La “reforma laboral” del gobierno del PP golpeó en el centro vital del estado social y de
derecho.
No
por ser continuidad de una línea por donde cursaba decidida la política de la social democracia de derecha,
la brutalidad sin precedentes de esa reforma desautoriza al gobierno del PP y de la gran patronal en su
pretensión de compartir responsabilidades.
Los
resultados son de una elocuencia social terrorífica, se baten estremecedores
récords en la cifra de parados y se degradan en extremo todas las condiciones de
trabajo y existencia de la población asalariada. Al tiempo se desmantelan, se
amputan o recortan drásticamente los instrumentos y prestaciones de
salario indirecto y redistribución de la riqueza: la generalidad de los
servicios sociales, la protección de la seguridad social y de la dependencia,
los servicios sanitarios y educativos públicos, la fiscalidad progresiva…
En
estos días ha salido a la superficie el balance de la reforma en lo que
concierne a los ERE -Expedientes de Regulación de Empleo y despidos
colectivos-.
Como
se sabe la “autorización administrativa” para los despidos por medio del ERE,
que requería la legislación derogada, incomodaba a la patronal como diente
de ajo a vampiro. Se exponían a que los inspectores responsables y
limpios, que eran y son muchos, les obligaran a sacar de los armarios los
cadáveres mejor guardados: ¡las cuentas reales!. Justamente por eso los
trabajadores contaban con un margen no despreciable de resistencia. A la
“autorización” la patronal se la tenía jurada.
Aquel
requisito traía su fundamento directamente de las obligaciones que impone
a la administración el orden constitucional y las normas donde se expresa el
estado social: el trabajo como derecho (Art. 35 CE), políticas orientadas al
pleno empleo (Art. 40 CE), función social de la propiedad (Art. 33
CE)…
La
liquidación de la autorización previa para los despidos colectivos, vieja
reivindicación de la patronal, es una de las “perlas” de la “reforma”. Con ello
se debilitó sobremanera la posición de los trabajadores, de sus representantes y
de los sindicatos en toda la fase de negociación. Ha sido por esto y por las
máximas facilidades para despedir a destajo, sin causa real que lo justifique,
por lo que desde la entrada en vigor de la “reforma laboral” el ERE ha caído en
las manos de la patronal como picana destripadora del derecho al trabajo y a la
estabilidad en el empleo.
Los
ERE se han multiplicado exponencialmente, de forma muy particular los ERE sin
acuerdo, o lo que es lo mismo, los despidos en masa de trabajadores
indefensos: en febrero el 10% del total de ERE -254- se llevaron a efecto sin
acuerdo, en marzo ya fueron el 29% -900-, en abril el 56% -1543- y en mayo la
cifra ascendió al 68% -2047-.
Si
algo es irrenunciable para el campo de la democracia real en general, y para el
movimiento obrero en particular, es la derogación de la llamada “reforma
laboral”. En ella se relame la sádica “moral” del gran capital, la burguesía
decadente y la derecha ultrareaccionaria-“que se
jodan”-, no en vano representa la mayor regresión en el conjunto de los
derechos de los trabajadores en los últimos 40 años y el más feroz ataque al
estado social y democrático de derecho.
Autor del artículo: Joaquin Sagaseta. Abogado laboralista. Las Palmas de Gran Canaria. 3 de Agosto de
2012
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