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RESUMEN DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 14 DE DICIEMBRE DE 2012

Este viernes 14 de diciembre de 2012 la Dirección General de Función Pública nos convoca a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para tratar un Proyecto de Decreto de medidas coyunturales de reducción del gasto público y las Medidas de ajuste del Capítulo I en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.

La reunión comienza pidiendo las organizaciones sindicales que se nos transmita información sobre la valoración económica del ahorro que han supuesto la batería de medidas de ajuste que se nos ha venido presentando en las diferentes reuniones y que se están aplicando. La Inspectora General de Servicios nos comunica que espera poder hacer un análisis para presentarnos esta información en futuras reuniones.

Se pasa a analizar el Proyecto de Decreto de medidas coyunturales de reducción del gasto público, que plantea la eliminación de una serie de indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados o por razones de servicio. Desde las organizaciones sindicales se reitera la solicitud de que se establezca un único grupo de indemnizaciones para todo el personal, equiparando las que cobran los altos cargos (que son económicamente superiores) a las del resto de empleados públicos.

Desde Intersindical Canaria proponemos que al igual que el Proyecto de Decreto establece un control sobre las contrataciones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones informáticas, se establezca también un control sobre todas las encomiendas y externalizaciones que se estén realizando y que sea la propia comisión encargada de realizar la reordenación de los recursos humanos la que estudie caso por caso si cada una de estas encomiendas o contratos que se pretenda realizar se pueden llevar a cabo con personal propio de la Administración o motive, en su caso, la necesidad de hacerlas con personal externo.

Acto seguido se pasa a debatir las medidas de ajuste del Capítulo I, donde la Administración nos trae a la mesa la misma propuesta:

• Nuevo régimen de deducciones para las bajas por enfermedad.
• No reposición de efectivos (salvo lo previsto por la ley en los servicios esenciales).
• Limitación de las Ofertas Públicas de Empleo.
• No se permitirá la prolongación en el servicio activo de los funcionarios de carrera una vez cumplan la edad de jubilación.
• Se revocarán todos los permisos de los funcionarios de carrera que actualmente se mantengan en servicio activo tras la edad de jubilación.
• No se renovarán los contratos temporales cuando se extingan.
• Se incrementará la jornada laboral del personal estatutario desde las actuales 37 horas y 10 minutos hasta las 37 horas y 30 minutos semanales.
• Se mantiene el incremento del número de horas lectivas del personal docente no universitario actualmente en vigor.
• Reducción de jornada y sueldo para el personal laboral temporal e indefinido, así como a los funcionarios interinos de un 20%.

La única novedad que plantea la Administración es que la reducción de jornada y sueldo para el personal laboral temporal e indefinido, así como a los funcionarios interinos cuya jornada sea inferior a 25 horas semanales, será de un 10%. Además nos comenta que las cotizaciones a la seguridad social no se mantendrán, sino que se reducirán de forma proporcional a la jornada y horario.

Acto seguido la Administración pregunta a las organizaciones sindicales las propuestas que tienen, ante lo cual se comienzan a plantear tanto medidas de incremento de ingresos como de ahorro en otros capítulos presupuestarios. Algunos ejemplos planteados fueron la incentivación de las prejubilaciones, cobrar tasas por la instalación de cajeros automáticos, reducción de altos cargos y personal eventual, etc... Desde Intersindical Canaria se propuso instaurar una tasa ecológica que se cobre a los turistas que nos visitan y se recordó que alrededor de un 70 por ciento de las 100 medidas de ahorro planteadas hace ya varios meses por esta organización sindical no han sido puestas en práctica por la Administración.

El Director General de Función Pública nos manifiesta que las organizaciones sindicales están proponiendo medidas que van más allá del ámbito de negociación de la mesa y que tanto él como el resto de representantes de la Administración están habilitados por el Gobierno de Canarias solamente a negociar cómo se reducirían los 87 millones de euros del capítulo I.

Ante tal afirmación el vocal presente en la mesa por parte de Intersindical Canaria manifiesta que de las declaraciones del Director General se interpreta que todas las propuestas que están haciendo las organizaciones sindicales le servirán al Gobierno para ajustar su déficit presupuestario pero evidentemente no quieren utilizarlas para eliminar o al menos minorar el ajuste que se pretende realizar en el capítulo de personal (lo que evidencia que la decisión la tiene tomada de antemano la Administración), ante lo cual decide levantarse de la mesa de negociación.

Desde las organizaciones sindicales se recuerda que la medida de reducción de jornada y sueldo planteada es ilegal y que hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo ponen de manifiesto, ante lo que el Director General de Función Pública nos plantea que la Directiva Europea a la que se refieren las sentencias establece unos casos excepcionales y que el Gobierno entiende que la situación de crisis justifica esta excepcionalidad. Desde las organizaciones sindicales se le manifiesta que la crisis podría justificar algún tipo de reducción, pero que de ninguna manera justifica la discriminación de unos colectivos respecto a otros.

TENDRÁN EL PODER, PERO NO TIENEN LA RAZÓN. LA RAZÓN ESTÁ DE NUESTRA PARTE

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