Escasez de dotación presupuestaria, insuficiencia de personal y los retrasos en la emisión de los informes son las principales quejas que recibió el Diputado del Común en Servicios Sociales.
Los Servicios Sociales en general y la Ley de Dependencia se convirtieron en un motivo destacado de quejas ante el Diputado del Común durante el año pasado. Así, del total de las quejas recibidas por esta institución en 2011 (1.217) un 5,6 por ciento (67) hicieron referencia a la solicitud de prestaciones municipales referidas a ayudas económicas de emergencia.
En esta área, llegó al organismo una nueva razón de queja, los retrasos en los informes para tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Uno de los principales motivos de reclamaciones en esta área fue la escasez o insuficiencia de dotación presupuestaria "por parte de entidades locales para afrontar este tipo de requerimiento cada vez más frecuente", señala el balance del año pasado del organismo.
La insuficiencia de personal técnico en los ayuntamientos, en concreto de trabajadores sociales, sobre todo para la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), fue otra razón de queja de los canarios.
Según señala el documento de la institución, la redacción del informe social para la concesión de este tipo de ayudas se demora en los consistorios un periodo medio de tres meses.
Pero uno de los problemas más graves detectados por la institución fue la demora en la redacción y emisión de los informes técnicos preceptivos para tramitar las solicitudes de la PCI en "las oficinas de la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias".
En esta área, el nuevo Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, observó el año pasado un nuevo motivo de reclamaciones, el relativo a la exclusión social extrema y las personas sin hogar.
Sobre este asunto, los canarios denunciaron la falta de previsión en el número de plazas en alojamientos para personas que se encuentran en esta situación, así como una "clara falta de normativa municipal en cuanto al protocolo o reglamento y régimen interno del Albergue municipal", destaca el informe.
Pero las reclamaciones no hicieron referencia solo a administraciones locales, insulares o regional, sino que un número destacado de ellas criticaban el "incumplimiento de los plazos de respuesta del Diputado del Común", que llegaba a superar los seis meses de vida del expediente.
Ley de Dependencia
Las excesivas demoras en la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones de esta ley fueron otro de los motivos destacados de las reclamaciones recibidas por el Diputado del Común durante el año pasado, pues ocuparon un 6,32 por ciento del total de quejas recibidas (77 reclamaciones).
Pese a que la institución señala que se ha reducido el plazo en el que la administración valora las peticiones y reconoce el grado y nivel de dependencia, que la Ley marca que es de máximo tres meses, "continuamos observando retrasos muy elevados en la aprobación de los Programas Individuales de Atención, que en algunos casos llegan a más de 30 meses desde que se produce el reconocimiento de la situación de dependencia, o lo que es lo mismo, excediendo en 27 meses el plazo legalmente establecido", concreta el balance.
El Diputado del Común destaca en su balance anual que, en algunos casos, "la duración total del procedimiento resulta completamente desproporcionada y deja sin contenido el derecho a la protección de la dependencia que la Ley ha reconocido".
En este sentido, la institución señala que se ha producido de forma repetida "el fallecimiento de la persona reconocida como dependiente, sin que se hubiera llegado a aprobar su Programa Individual de Atención".
Por ello, y con el fin de mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias, el Diputado del Común recomienda al Ejecutivo regional que aborde este asunto "mediante un norma con rango de Ley".
discapacitados
Demora en los trámites
Los retrasos en la tramitación del reconocimiento de discapacidad y la revisión del grado fueron uno de los motivos de quejas ante el Diputado del Común en 2011, institución que recibió 64 quejas sobre este asunto (un 5,25 por ciento del total de las reclamaciones). Otras reclamaciones fueron las relacionadas con los centros base para facilitar a los solicitantes la tarjeta de estacionamiento europeo para personas con discapacidad. Por último, la institución denuncia que, en la actualidad, "continúan existiendo numerosas barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad en Canarias". En este sentido, el Diputado del Común recuerda que los Estados están obligados a adoptar "las medidas que sean necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos de uso público".
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