La falta de personal en la Consejería de Bienestar Social hace que los expedientes de las pensiones no contributivas tarden hasta 12 meses en resolverse. Los beneficiarios de esta prestación de 339 euros al mes son aquellos que carecen de ingresos y tienen más de 65 años o sufren una discapacidad superior al 66%.
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) en Canarias es sinónimo de tener que armarse de paciencia, puesto que el tiempo medio de resolución se sitúa en los 12 meses.
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| Roberto González Cabezuelo, presidente comite empresa Bienestar Social, S/C Tfe |
Como muestra del retraso, baste decir que ahora mismo se están empezando a resolver las solicitudes presentadas en julio del año pasado.
"Esta situación es especialmente grave en los casos de PNC de invalidez, ya que la persona debe hacerse el reconocimiento de minusvalía y para ese trámite se está dando fecha para dentro de seis, siete, incluso ocho meses, por lo que tampoco se puede resolver hasta transcurrido un año o incluso más", explica un funcionario.
Sin embargo, en el caso de las PNC por jubilación, los tiempos de espera tampoco son cortos, ya que se sitúan entre los seis y ocho meses de espera desde el momento de su presentación.
El presidente del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Roberto González, señala que "la situación no es peor porque los trabajadores conocen las carencias que suelen tener los solicitantes y hacen todo lo que pueden y más, pero aún así del año de espera rara vez se consigue bajar".
Y es que los beneficiarios de las PNC son aquellas personas que tienen más de 65 años o una incapacidad reconocida superior al 66% y que no han cotizado el periodo mínimo que establece la ley para poder cobrar una pensión contributiva. Además, deben acreditar que no poseen ingresos económicos suficientes para subsistir, por lo que, durante el tiempo de espera, en la mayor parte de los casos se ven obligados a recurrir a la ayuda de sus familiares, las ayudas públicas existentes e incluso a Cáritas u otras organizaciones sociales.
Cabe recordar que la cuantía de la pensión es de un máximo de 339 euros mensuales, aunque se empieza a calcular desde la fecha del registro de entrada en la Consejería de Bienestar Social, por lo que una vez que es concedida se pagan todos esos meses de forma conjunta en concepto de atrasos.
Debido a esta circunstancia, en múltiples ocasiones los ayuntamientos hayan solicitado al Gobierno canario que agilice la tramitación de estas pensiones, puesto que durante el tiempo de espera las corporaciones han de hacer efectivas ayudas de emergencia social para garantizar las necesidades básicas del solicitante.
De lo que no hay duda es de que el cuello de botella se localiza en el Centro Base, que es el servicio donde se realizan los reconocimientos de minusvalías, ya que no sólo hacen éste trámite para las PNC, sino también para las personas que quieren beneficiarse de bonos de guaguas gratis, bonos para la piscina municipal, plazas de aparcamiento, prestación familiar por hijo a cargo, orientación para ingreso en centros o incluso viviendas, además de todas aquellas personas a las que les toca revisar su grado de minusvalía.
Roberto González confirma que aunque los Equipos de Valoración y Orientación hay personal médico, corresponde a la Consejería de Bienestar Social su dotación de personal. "El personal es exactamente el mismo que hace diez años. Se han presentado todo tipo de quejas y propuestas a la Dirección General de Servicios Sociales, sobre todo relacionadas con la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, pero en la realidad nada cambia y sigue el atasco".
En este punto tanto el presidente del comité de empresa como los propios trabajadores reconocen que los retrasos en las resoluciones han causado más de un problema a los trabajadores, teniendo que llegar a intervenir el servicio de seguridad de las dependencias de la consejería.
"Una persona que ha presentado la documentación hace meses no entiende que todavía no esté cobrando la pensión que le corresponde y, en ocasiones, no asimila bien que un trabajador le diga que no sabe cuándo podrá contar con ella", explica González que se cuestiona si el Gobierno "no tomaría cartas en el asunto si tuviera que decirle cara a cara a una persona que no tiene medios para vivir que tiene que seguir esperando".
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