha señalado a Europa Press que la privatización de la sanidad pública "no es una medida eficaz para mejorar la sanidad". Respecto a las declaraciones del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en las que ha asegurado que esta manifestación es "un intento de seguir estirando" el conflicto en interés, a su juicio, "de quienes la convocan", Padilla ha aseverado que el conflicto "lo han creado ellos".

"Una sanidad pública como la que existe en España y en Madrid que es de las más eficientes de Europa, por afán electoralista y por un ánimo de lucro no se puede privatizar. El conflicto lo han creado ellos", ha explicado.

Por su parte, en declaraciones a los medios, el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha afirmado que no "hay ninguna experiencia en el mundo" donde la privatización de la sanidad haya mejorado la atención sanitaria. Martínez ha añadido que, a su juicio, el PP en la Comunidad de Madrid cree que la sanidad es una "oportunidad de negocio", mientras que desde el sindicato se ofrece la posibilidad de "negociar" con los trabajadores y ciudadanos. "Esto no es política, no es de derechas o de izquierdas, es de ser sensatos o no" ha concluido.

Además, el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, ha criticado que "no hay ninguna solución y por tanto el conflicto sigue". Según el secretario general, lo que está planteando el Gobierno regional es un "error y un fracaso".

Desde su sindicato no entienden que para mejorar el gasto sanitario se deba "desmantelar el sistema público de salud" y han pedido al presidente regional, Ignacio González, que "retire" todo el plan de privatización de centros de salud, hospitales y servicios sanitarios.

CABECERA CON EL LEMA ´LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE´

Como es habitual en estas manifestaciones sanitarias, la cabecera de la misma portaba una pancarta con el lema ´La Sanidad no se vende, se defiende´, aunque también se han podido diferenciar otras con las consignas ´Se vende tu salud´, ´Roban tu salud´ o ´Por la salud´, entre otras.

Asimismo, muchos de los manifestantes han utilizado silbatos, al tiempo que han proliferado los cánticos como ´Sí se puede´, ´Sanidad pública´, ´Lasquetty escucha, la sanidad en lucha´, ´Que bote Sanidad´, ´Luego diréis que somos cinco o seis´ o ´Más enfermeras y menos Eurovegas´, entre otras.

En esta cabecera también se encontraba el actual portavoz del partido Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, quien ha declarado que lo que se está viendo es un intento de convertir la sanidad en una especulación. "Quieren dar el pelotazo sanitario para negar el derecho a la salud de la inmensa mayoría", ha afirmado.

Preguntado sobre el papel actual del Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato, Llamazares ha añadido que se ha convertido "en una caja de recaudación, sin políticas sanitarias propias".

Según la marcha continuaba su camino en dirección a Sol, el coportavoz de EQUO Madrid, Ramón Linaza, ha indicado a Europa Press que desde su formación han presentado en la Fiscalía un escrito para que se investiguen "las donaciones al PP por parte de las empresas constructoras a las que se les ha asignado la gestión de hospitales público".

"Aquí hay una connivencia entre los intereses privados y los gestores públicos cuyo objetivo es desmantelar la sanidad para hacer negocio", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que esta manifestación es un "intento de que se respete algo tan básico y fundamental como es el derecho a la salud".

Por otro lado, el representante de la plataforma de centros de salud de Madrid, Alejandro Tejedor, ha comentado que el conflicto no ha acabado porque la Conserjería de Sanidad madrileña lleva a los ciudadanos a un "callejón sin salida".

En referencia al estado de la negociación, Tejedor ha explicado que aunque "parecía" que iba en positivo, después del trabajo de los profesionales presentando documentos alternativos de viabilidad técnica, la Conserjería "no tiene fecha" para una próxima reunión. Finalmente, se ha quejado de la falta de responsabilidad del Ministerio de Sanidad pues "debería mediar para que todos los ciudadanos tengan un servicio de calidad, seguridad y eficiencia".

"ESTA LUCHA ES DE TODOS"

Minutos después, la portavoz de Afem, Fátima Brañas, en declaraciones a  Europa Press, ha valorado "muy positivamente" esta nueva ´marea blanca´ ya que "una vez más la gente ha vuelto a acompañar a los sanitarios en esta lucha que es de todos". Además, ha detallado que han venido hasta Madrid profesionales de otras provincias, como Guadalajara y Toledo, y ha añadido que se han celebrado otras manifestaciones en defensa de la sanidad pública en Málaga, Valencia, Murcia, Zaragoza o País Vasco, entre otras zonas de la geografía española.

