El pleno de ayer sirvió al Gobierno regional para ir preparando a los
suyos, a la oposición y a los ciudadanos para la que va a caer en 2013.
Entre otras cosas, augura que "muchos" no podrán seguir trabajando en la
Administración.
El presidente regional, Paulino Rivero, ayer no se anduvo con rodeos.
El próximo año será "terrorífico" para Canarias por los recortes que
vendrán desde el Estado. Así lo anunció para que los suyos, la oposición
y los ciudadanos tengan bien claro la que se viene encima.
En sus primeras intervenciones en el pleno parlamentario celebrado
ayer Rivero lamentó que "muchas personas" no podrán seguir prestando sus
servicios en la Administración el próximo año. Si había alguna duda
sobre el mantenimiento del empleo público en 2013, las disipó. Eso sí,
culpó de la situación a los recortes de los próximos Presupuestos
Generales del Estado (PGE).
Esta disminución, sumada al déficit generado para las Islas a cuenta
del Sistema de Financiación Autonómica -que cifró en 800 millones por
año- lo llevaron a concluir que 2013 hará honor a la mala fama de ese
número.
A este panorama se suma el recorte de las inversiones estatales en el
Archipiélago -que bajan casi un 50% en dos años, desde algo menos de
1.300 millones de euros a cerca de 700-, lo que constituye un
incumplimiento de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF). "Esto
hace mucho daño", lamentó el presidente canario.
El portavoz de los nacionalistas canarios, José Miguel Barragán,
estuvo de acuerdo. Tras advertir de que será "muy difícil" ajustar los
presupuestos del próximo ejercicio "sin que los ciudadanos se vean
afectados" -dando a entender que en, realidad, será inevitable-, también
dejó la puerta abierta a más tribulaciones para los ciudadanos canarios
a cuenta de la caída de las inversiones, lo que repercutirá
-previsiblemente- en una mayor tasa de paro.
En respuesta a una pregunta del presidente del grupo popular, Asier
Antona, Rivero aseguró que la reforma de la Administración emprendida
por su equipo se ha visto acelerada por el "sablazo" presupuestario del
Gobierno que preside Mariano Rajoy, que obliga al Ejecutivo canario a
"profundizar" la adaptación de su estructura a la "nueva realidad".
Justo por eso es que "muchos" no podrán seguir prestando sus servicios a
la Administración, explicó.
Las dificultades presupuestarias llevaron al mandatario canario a
augurar también "muchas dificultades" para garantizar los servicios
esenciales, incluso modulando su financiación.
En otra intervención para responder a Barragán por la afección de los
recortes de los PGE a las cuentas canarias, Rivero lamentó que la
"cantidad masiva de gente que vino durante los últimos 15 años, y que
sigue llegando", causó problemas a los ciudadanos de las Islas al
afectar el nivel de empleabilidad -sin contar con que Canarias tiene uno
de los sueldos medios más bajos del Estado-.
Rivero defendió que, por este motivo, en Canarias -a diferencia de
los territorios peninsulares, apuntó-, es importante defender los
servicios básicos, pues para la mayoría de los canarios -que cobran esos
bajos salarios- no es una opción acudir a la sanidad o la educación
privadas.
desalación
Una "migaja de enmienda"
"A Canarias no se le engaña con una migaja de enmienda de cuatro
millones", espetó ayer Rivero sobre la corrección prometida por el
Gobierno central para la partida de desalación en Canarias, que en el
borrador de los PGE no tiene asignación alguna.
Ante una pregunta de la presidenta del grupo socialista, Dolores
Padrón, sobre el cruce de declaraciones entre el PP canario y el
Ejecutivo estatal a cuenta de este tema, Rivero recordó que mientras los
populares fueron socios regionales de gobierno -hasta 2010-,
defendieron este tipo de inversiones.
En este sentido, la diputada nacionalista Nuria Herrera se mostró
sorprendida por el cambio de postura de los conservadores, que
defendieron cuando formaban parte del Ejecutivo canario una iniciativa
para mejorar la dotación presupuestaria para la potabilización del agua,
algo que entonces consideraban "vital".
"¿Qué pasó con este asunto para dejara de ser vital?", se preguntó
Herrera. La consejera del área, Margarita Ramos, confirmó que al
Gobierno no le consta que el Estado vaya a rectificar los PGE en esta
materia.
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