La Audiencia Provincial de Las Palmas acaba de emitir un auto por el que se ordena al juez de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, a reabrir la causa de las amenazas enviadas por correo electrónico al fiscal anticorrupción de la provincia, Luis del Río, a los que la caverna cavernícola sitúa como instrumento del PSOE para enchironar vilmente al PP (inocentes de toda inocentada, como de todos es sabido). Resulta que ese juez se vio obligado a archivar aquellas amenazas por culpa de una atolondrada actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que se puso a instruir con tanto afán que acabó vulnerando derechos fundamentales de los sospechosos. En concreto, la fiscalía se saltó la autorización judicial para pedir a una compañía de telefonía que identificara al titular de una dirección IP del ordenador desde el se emitieron las amenazas. Lo que no sabemos muy bien a estas alturas es si aquello fue solamente exceso de celo o celos en estado puro, es decir, darle tanto fuego al calentador que la leche acabara por rebosarse tupiendo los quemadores. No es esta la única vez que tenemos computado un exceso de celo de la Fiscalía Provincial con resultado de negligencia y el correspondiente estropicio. Pero ya se sabe que sólo se equivoca el que actúa.
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