UGT y CC OO aseguran que la negociación para la función pública está ''rota''Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias han denunciado hoy que el Gobierno de Canarias les exige 'paz social', a cambio de mantener a los liberados sindicales, que el Ejecutivo ha planteado recortar en el Archipiélago en un 50 por ciento como medida para compensar los efectos de la actual coyuntura económica.
El coordinador del área publica de UGT en Canarias, Francisco Bautista, denunció este lunes en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, que la mesa de negociación para la función publica "está rota" debido a que el documento presentado por el Gobierno canario es "infumable", ya que a su juicio "atenta contra los derechos de todos los funcionarios" y no sólo los liberados sindicales.
Bautista explicó que en dicho documento el Gobierno obliga a retirar los actuales litigios impulsados por las organizaciones sindicales, a no plantear huelgas en Sanidad y a no llevar a cabo ningún conflicto laboral contra la Administración regional hasta los próximos comicios a cambio de no suprimir liberados.
Los sindicatos han recordado que no será un problema si finalmente el Ejecutivo regional realiza este ajuste, ya que según explicaron, acudirán por las mañanas a su puesto de trabajo y por la tarde "continuarán en la sede de los sindicatos" trabajando por los derechos de los funcionarios públicos.
Bautista cifró en 200 el número de liberados sindicales que mañana tendrán que incorporarse a sus puestos de trabajo, y recordó que esto dejará sin trabajo a otras 200 personas.
El portavoz sindical criticó también que esta medida de recorte del gasto se aplica "únicamente" con los liberados sindicales, "no con los liberados políticos". "¿O mañana los liberados de todos los partidos en todas las administraciones también se incorporarán a su puesto de trabajo?", se preguntó. Bautista señaló que estas personas trabajan en la Administración "por su partido" y cobran un sueldo público. Con ello denunció que "los políticos no aplican las mismas medidas de recorte presupuestario" que exigen a otros colectivos, como los sindicatos.
Lo que le interesa al Gobierno de Canarias, afirmó Bautista, es plantear "un conflicto" con las centrales sindicales, y transmitir a la sociedad que protestan por la eliminación de derechos sindicales. Los portavoces de UGT y CCOO lo niegan. Aseguran que están en lucha por los derechos de todos los trabajadores y "si lo que pretende el Gobierno es ir a las trincheras, CCOO y UGT estaremos en la batalla", señaló Juan José Arteaga, secretario general de CCOO. Por ahora, se han dado de plazo "esta semana" por si el Gobierno canario responde a sus exigencias, de lo contrario, no descartan plantear un calendario de movilizaciones.
De cara al futuro exigen la convocatoria de la mesa de la función pública, para retomar unas negociaciones que conduzcan a un acuerdo. Los sindicatos aseguran que han propuesto una aplicación "negociada" de los recortes que incluyen los Presupuestos, un plan de recuperación de derechos, la reorganización de la Administración Pública para la sostenibilidad del Empleo Público, y la convocatoria de un debate "amplio" sobre los pactos en Educación y Sanidad.
Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=11723
El coordinador del área publica de UGT en Canarias, Francisco Bautista, denunció este lunes en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, que la mesa de negociación para la función publica "está rota" debido a que el documento presentado por el Gobierno canario es "infumable", ya que a su juicio "atenta contra los derechos de todos los funcionarios" y no sólo los liberados sindicales.
Bautista explicó que en dicho documento el Gobierno obliga a retirar los actuales litigios impulsados por las organizaciones sindicales, a no plantear huelgas en Sanidad y a no llevar a cabo ningún conflicto laboral contra la Administración regional hasta los próximos comicios a cambio de no suprimir liberados.
Los sindicatos han recordado que no será un problema si finalmente el Ejecutivo regional realiza este ajuste, ya que según explicaron, acudirán por las mañanas a su puesto de trabajo y por la tarde "continuarán en la sede de los sindicatos" trabajando por los derechos de los funcionarios públicos.
Bautista cifró en 200 el número de liberados sindicales que mañana tendrán que incorporarse a sus puestos de trabajo, y recordó que esto dejará sin trabajo a otras 200 personas.
El portavoz sindical criticó también que esta medida de recorte del gasto se aplica "únicamente" con los liberados sindicales, "no con los liberados políticos". "¿O mañana los liberados de todos los partidos en todas las administraciones también se incorporarán a su puesto de trabajo?", se preguntó. Bautista señaló que estas personas trabajan en la Administración "por su partido" y cobran un sueldo público. Con ello denunció que "los políticos no aplican las mismas medidas de recorte presupuestario" que exigen a otros colectivos, como los sindicatos.
Lo que le interesa al Gobierno de Canarias, afirmó Bautista, es plantear "un conflicto" con las centrales sindicales, y transmitir a la sociedad que protestan por la eliminación de derechos sindicales. Los portavoces de UGT y CCOO lo niegan. Aseguran que están en lucha por los derechos de todos los trabajadores y "si lo que pretende el Gobierno es ir a las trincheras, CCOO y UGT estaremos en la batalla", señaló Juan José Arteaga, secretario general de CCOO. Por ahora, se han dado de plazo "esta semana" por si el Gobierno canario responde a sus exigencias, de lo contrario, no descartan plantear un calendario de movilizaciones.
De cara al futuro exigen la convocatoria de la mesa de la función pública, para retomar unas negociaciones que conduzcan a un acuerdo. Los sindicatos aseguran que han propuesto una aplicación "negociada" de los recortes que incluyen los Presupuestos, un plan de recuperación de derechos, la reorganización de la Administración Pública para la sostenibilidad del Empleo Público, y la convocatoria de un debate "amplio" sobre los pactos en Educación y Sanidad.
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