En esta línea, Brañas ha remarcado que la "reducción de gastos" de los hospitales se está debiendo a que "se está disminuyendo la actividad". "El problema es que esa actividad se reduce a expensas de incrementar la actividad en los hospitales privados. Es un sistema que no es el más apropiado. Están descapitalizando la sanidad pública con el único objetivo de transformar toda la sanidad en una sanidad privada", ha sentenciado.

De este modo, la cabecera de la manifestación ha entrado en la Puerta del Sol en torno a las 13.15 horas con los gritos de ´Sí se puede´ y ´Sanidad pública´. Además, durante unos minutos se han situado ante la sede del Gobierno regional, donde se han escuchado consignas como ´Ladrones´ o ´Ahí está la cueva de Alí Baba´, para finalmente leer un manifiesto en defensa de la sanidad pública.

http://www.diarioprogresista.es/una-multitudinaria-marea-blanca-toma-las-calles-de-madrid-en-defensa-23874.htm

CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN

Los sindicatos : Sepca, Intersindical Canaria, co.bas, CCOO (Servicios a la ciudadanía), UGT(Federación de Servicios Públicos), Convergencia Sindical Canaria (CIESP), convocan a las empleadas y a los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma a las concentraciones previstas para el día jueves 21 de febrero en todas las islas entre las 13 y las 15 horas.

Dichas concentraciones tendrán lugar frente a las siguientes oficinas administrativas:

GRAN CANARIA:

Presidencia de Gobierno de Canarias

Plaza Dr. Rafael O'Shanahan , nº 1 (frente a Usos Múltiples III)

Las Palmas de Gran Canaria

TENERIFE

Presidencia de Gobierno de Canarias

Avenida José Manuel Guimerá, nº 5

Santa Cruz de Tenerife

LANZAROTE

Oficina del Servicio Canario de Empleo

C/ José Antonio, 108

Arrecife

FUERTEVENTURA

Oficina del Servicio Canario de Empleo

C/ Tenerife, 37

Puerto del Rosario

Dichas concentraciones tienen como motivo exigir al Gobierno de Canarias la retirada de la medida recogida en la Ley de Presupuestos para el 2013 que rebaja 20% la jornada y el salario del personal laboral interino e indefinido y del personal funcionario interino. Todas las concentraciones están autorizadas por la Delegación de Gobierno y por la Subdelegación de Gobierno correspondiente.

ACUDE EN DEFENSA DE NUESTROS

DERECHOS

LA SUPUESTA CONTABILIDAD B DEL PP

Los chismes, según Floriano

El vicesecretario de Organización del PP tilda de chisme una declaración de Soria en sede judicial en la que reconocía el pago de sobresueldos por parte del PP. 

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha tildado de “chisme” la información publicada este martes en CANARIAS AHORA sobre las declaraciones realizadas en 2009 por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en las que reconocía en sede judicial que el Grupo Parlamentario Popular en Canarias pagaba en efectivo o en talón un sobresueldo de 600 euros mensuales a sus diputados.

“Me saca una cosa de Canarias en la que dicen que dijo que se daban 600 euros. No le voy a decir que es una puñalada trapera, pero me parece un chisme”, ha contestado Floriano al ser cuestionado sobre esta información en una entrevista en la Cadena SER.

El “chisme” al que se refiere Floriano figura en las diligencias previas del denominado caso Salmón, por el que Soria estuvo imputado por un delito de cohecho. La declaración de Soria, la segunda que prestó durante la instrucción de la causa, tuvo lugar el 4 de mayo de 2009, cuando ocupaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda.

La admisión por parte de Soria del cobro de sobresueldos procedentes del PP se produjo en la respuesta a la segunda cuestión del fiscal Anticorrupción, Luis del Río, quien le inquirió acerca de la procedencia del dinero en metálico con el que decía pagar las vacaciones al empresario noruego Bjorn Lyng, propietario del complejo Anfi del Mar, en Gran Canaria, y por las dietas que cobraba.

