Los representantes de la Federación estatal sectorial de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT) en las negociaciones de la comisión técnica se muestran "pesimistas" en cuanto a la posibilidad de alcanzar acuerdos antes del 4 de febrero, fecha tope fijada. Por ello, continuarán con las acciones legales contra la orden del Gobierno de Canarias del 2 de noviembre que, a su juicio, "vulnera leyes fundamentales al haber modificado, sin negociación colectiva, aspectos consolidados que así lo requieren, como condiciones de trabajo, retribuciones, prestaciones sociales y derechos sindicales de los empleados públicos".
Anuncian que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha admitido a trámite el procedimiento especial de amparo judicial presentado el pasado mes de noviembre por UGT contra la resolución del Gobierno de Canarias que "recorta unilateralmente derechos fundamentales y consolidados de los trabajadores de la Comunidad Autónoma".
El sindicato anuncia en un comunicado que no renunciará a la vía judicial para intentar paralizar la norma con la que el Ejecutivo "suspende ilegítimamente varios artículos del III Convenio Colectivo del Personal Laboral", a pesar de las negociaciones que se desarrollarán hasta el próximo 4 de febrero para intentar cerrar acuerdos que atenúen los recortes, también incluidos en la Ley de Presupuestos de Canarias para 2011.
FETE-UGT confía en que será la Justicia quien "impida al Gobierno de Canarias imponer dichas medidas, pues se trata de una vulneración clara del artículo 37. 1. de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuerza vinculante de los convenios".
Dicho artículo se desarrolla para los empleados públicos a través de la Ley Orgánica del Estatuto Básico, que obliga a la negociación colectiva en el caso de modificaciones de lo establecido en los convenios colectivos sobre condiciones de trabajo, retribuciones de los funcionarios, calendario laboral, horarios, etc.
Sin embargo, afirman que la Resolución de 2 de noviembre de 2010 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno sobre medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, "implanta, sin ningún tipo de negociación colectiva, modificaciones en todos esos ámbitos y en muchos más".
Concretamente y según recoge el propio texto, incluye la "suspensión de acuerdos y pactos de la negociación colectiva, en lo referente a las jornadas de trabajo, la formación del empleado público, la convocatoria de acción social, la aportación que se realiza al Plan de Pensiones, que forma parte integrante de la retribución anual, la cobertura del 100 por ciento de las retribuciones en caso de baja laboral y la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales", entre otros derechos consolidados en el Convenio vigente.
Aseguran que el Gobierno ha decidido "unilateralmente incumplir los artículos del convenio que establecen que la Comunidad Autónoma debe complementar la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad laboral temporal hasta el 100 por ciento de sus haberes por todos los conceptos".
FETE-UGT recuerda que el Tribunal Supremo ha solicitado informe al Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la reducción de los sueldos de los empleados públicos. A este respecto, la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público impide la "disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor".
Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=11285
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