Muy poco dinero para tanto cargo. El voluminoso aparato administrativo de Canarias posee 1.713 altos cargos, uno por cada 1.225 habitantes l Una de las losas más pesadas es la de los 76 organismos o empresas públicas
DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Partido Popular de Canarias ha defendido la necesidad de reducir el número de altos cargos, así como de organismos y empresas públicas, para atajar el asfixiante déficit público nacional. Los socialistas fueron más concretos: suprimir dos consejerías, reducir la mitad del personal de confianza (de 100 a 49) y acabar con 34 altos cargos del Gobierno autónomo. El debate, además, no se circunscribe sólo a Canarias, una vez comprobado que la reducción de los salarios de los trabajadores de las administraciones no es suficiente. En el resto de comunidades y hasta en la Administración estatal se discute de qué manera aligerar el voluminoso aparato administrativo. Pero, ¿cuántos altos cargos y asesores hay exactamente en Canarias? Sin esta respuesta es imposible comprender la dimensión de la corte pública.
Entre el Ejecutivo, el Parlamento, los cabildos y los ayuntamientos, hay actualmente en el Archipiélago 1.713 altos cargos, entre presidentes, consejeros, concejales, diputados, viceconsejeros o directores generales. Recientemente, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, remiso a cortar cabezas, presumía de que la comunidad autónoma canaria es una de las que menos altos representantes posee en comparación con las resto del país. En concreto, es la quinta por la cola en términos absolutos, sólo contando con los puestos relacionados con el Ejecutivo, al contabilizar cerca de 130 (exactamente 121). Pero se trata de datos relativos, pues si se calcula la proporción con respecto a la población, Canarias estaría en una zona medio-alta.
Pero luego están los asesores, los miembros de los gabinetes de prensa, los trabajadores elegidos a dedo y, sobre todo, los nada menos que 76 organismos y empresas públicas, una de las losas más pesadas y discutidas del entramado. Sólo en las diferentes áreas del gobierno figuran 19 miembros de gabinete, 27 asesores, 35 secretarios, dos miembros de protocolo, 4 asistentes, 13 integrantes de las oficinas de comunicación y 100 miembros del personal de confianza, aparte de los casi 11.000 funcionarios temporales o de carrera. Los 1.713 altos cargos totales de las administraciones suponen uno por cada 1.225 habitantes.
Hay mucho más: 88 alcaldes, la friolera de 1.272 concejales en el también discutido exceso de ayuntamientos, 7 presidentes de cabildos, 146 consejeros insulares y 80 altos cargos del Parlamento, entre los diputados electos, los responsables del principal órgano legislativo y los funcionarios y asesores de los organismos adscritos a la Cámara regional, como el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común.
"Es demasiado". Por lo menos eso considera el socialista Pedro Lasso, analista electoral, administrador financiero de la comunidad autónoma y que actualmente trabaja en la recopilación de todos estos datos estadísticos, que no se conocían hasta ahora con semejante precisión, para hacer un análisis valorativo y ofrecer soluciones. A Lasso le llama la atención también "todo el tinglado alrededor del área de Presidencia", que Turismo "sea una consejería ante la poca estructura que posee" o "la barbaridad" de empresas y organismos públicos, si bien precisa que Canarias es la única comunidad que incluye en su estatuto una limitación de consejerías del Gobierno, nunca superior a 10.
Hacer de todos modos un estudio sobre la voluminosidad administrativa en España es muy complicado, sobre todo por los vericuetos legales y la disparidad de criterios de cada comunidad. La trampa es sencilla, según un reportaje reciente del diario Público. Los expertos subrayan cómo, copiando la Ley de Funcionamiento de la Administración General (Lofage), las autonomías se han dotado de normas según las cuales alto cargo es sólo aquel que nombra el Consejo de Gobierno. Para dar apariencia de contención en altos cargos basta, así, con nombrar por orden de un consejero y no por decreto a los titulares de puestos eminentemente políticos. Los directivos de los 2.000 entes dependientes de autonomías figuran mayoritariamente en esa última categoría.
Pero lo que más indigna a Lasso es que casi todos los cargos de los órganos parlamentarios hayan permanecido la práctica totalidad de la presente legislatura en funciones, sin que el presidente, Antonio Castro, ni los tres partidos con representación en la Cámara hayan resuelto esta irregularidad. Pero el diputado del común, los consejeros de la Radiotelevisión Canaria y los miembros de la Audiencia de Cuentas, así como sus asesores, han ejercido su labor sin que los órganos fueran renovados.
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