El actual ministro de Industria contestó que lo recibía “de algunas empresas públicas” cuyos nombres "no podía decir porque no lo recordaba" y que de algunas de ellas los cobraba en efectivo y, en otras, mediante transferencia. En la misma respuesta, Soria reconoció que “desde junio de 2003, el Grupo Parlamentario Popular pasa a cada miembro del Grupo un talón o efectivo por importe de 600 euros mensuales”. Concluía afirmando que la fuente más importante de ingresos que tenía en efectivo eran “talones cobrados en ventanilla, reintegros de cajeros y los honorarios profesionales de su esposa”.

El caso Salmón, que fue archivado en 2009, investigó la relación entre el viaje de Soria y sus vacaciones en el complejo del empresario noruego con la tramitación de solicitud de Anfi en el Cabildo de Gran Canaria, institución que Soria presidía en la fecha de los hechos denunciados, para que interesara al Parlamento de Canarias la declaración de interés general de la urbanización y permitir así la construcción de 3.600 camas turísticas.El fiscal dio el caso por prescrito, aunque apreció la comisión de un delito de cohecho impropio.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/los-chismes-segun-floriano/20130207122528395862.html 

Soria admitió en 2009 que cobró sobresueldos del PP

EN SU DECLARACIÓN POR EL 'CASO SALMÓN'

El presidente del PP canario aseguró entonces que cada miembro de su grupo parlamentario percibía 600 euros mensuales mediante talón o en efectivo.

El ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, reconoció en mayo de 2009 ante la magistrada Margarita Varona, instructora del denominado caso Salmón, que cada miembro del Grupo Parlamentario Popular cobraba un sobresueldo de 600 euros mensuales mediante talón o en efectivo. En esa época Soria era vicepresidente del Gobierno regional, además de presidente del PP en Canarias, cargo que todavía ocupa.

Soria apuntó entonces, durante su segunda declaración como imputado por esta causa, que estas retribuciones a los diputados canarios del PP se pagaban desde junio de 2003.

El presidente de los conservadores canarios aportó este dato en respuesta a las preguntas del ministerio fiscal acerca de la procedencia del dinero en efectivo con el que pagaba sus vacaciones de verano en el complejo Anfi del Mar, propiedad del empresario noruego Bjorn Lyng, ya fallecido. El caso Salmón sería archivado posteriormente por la juez Varona, que estimó que la aceptación de Soria a una invitación de Lyng para viajar a bordo de su jet privado a Austria y Noruega en agosto de 2005 no podía considerarse soborno. El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, en cambio, sí apreció un delito de cohecho impropio, pero lo dio por prescrito.

En la mencionada causa se investigaba la relación entre el viaje de Soria y sus vacaciones en el complejo del empresario noruego con la tramitación de solicitud de Anfi en el Cabildo de Gran Canaria, institución que Soria presidía en la fecha de los hechos denunciados, para que interesara al Parlamento de Canarias la declaración de interés general de la urbanización y permitir así la construcción de 3.600 camas turísticas.

En su declaración, el presidente del PP canario afirmó que prefería hacer los pagos en efectivo porque había tenido “malas experiencias” en el pago con tarjetas y que sus fuentes de ingreso en efectivo más importantes eran “los talones cobrados en ventanilla, los reintegros de cajeros y los honorarios profesionales” de su esposa, la procuradora María del Carmen Benítez.

Soria recordó el pasado fin de semana ésta y otras causas judiciales en las que se ha visto implicado para consolar al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante las informaciones publicadas sobre los papeles de Bárcenas. Estos documentos probarían la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular y el pago de sobresueldos en negro a sus dirigentes.

En su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP del pasado sábado, Soria calificó los procesos judiciales en los que ha estado envuelto como “malas experiencias” y animó a Rajoy a “aguantar y seguir adelante”.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/soria-admitio-en-2009-que-cobro-sobresueldos-del-pp/20130205155747395717.html 

ACTO DE PROTESTA CONTRA LA LEY WERT

Una escuela franquista frente al Parlamento canario

 

La Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública Canaria denuncia la "involución" educativa que supone la reforma del Gobierno estatal.

La Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública Canaria (IDEPC) ha denunciado el "deterioro" del servicio público de Educación en Canarias debido a "la política de recortes e involución impulsada por el Gobierno del PP y continuada en las Islas por CC y PSOE". 

