SOMOS LABORALES

Nota del Movimiento FUE ante el RDL 1483/2012 Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada

Como todos nos temíamos y se comentaba en los últimos días entre empleados públicos en las oficinas, en las redes sociales, en el foro del Movimiento FUE, no era casualidad la manipulación informativa hecha pública recientemente por el INE en la Encuesta de Estructura Salarial de 2010 en la que se afirmaba que los empleados públicos cobraban un 30% más que la media de los trabajadores de este país.

Se confirma que cada ataque a la integridad, a la profesionalidad o a las remuneraciones de los empleados públicos desde las esferas gubernamentales precede a una medida coercitiva en contra de los mismos, con el fin de manipular la opinión pública ante dicha medida y dotar de argumentario a los portavoces oficiales y a sus seguidores.

El Gobierno, con este Real Decreto Ley, se dota de la herramienta jurídica perfecta para despedir a los contratados laborales y al personal de empresas con más del 50% de capital público, de una manera fácil y asequible, acorde con las líneas políticas establecidas en la Reforma Laboral (Ley 3/2012 de 6 julio).

Según este Reglamento, las regulaciones de empleo podrán justificarse por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se entenderá como causa económica la insuficiencia presupuestaria, una disminución del 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos anteriores. Teniendo en cuenta quién maneja los presupuestos, la decisión de la ejecución de los despidos corresponderá a la propia Administración sin la intervención de ningún agente externo como el mercado como ocurre en el caso del ámbito privado.

Además el Gobierno va más lejos que en la Reforma Laboral, en el Real Decreto Ley no se recoge la posibilidad de que se apliquen reducciones de jornada o de salario, medidas de flexibilidad que si se potencian en dicha Reforma.

El Movimiento FUE se opone frontalmente a esta medida que está destruyendo alrededor de 840.000 trabajadores de las Administraciones Públicas y que demuestra que el Gobierno sólo está preocupado por el déficit público y ante este único objetivo está dispuesto a sacrificar a quien sea. En el sector público, se destruye empleo de forma más intensa que el privado. De los casi 97.000 puestos de trabajo eliminados entre julio y septiembre, la mitad, 49.400, eran empleados de la Administración, demostrando que el peor empresario del País, es el Gobierno.

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