Alberto Ruíz-Gallardón, ministro de Justicia, convenció a la
vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con el fin de
presionar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que
estos sostuvieran la posición del Ejecutivo con relación a Dívar.
Por Antonio Miguel Carmona
A la mañana siguiente Soraya Sáenz de Santamaría estaba sola en el
despacho. Tomó su móvil de forma resuelta y buscó en la agenda
electrónica el nombre de Erkoreka. -"Josu, buenos días, soy Soraya", le
anunció. Tras los saludos de rigor la vicepresidente le adelantó el
disgusto del gobierno por la situación de Dívar. -"Si no tienes
inconveniente, Josu, te rogaría que me dieras el móvil de Margarita
Uría", señaló la vicepresidenta reconociendo cuáles eran las verdaderas
intenciones de la llamada al portavoz del grupo vasco en el Congreso de
los Diputados.
Margarita Uría es miembro del CGPJ a propuesta del PNV y una de los
vocales que sostuvo la necesidad de que Carlos Dívar dimitiera. Erkoreka
dudó en esos momentos, pero, sin embargo, le espetó las nueve cifras y,
tras colgar, trató de adelantarse a hacer una llamada de advertencia.
La tentación siempre existe y, en función de los principios de cada
uno, se tarda en caer en la seducción del ejercicio ilegítimo de ejercer
el poder como una sombra alargada o no se sucumbe nunca.
-"Margarita, ¿qué tal?, acabo de hablar con la vicepresidenta, me ha
pedido tu teléfono, te va a llamar para presionarte en relación a tu
voto en el Consejo", se apresuró en decir Erkoreka. Uría, sin embargo,
no dudó en interrumpir al diputado : -"Josu, que se le vaya quitando de
la cabeza, a mí que no me llame".
Soraya Sáenz de Santamaría, mientras tanto, comprobaba que el
teléfono de Margarita comunicaba. Lo dejó para más tarde mientras,
siguió repasando la lista que su secretaria le había dejado encima de la
mesa de parte del ministro de Justicia. El siguiente a presionar era
Ramón Camp, vocal de CGPJ a propuesta de CiU.
Parecía paradójico que, tras defender el Ministro de Defensa la
elección de los vocales del CGPJ por el sistema endogámico previo a 1985
-en el que dominaba la asociación conservadora-, argumentando además la
posición en la presunta defensa de la independencia, se atrevieran a
ejercer una presión tan directa como obscena.
En rueda de prensa, dándole respuesta a varias preguntas, la
vicepresidenta reconocía estas llamadas. Aunque a uno no le quepa
imaginarse más imposturas por parte de este gobierno, su capacidad de
sorprender es siempre superior a la de mentir. Cuando se les llenaba la
boca defendiendo la independencia del poder judicial no esperábamos que
de forma tan temprana el Gobierno de la Nación presionara a los jueces y
magistrados para tomar una decisión favorable a sus pretensiones.
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