Por Augusto Klappenbach
Filósofo
Filósofo
La
miseria del título se refiere tanto a la miseria económica como a la
miseria moral. Porque negar asistencia médica a personas que la
necesitan, sean o no inmigrantes y tengan o no sus papeles en regla,
constituye un recorte que merece el calificativo de miserable. Y ello,
en dos sentidos. En primer lugar desde el punto de vista ético:
discriminar el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales como
es el derecho a la salud por razones administrativas constituye un
recorte moralmente intolerable. Pero además es miserable desde el punto
de vista económico. ¿A cuánto ascenderá el ahorro resultante de este
recorte? ¿Será siquiera comparable al que resultaría de eliminar
organismos burocráticos inútiles, gastos de representación, coches
oficiales y un largo etcétera? El coste del sistema sanitario depende de
las instalaciones, el personal y los insumos. Pero el ahorro que se
consiga seleccionando a algunos pacientes a los que se niegue la
atención resulta irrelevante. Sobre todo teniendo en cuenta que la
población inmigrante, mayoritariamente joven, no es la que más
tratamientos médicos requiere. La excepción que se hace con los menores y
las mujeres embarazadas reduce todavía más el supuesto ahorro que
implicaría la medida.
No
se trata, por supuesto, de justificar el turismo sanitario que
practican algunos ciudadanos de naciones de nuestro entorno, que buscan
en España una atención médica mejor que la que ofrecen sus propios
países. Parece razonable, como indicó el gobierno, que en esos casos se
remita la factura a sus países de origen, se consiga o no su reembolso.
Pero estos casos poco tienen que ver con inmigrantes irregulares cuyas
naciones de origen se desentienden de ellos y que no tienen otra opción
que acudir al sistema sanitario español en caso de enfermedad. Negarles
esa atención o pedirles que paguen un seguro médico que a muchos les
resultaría imposible condenaría a muchos de ellos a un deterioro
considerable de su salud, sobre todo en casos de enfermedades crónicas
que requieren un tratamiento continuado.
Si
no existen razones económicas significativas ¿cuál es la razón de este
recorte? Creo que se trata de enviar a los inmigrantes un mensaje de
este tenor: “como la crisis ha hecho innecesario vuestro trabajo
(gracias al cual muchos empresarios disfrutaron durante los tiempos de
prosperidad de mano de obra barata y sumisa) ahora debéis entender que
vuestra presencia en este país ya no es tolerada. Debéis marcharos y
disuadir a vuestros compatriotas de emigrar a nuestro país”.
Puede
entenderse que en el sistema económico actual un país ponga condiciones
a la inmigración. Como sabemos, la globalización financiera y comercial
excluye la fuerza de trabajo, para la cual se establecen crecientes
medidas nacionales de control, incluyendo vallas que provocarían la
envidia del muro de Berlín. Pero tratándose de personas que residen ya
en nuestro país, aunque su entrada haya sido administrativamente
irregular, sus derechos fundamentales deben ser respetados. Y la
obligación de asegurar el ejercicio de esos derechos –como el derecho al
cuidado de la salud o la educación- corresponde a quien puede hacerlo,
en este caso al Estado. Aun cuando no falten ejemplos en Europa en
sentido contrario. Por citar un ejemplo, la Directiva del Retorno,
aprobada por el Parlamento Europeo (casualmente cuando los inmigrantes
comenzaron a ser innecesarios) que concede a los “sin papeles” un dudoso
privilegio jurídico: son los únicos ciudadanos que pueden ser
encarcelados durante un año y medio sin que se les acuse de ningún
delito. (Quien dude de esto puede consultar los artículos 15 y 16 de
dicha Directiva,ver PDF)
Los
derechos fundamentales no pueden depender de las contingencias
políticas, económicas o administrativas. La posesión o no de un
documento que legalice la permanencia en un país determinado no puede
convertirse en un pretexto para negar el ejercicio de derechos
reconocidos por los acuerdos internacionales con carácter universal. Y
así como deben reconocerse derechos jurídicos a todos los inmigrantes
(como el derecho al habeas corpus o la defensa en juicio) también deben
respetarse los derechos sociales básicos que el Estado esté en
condiciones de proporcionar. Y el derecho a la atención médica es uno de
ellos. Nuestro país ha optado por un modelo mixto de sanidad y
educación, asegurando el acceso de todos los ciudadanos a los servicios
públicos gratuitos (o casi). Otros sistemas, como el modelo
mayoritariamente privado de los Estados Unidos, han tenido tiempo de
demostrar su ineficiencia: no solo dejan a una parte importante de la
población sin atención médica de calidad sino que resultan más costosos.
Aprovechar la crisis para erosionar nuestra sanidad pública,
introduciendo excepciones que abren el camino a posteriores recortes y
modelos distintos, constituye una medida irresponsable.
Mientras
tanto, un considerable número de médicos de la sanidad pública han
propuesto el ejercicio de la objeción de conciencia ante esta medida. En
casos como este, en que entran en conflicto las leyes con la
deontología profesional, la desobediencia civil es el único camino que
les queda. Inmigrantes o no, merecen el apoyo de todos. Y nuestra
defensa ante posibles sanciones.
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