Soraya Rodríguez denuncia que el Gobierno ha gastado más de siete
millones de euros en falsa propaganda sobre la subida de las pensiones
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez,
ha denunciado hoy que el Gobierno ha gastado más de siete millones de
euros en falsa propaganda sobre la subida de las pensiones y ha pedido
explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno sobre ese gasto “a cargo
del presupuesto publico”.
Soraya
Rodríguez se ha referido a las dos cartas enviadas por el Ministerio de
Empleo a los pensionistas, “una para anunciar la subida de las
pensiones con alegaciones propias de un panfleto del PP”; otra, firmada
por la Directora General, “afirmando que la subida de impuestos hace que
la pensión baje”. “Esto ha costado siete millones de euros.
Cuatrocientos cincuenta mil euros en papelería y 36 céntimos de euro por
el envío de cada carta”, ha asegurado.
Durante
la pregunta a la vicepresidenta del Gobierno en la sesión de control,
la portavoz socialista ha criticado que, “en apenas 80 días, el Gobierno
ha tomado algunas decisiones que responden a grupos de intereses, pero
no a los intereses generales de los españoles”.
En
primer lugar, ha señalado, “la reforma laboral atiende, sin ningún
equilibrio a los intereses de las organizaciones empresariales”,
mientras llevan a cabo “una campaña de descalificación de los sindicatos
y de intoxicación contra todos aquellos que estamos en contra de la
reforma”.
Por
otro lado, ha continuado desgranando, “tras una aparente negociación
con las compañías eléctricas parece que éstas les han ganado el pulso y
que el déficit tarifario lo van a pagar sólo los consumidores” a través
de una anunciada subida de la luz, después de las elecciones andaluzas y
asturianas.
Sobre
la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, ha dicho que
“responde exclusivamente a los intereses de un sector de la Iglesia
Católica que pretende imponer por Ley su moral y sus creencias
religiosas”.
También
se ha referido a otras decisiones que “responden únicamente a la
propaganda gubernamental”, como el código de buenas prácticas
“voluntario para la banca y restrictivo para el colectivo beneficiario”.
“Para
los bancos, un código voluntario de buenas prácticas; para las mujeres
otro código bien distinto, el Código Penal”, le ha reprochado a la
vicepresidenta.
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