La protesta ha tenido lugar la tarde este miércoles en las inmediaciones del Parlamento de Canarias y ha consistido en una representación de una escuela del franquismo para escenificar "las políticas regresivas del Gobierno del Estado".

La plataforma señala que estos recortes están trayendo consigo más alumnos por aula, una disminución del profesorado que, además, "trabaja en peores condiciones", menos becas para libros, materiales y comedores, incremento de las tasas universitarias, "peor atención" a los niños y niñas con necesidades educativas especiales y eliminación de la acogida temprana y las actividades de refuerzo y extraescolares. "En definitiva, un notable empeoramiento del servicio público de la educación, al que apenas se dedica un 3% del PIB", asevera.

Para IDEPC, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el ministro Wert pretende aprobar en las próximas fechas va a significar "un regreso a la escuela del franquismo, bajo el santo y seña de cristianizar y españolizar al alumnado". 

Esta plataforma considera que la nueva legislación camina hacia la privatización del sistema para "impulsar la educación como negocio" y critica que la misma posibilite la segregación entre niños y niñas, que imponga cinco reválidas que ponen "trabas y filtros para el estudio de los menos favorecidos", que establezca categorías entre los centros o que "regrese al Estado centralizador del Ántiguo Régimen".

Frente a esta política de recortes, IDEPC reclama una educación pública "de calidad, gratuita y universal, equitativa, laica y que forme en valores universales, integradora, controlada y gestionada democráticamente, de carácter científico y que prepare para la vida, y dotada de una inversión suficiente" que considera que debe ser, al menos, del 7% del Producto Interior Bruto

http://www.canariasahora.es/articulo/educacion/una-escuela-franquista-frente-al-parlamento-canario/20130207102406395856.html 

¿ De quien es Capio Sanidad ?

González paga a Capio 900.000 euros al mes por un hospital cerrado

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública denuncia el gasto en amortización y mantenimiento del centro sanitario de Collado Villalba, que no abrirá hasta finales de 2013. La Comunidad alega que no lo inaugura para ahorrar y la empresa concesionaria asegura que su interés es "empezar a servir a la población lo antes posible"

"Los habitantes de Collado Villalba, Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, y Los Molinos, recibirán una asistencia sanitaria pública de calidad y con las más altas prestaciones tecnológicas gracias a un modelo basado en la gestión clínica integral, la tecnología de vanguardia y los mejores profesionales". Así promociona  la página web de la Comunidad de Madrid el nuevo Hospital de Collado Villalba que, en realidad, no será 100% público, sino que adoptará uno de los famosos modelos de "centro público de gestión privada".

Además, pese a que estaba previsto que dicho hospital comenzara a funcionar este enero, la Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández Lasquetty no abrirá sus puertas hasta finales de 2013. Así está establecido, como medida de ahorro, en el Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario. "[El retraso en la apertura] evitará generar un nuevo gasto", justifican en el documento.

Frente a este argumento, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública denuncia que, pese a estar cerrado, el Gobierno de Ignacio González continúa pagando 900.000 euros al mes a la empresa concesionaria de dicho centro: Capio Sanidad. Es decir, que durante este año que permanecerá cerrado el hospital, la Comunidad pagará igualmente casi 11 millones de euros a la compañía privada. Por este motivo, la Mesa ha convocado una manifestación de protesta, el próximo domingo, que saldrá a las 11.00 horas desde la Estación de Ferrocarriles de Collado Villalba y terminará frente al Hospital Collado Villalba, situado en el municipio del mismo nombre. 

La plataforma en Defensa de la Sanidad Pública está integrada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), la Plataforma de Trabajadores y Usuarios por la Sanidad Pública (Patusalud) y los sindicatos de la Mesa Sectorial ( SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT, USAE). A la convocatoria también se ha unido la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y miembros de algunas asambleas del 15-M.

"El Gobierno debe cumplir con los pagos"

En su defensa, fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado a Público que el acuerdo con Capio, la empresa que ganó el concurso de la concesión en 2010, incluye la construcción y puesta en marcha del hospital. Y, dado que el edificio ya está terminado, el Gobierno regional debe cumplir con los pagos de "amortización de la obra", así como una pequeña parte por el mantenimiento de la misma. Dichas fuentes confirman también la cifra mensual de "entre 800.000 y 900.000 euros" y aseguran que, pese a este gasto, la Comunidad ahorra más teniéndolo cerrado que poniéndolo en funcionamiento.

