miércoles, 3 de noviembre de 2010

hasta 6 años de cárcel

El posible delito que el PP imputa a Ruano supone inhabilitación y hasta 6 años de cárcel

De profesión joder a los
Empleados Publicos
El presunto delito que el PP ha imputado al consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, por falsear un documento público en su calidad de secretario del Gobierno regional, está castigado por el artículo 390 del Código Penal con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial para ostentar cargo público.
Así lo ha confirmado el portavoz socialista, Francisco Hernández Spínola, tras retar al PP a “pedir disculpas públicas” o llevar este asunto “a los tribunales” si los conservadores mantienen que ha habido “alteración de un documento público”.
“De acuerdo con el Código Penal ese delito está castigado con la pena de entre tres y seis años de prisión, multa y además, inhabilitación especial, por lo que estamos ante un tema muy grave porque está en juego la credibilidad del Gobierno”, afirmó Spínola.
Como se recordará, el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, Víctor Moreno del Rosario, aseguró que “resulta difícil de entender que en el transcurso de una semana, desde que el Gobierno aprobó sus presupuestos en el Consejo de Gobierno hasta que los presenta en el Parlamento se hayan encontrado de repente 86,55 millones de euros más.
Para Moreno, que pidió explicaciones a Jorge Rodríguez como sucesor de José Manuel Soria en la Consejería de Economía y Hacienda, “ la vista de los Presupuestos presentados en este Parlamento es evidente que se han producido modificaciones respecto al aprobado sin que se haya dado el visto bueno por otro Consejo de Gobierno, lo que hace imperioso que el Ejecutivo de una explicación razonable a esta posible irregularidad”.
Por ello, Spínola, como ya hiciera esta misma mañana el portavoz del área económica, Blas Trujillo, ha recordado que la certificación que obra en poder del PSC tiene “presunción de veracidad”, por lo que “le corresponde al PP despejar la duda de si el Gobierno ha actuado de acuerdo con la ley, o no”, una cuestión que los socialistas demandarán a lo largo de todas las comparecencias que restan de los distintos miembros del Gobierno para explicar los Presupuestos de 2011.

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