lunes, 7 de mayo de 2012

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


COMENTARIOS A LAS PROPUESTAS SOBRE SANIDAD INCLUIDAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS. ESPAÑA 2012
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

El Programa Nacional de Reformas es el documento presentado por el Gobierno en Bruselas y pretende recoger la hoja de ruta del ejecutivo del PP en cuanto a las transformaciones a realizar en España, por eso desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública entendemos que se debe realizar un análisis del mismo para entender la política del Gobierno y sus perspectivas de desarrollo.
En primer lugar, aunque en conjunto parezca un revoltijo de medidas de distinto calado y condición, y de diferente repercusión social, económica y laboral, no se debe caer en la tentación de pensar que este Plan peca de improvisación. Como es lógico, antes de ser plasmado en papel, los pormenores de este Plan han debido ser debatidos extensa y profundamente por los responsables políticos del PP, por lo tanto no hay que frivolizar sobre las consecuencias de las medidas concretas y sobre su intencionalidad, es decir sobre la total responsabilidad de sus impulsores. Y es que, en términos generales, la intención más importante de ese Plan es el ahorro indiscriminado; su consecuencia el deterioro de los servicios públicos y su destino final un sistemas educativo y sanitario empequeñecidos y empobrecidos, una sociedad insatisfecha y unos sectores privados con más parcelas de negocio a su servicio.
Los aspectos relativos a la sanidad se concentran en las paginas 97 a 104, aunque hay algunas medidas que le afectan de manera explicita en las paginas 82, 92, 93 y 94. Ya en la página 82, en gastos de personal, se enumeran las medidas dirigidas al personal sanitario:
- Reducción de la cartera de servicios
- Paralización de la carrera profesional
- Reducción de las sustituciones
- Incremento de la jornada laboral de los interinos
- Eliminación de los periodos adicionales de descanso
- Reorganización del personal de atención continuada de atención primaria
- Eliminación del complemento de tardes o por tareas especiales
- Disminución de las guardias médicas
- Cierre parcial de hospitales
Del resto de las referencias a sanidad, los principios generales que se señalan en la pagina 97 no están mal, pero se contradicen con el resto del texto. En el punto 23, sobre la reforma del aseguramiento, vuelve a plantear el tema en términos generales; asimila el concepto de asegurado a la residencia legal, asunto que se concreta en el RDL 16/2012 (exclusión de los inmigrantes sin papeles, mayores de 26 años, etc), y que muchos expertos consideran inconstitucional. Resulta preocupante, por imprecisa, la mención a la “concreción de la extensión del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria pública”.
En el objetivo 24: Ordenación de la cartera de servicios del SNS, la primera medida habla de garantizar las “`prestaciones estrictamente dirigidas a la curación o prevención de la enfermedad”, la expresión es muy peligrosa porque parece dejar fuera los proceso que ni se curan ni se previenen (los enfermos crónicos) y dejan también fuera la rehabilitación y la promoción de la salud (que si recoge la Ley General de Sanidad). En el mismo apartado establece las tres carteras ya explicadas en el RDL 16/2012 y los copagos en las carteras no básicas. Dice que “se fijaran criterios” para que las CCAA adopten medidas de eficiencia, y cita ejemplos como “determinar el numero mínimo de pacientes por médico o por servicio”, lo que podría parecer positivo, aunque ignore que ya hay una normativa sobre tamaños recomendados de cupos, pero que añadido con el copago del transporte sanitario dificulta aún mas el acceso a las prestaciones.
Se alude a una nueva tarjeta sanitaria, congruente con el RDL (final séptima) que tiene unos costes no evaluados, y se hace referencia a la “libre elección de centro médico o facultativo”: ¿Cómo, en que ámbito, regulado por quien, etc?. Por fin, señala que se creara una red nacional de agencias de evaluación que ya se ha anunciado varias veces, pero sin dar criterios de homogeinización.
En lo que respecta a la mejora de la eficiencia (objetivo 25), se señala: Centralización de compras, el apartado sigue la línea del “se fomentará” del RDL (adicional cuarta) que en modo alguno garantiza su utilización. Se habla de medidas de eficiencia energética, sin especificar ni cuáles, ni a que coste. Dicen que se extenderá la implantación del e- salud, pero no se señalan ni coste, ni con que inversión, ni de donde saldrá el dinero.
En lo referente a la Ordenación de RRHH, se relatan una serie de medidas poco concretas: Se habla de troncalidad y áreas de capacitación especificas (pero solo estas últimas están incluidas en el RDL, lo que es un contrasentido). Se vuelve a aludir al famoso registro de profesionales, pendiente desde 2003. No se entiende la alusión a la acreditación de unidades docentes, medida que no parece guarde relación con ahorro alguno, como tampoco se entiende la medida de “unificación de criterios interpretativos y de las normas en el ámbito de los recursos humanos”.
En el objetivo 27, sobre racionalización de la demanda farmacéutica, introduce un dato falso cuando dice que el 30-40% del consumo farmacéutico de los activos se hace a costa de los pensionistas, que no se corresponde con la realidad desde que hay historias clínicas y prescripción electrónica. Para racionalizar la oferta introduce los copagos y el medicamentazo del RDL 16/2012. Aquí se incluye la revisión de la normativa sobre transportes, que no tiene que ver con la oferta farmacéutica.
Otros aspectos del Plan son, en el apartado 13, los planes económico-financieros de reequilibrio de las CCAA, que son pura dinamita (pag. 82) porque significan el deterioro generalizado del SNS e incluye aspectos no contemplados en el RDL 16/2012. Se insiste en el redimensionamiento de las plantillas de empleados públicos y se señala un tope del 10% en la tasa de reposición de las “plazas de hospitales y centros del SNS”. Es decir disminuciones de plantillas, más presión asistencial, empeoramiento de la calidad de la asistencia. En el objetivo 19 se alude a un plan para reducir el absentismo de los empleados públicos, con aumento de los descuentos al personal en incapacidad laboral, con los riesgos que tiene de que personas que no reúnen las condiciones adecuadas para el trabajo estén haciéndolo, de contagiosidad en el caso de las enfermedades infecciosas, etc…
Con estas medidas, si alguien es capaz de imaginar un futuro a medio plazo, cabe prever un sistema sanitario empequeñecido, inaccesible, menos resolutivo, más costoso para los ciudadanos, con unos profesionales desmotivados y cada vez más alejados de los objetivos de solidaridad que se espera de un servicio público, con cada vez más partes del sistema privatizas y, con seguridad, con un gasto sanitario total incrementado. La estrategia del PP vendrá a dar la razón a la historia, porque otros países (Reino Unido,…) antes que nosotros han probado la sal de medidas similares con resultados desastrosos.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
7 de mayo de 2012
Nota.- Para mas información sobre el análisis de la FADSP sobre el RD Ley 16/2012 ver: http://www.fadsp.org/pdf/CONTRARREFORMA%20SANITARIA.doc

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