El proyecto de Presupuestos que Canarias entrega este viernes refleja un recorte del número de altos cargos
El proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Canarias entregará el
viernes a su Parlamento no incluye una rebaja de los salarios de los
empleados públicos, pero sí un recorte del número de altos cargos y de
personal de confianza en una proporción similar a la que baja el gasto
previsto, casi un 7 %.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero,
ha reconocido hoy en una entrevista con Efe que los Presupuestos de 2013
serán "duros", porque se trata de administrar "escasos recursos, mal
financiados", sin que eso afecte a los servicios públicos de una manera
que ponga en peligro "la cohesión social y territorial del
archipiélago".
"Canarias no se puede permitir el lujo de hacer lo
que está ocurriendo en otras comunidades, como privatizar hospitales. No
podemos permitirnos ese lujo porque la estructura socioeconómica de
Canarias es diferente: tenemos más de 30 % de paro y las rentas y
salarios más bajos del Estado", ha señalado.
Ha recalcado que en
el debate entre quienes defienden mantener los servicios públicos sin
cambios y quienes demandan sustituirlos por la iniciativa privada, el
Gobierno canario y su propio partido, CC, apuestan por conservarlos,
"pero introduciendo todas las reformas que sean necesarias para hacerlos
más eficientes, con más calidad y más ajustados a la realidad que
vivimos".
El presidente canario ha señalado que, para conseguir
ese objetivo, con un presupuesto que arrastra ya varios recortes de
gasto consecutivos, es necesario tomar decisiones en algunos campos.
"Haremos
un nuevo ajuste en la Administración. Si en 2013 vamos a administrar
casi un 7 % menos de gasto que en 2012, pues nos sobrará aproximadamente
la misma proporción de altos cargos y de cargos de confianza para
gestionar el presupuesto", ha adelantado.
Sin embargo, ha
precisado que no está previsto una nueva rebaja de las retribuciones de
los empleados públicos, "excepto en aquellos casos en los que se trabaje
menos horas".
"Otra cosa diferente es que el Gobierno de España
tenga que tomar decisiones que afecten a todos los empleados públicos de
España en el momento que estime, tal como hizo el año pasado", ha
añadido.
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