SERÁN LA MUTUAS PRIVADAS LAS QUE EXPEDIRÁN LAS BAJAS POR ENFERMEDAD
"Hasta
siete facultativos pueden intervenir
para dar de alta a un trabajador". "Los expertos piden mayor
protagonismo de las mutuas en las altas y las bajas". "La ministra de
Empleo ha legislado para acabar con el fraude del absentismo laboral". Con tan terminantes y sesgados juicios ha
comenzado a presentar la prensa del establishment la última contrarreforma
implementada por el Ejecutivo Rajoy en
el mercado de trabajo español.
El objetivo de la misma no es original. Se
trata, una vez más, de aumentar los beneficios de las grandes empresas rebajando los
"costes laborales". En este caso, sin embargo, el ahorro se efectuará
negando de facto el derecho a mantener un puesto de trabajo cuando se sufra una
enfermedad de relativa duración. Aprobando, en definitiva, el "despido por
enfermedad".
El Ejecutivo Rajoy también rebajará el
tiempo que las empresas deben hacerse
cargo del coste de la bajas laborales y aumentará el papel de las mutuas
privadas en las gestión de las mismas. Medidas todas ellas que habían sido insistentemente
reclamadas por la patronal CEOE y Cepyme.
BAÑEZ
APRUEBA QUE SE PUEDA DESPEDIR "AUNQUE LA AUSENCIA SEA JUSTIFICADA"
Con el aplauso unánime de estos lobbys
empresariales el Ministerio de Empleo encabezado por Fátima Báñez, en efecto,
ha legislado. Pero no para "acabar
con el fraude" de quienes pudieran fingir enfermedades para no acudir
a sus puestos de trabajo, sino para que sea posible echar sin ningún tipo de
freno a un trabajador con bajas justificadas. A partir de ahora, será
procedente despedir a quienes no acudan a su puesto de trabajo un 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos,
o el 25% en cuatro meses discontinuos en un periodo de doce meses, "aunque la ausencia haya sido
justificada". Es decir, aunque
la más grave enfermedad diagnosticada por un médico especialista sea la causa
de estas ausencias.
MAYOR NEGOCIO
PARA LAS MUTUAS PRIVADAS. EL PP PROFUNDIZA EN EL CAMINO ABIERTO POR FELIPE
GONZÁLEZ
La contrarreforma del Gobierno del PP no solo abre las puertas para que los
empresarios se puedan deshacer, sin ningún problema, del trabajador que haya
cometido el terrible pecado de enfermar. También establece nueva rebajas a la aportación que
las empresas realizan para cubrir las bajas aprobadas, para lo cual se
disminuirá el tiempo que tienen que
hacerse cargo del coste de las mismas. Actualmente se ocupan económicamente de
las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, mientras que después se hace
cargo la Seguridad Social.
Pero el proyecto del Ejecutivo Rajoy va
mucho más allá. En diciembre de 1995, el Ejecutivo de Felipe González aprobaba el Real Decreto 1993/1995 que abría
el camino para que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales comenzaran a gestionar la prestación de incapacidad temporal por
contingencias comunes. Desde entonces, estas empresas han pugnado para conquistar nuevas cuotas de
mercado ocupando el lugar de los profesionales médicos del Servicio Nacional de
Salud.
Las mutuas, como las clínicas y los centros
de salud concertados, reciben fondos públicos, pero son compañías privadas integradas
en la patronal. Sus clientes son las propias empresas interesadas en que sus
trabajadores no reciban bajas, por justificadas que éstas puedan estar
médicamente, que puedan alterar mínimamente sus cuentas de resultados.
Leire Txakartegi, responsable de Salud Laboral
en la Ejecutiva del sindicato ELA - denuncia esta supeditación de lo público a
lo privado, alertando de que "en el fondo están acercando la opción de la
privatización del sistema de la Sanidad, lo que es malo no solo en general para
la sociedad, sino para los trabajadores en particular, porque se utiliza la salud
con criterios económicos".
Adolfo Muñoz, secretario general de este sindicato,
se muestra igualmente contundente a este respecto. "Las mutuas -concluye Muñoz-
se ponen al servicio de los empresarios en contra de la salud de los
trabajadores. Solo quieren el negocio".
No hay comentarios:
Publicar un comentario