Por último, la empresa privada que gestionará el hospital los próximos 30 años ha manifestado a este diario que su interés es que el Hospital de Collado Villalba "pueda empezar a prestar servicio a la población lo antes posible" y que la apertura del hospital se ha retrasado "por causas ajenas a la compañía".

Asimismo, Capio Sanidad ha detallado que cumplió con las bases del contrato con la Comunidad, construyendo y equipando "sanitaria y tecnológicamente" el centro "en tiempo y forma". La empresa concesionaria asegura que la inversión en dicha tarea alcanzó "en torno a 150 millones de euros" y alega que "debe mantener el hospital y todos sus equipamientos en perfectas condiciones -seguridad, desinfección y limpieza entre otros servicios-, en previsión de una próxima apertura, para lo que recibe una retribución previamente acordada por la Comunidad de Madrid", concluye.

http://www.publico.es/450261/gonzalez-paga-a-capio-900-000-euros-al-mes-por-un-hospital-cerrado 

Sobre GRECASA

MIENTRAS PARA EVITAR DESPIDOS EN LA CAC SE REDUCE LA JORNADA Y SALARIO DE MILES DE TRABAJADORES SE CONTRATA NUEVO PERSONAL EN GRECASA PARA REALIZAR TAREAS TRIBUTARIAS

 

El pasado lunes día 4 de febrero de 2013 se publico en el B.O.C, Resolución de la Dirección General de Tributos de fecha 24 de enero 2013, por la que se publica el Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias y la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A (GRECASA), para la prestación de servicios en materia tributaria.

Lo más curioso es que este Convenio ha sido firmado por el Consejero del Departamento, D. Javier González Ortiz y el Director General de Tributos D. Alberto Génova Galván, actuando éste último en nombre y representación de Grecasa como Consejero Delegado de esta empresa pública.

Es llamativo que se haya reducido la jornada y el salario de 3.300 empleados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se contrate a esta empresa para realizar funciones que hace unos años desempeñaban los propios trabajadores de Tributos.

Para mayor sorpresa, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura Grecasa ha empezado a ejercer sus funciones en las propias dependencias de las Oficinas de la Administración Tributaria, incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ocupar las salidas de emergencias. Además se han intentado hacer una serie de reformas en las instalaciones, sin que se tenga constancia de la documentación técnica y autorizaciones pertinentes.

Lo que no tiene explicación, es que este personal realice sus tareas conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras del Gobierno, después de

que la Administración, haya tenido que asumir como personal propio a anteriores trabajadores de empresas públicas, por cesión ilegal de trabajadores, tras las demandas interpuestas por éstos, sin que hayan aprobado ningún procedimiento selectivo tal y cómo se establece en la propia Ley de la Función Pública y en nuestra Carta Magna.

         ¿Cómo es posible que miembros del Gobierno afirmen que sobra personal en la Administración cuando están contratando personal en Empresas Públicas?

Por un lado, han alegado insuficiencia de recursos económicos para efectuar los recortes, y por otro se han permitido el lujo de hacer contrataciones e incluso obras, con un mayor coste para las arcas públicas, incurriendo en actuaciones que pudieran ser constitutivas de delitos.

         ¿Cómo es posible que tanto el propio Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, como el Director General de Tributos, hayan desobedecido las órdenes del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, D. Francisco Hernández Spínola, relativas a la interrupción de nuevas contrataciones en Grecasa al estar congeladas en todas las Administraciones las ofertas de empleo público?.

         Por parte de esta Organización Sindical como primera medida se han  cursado escritos dirigidos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a la propia Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas que procedan.

La plataforma de empleados públicos afectados por los recortes asegura que Paco Spínola miente o bien desconoce la realidad de los servicios públicos

Se estima que en Dependencia se atendrerá a dos mil personas menos este año

 

Consejero Presidencia

La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar) ha querido salir al paso de las últimas declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, quien parece haberse construido una realidad virtual a su medida que no tiene nada que ver con la situación real que se ha generado en los servicios públicos de Canarias, tras el recorte salarial y de jornada del 20% a 3.300 trabajadores.

La Plataforma considera que es de suma gravedad que el consejero responsable de los empleados públicos asegure cínicamente que el recorte horario no está afectando de manera trascendental ni apreciable a la prestación de los servicios públicos, y que o bien miente, o bien desconoce totalmente los problemas derivados de la aplicación de la medida, y en ambos casos sería igualmente preocupante.

Por poner sólo algunos ejemplos, la Pepar detalla que en la consejería de Asuntos Sociales la afección es al 80% en el departamento encargado de tramitar las solicitudes de la Ley de Dependencia, llegándose al cien por cien en el caso de los técnicos que visitan a los usuarios y preparan los informes de valoración. A menor tiempo de trabajo menor número de casos valorados. Se estima que con esta medida se atenderá a dos mil personas menos al año, mil valoraciones menos y mil programas de atención individualizada menos en este año 2013.

Hay que recordar que Canarias es ya la segunda comunidad autónoma por la cola en lo que respecta a la aplicación de la ley de Dependencia, con lo que con estos recortes podría situarse como la primera por debajo. De hecho, en su último informe, el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, se mostró alarmado ante el número de quejas recibidas por "excesivo retraso" en la tramitación de solicitudes de ayuda.

Por poner dos casos más: en los servicios centrales de Educación la atención ciudadana se ha visto saturada y cada día se producen incontables colas de estudiantes preguntando por sus becas. Muchos de los empleados públicos que se encargaban de su tramitación y de su grabación son funcionarios interinos o personal laboral temporal o indefinido, afectados por la reducción salarial y de jornada.

En el departamento de Ordenación del Territorio son 40 los empleados públicos afectados, de los cuales 35 son técnicos que informan todo el planeamiento de Canarias, planes generales e insulares de ordenación, planes territoriales de ordenación o proyectos de actuación territorial, de forma que se estima que se producirán graves retrasos en la tramitación de estos documentos imprescindibles para el ordenamiento territorial y el desarrollo de los entornos afectados. Y son muchos más los casos.

Demandas

Por otra parte, casi mil empleados públicos canarios de los 3.300 afectados por el recorte salarial del 20% han demandado judicialmente al gobierno de Canarias ante el atropello a sus derechos laborales y ante la ilegalidad cometida con la medida de reducción salarial y de jornada. Según los primeros datos recabados por la Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar), el elevado número de demandas interpuestas (823 contabilizadas) representa prácticamente un tercio de los afectados, una cifra considerable de personas que han optado por no quedarse quietos ante una decisión inaceptable que focaliza unos recortes desproporcionados y abusivos en un grupo muy reducido de personas de forma discriminatoria, en función únicamente de su vínculo contractual con la administración (personal laboral indefinido y temporal y funcionarios interinos).

La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes pide una vez más al gobierno de Canarias que deje sin efecto una decisión que contraviene la normativa europea, y que está causando terribles daños económicos a los trabajadores (muchos de ellos con sueldos entre 600 y 1000 euros) y a sus familias, además de graves problemas organizativos en los servicios públicos. La Pepar recuerda que hay empleados públicos batallando por sus derechos laborales que continúan acampados día y noche frente a la Dirección General de Función Pública, personas dignas de admiración por su perseverancia y firmeza.

Hasta hace poco se tenía constancia por parte de la Pepar de que 536 empleados públicos afectados por la reducción salarial habían presentado sus demandas individuales a través de las diferentes organizaciones de trabajadores de Canarias. De forma desglosada, a través de Convergencia Sindical Canaria (Ocesp) formalizaron su recurso judicial 260 personas (240 en Tenerife y 20 en Gran Canaria); a través del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) son 200 los demandantes. A través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) suman 21 personas las que han recurrido ante los tribunales la medida, mientras que el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) ha interpuesto 10 demandas individuales en la provincia occidental y 40 en la oriental. Por otro lado, 287 personas más han optado por acudir a los tribunales a través de bufetes de abogados laboralistas particulares: 65 en Las Palmas de Gran Canaria y 217 en Santa Cruz de Tenerife. Estos datos no son definitivos, ya que aún están pendientes de contabilizarse las personas que han interpuesto sus demandas a través de las organizaciones Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), por lo que la cifra total podría alcanzar las mil personas. 

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