PLAN DE AJUSTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS
La empresa pública alega como causa objetiva 10 días de absentismo justifcados con baja médica.
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| Judit Marrero. |
Diez días de baja médica entre los meses de
noviembre y diciembre le han costado a Judit Marrero el puesto de
trabajo que ha ocupado los últimos ocho años. La empresa pública Gestión
Recaudatoria de Canarias (Grecasa), dependiente de la Consejería de
Economía y Hacienda, decidió prescindir de sus servicios el pasado 15 de
marzo alegando el absentismo como causa objetiva del despido,
aprovechando el nuevo marco de relaciones laborales que ha configurado
el Gobierno de Mariano Rajoy y adelantándose al plan de racionalización
que exige el Ejecutivo regional a sus sociedades mercantiles.
El cese fue fulminante. Nada más incorporarse a su jornada
laboral en una de las sedes de la empresa en Las Palmas de Gran Canaria,
Judit fue citada por el gerente en su despacho. ‘’Me dijo que, debido
al ajuste que tiene que hacerse en las empresas públicas, iba a haber
una serie de despidos y que yo cumplía los requisitos de absentismo”,
explica la afectada, que se negó a firmar una carta de despido en la que
le ofrecían una indemnización de 20 días
por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. El gerente no le
permitió ni siquiera cumplir esa jornada, al abonarle el periodo de
preaviso correspondiente a 15 días de su salario.
La empresa justifica el despido por unas ausencias que superan el 20%
de la jornada hábil en los dos meses señalados. La primera baja, entre
el 7 y el 14 de noviembre, se produjo como consecuencia de una
gastroenteritis que le contagió su hijo, entonces en periodo de
lactancia. La segunda, los días 12 y 13 de diciembre, por una
cervicalgia.
‘’Me operaron de escoliosis hace 20 años.
Tengo una estructura de hierro (la denominada maniobra de Harrington)
que fija toda la columna. Lo único que tengo con movilidad son las
cervicales, me suelo cargar y más por las condiciones de trabajo que
realizo”, explica Judit, que asegura que tras esos dos días de
diciembre en los que permaneció “en cama y con relajantes musculares”,
se incorporó voluntariamente en contra de la opinión de su médico.
La trabajadora despedida asegura que se ha puesto en contacto “en
multitud de ocasiones” con el personal de Recursos Humanos de Grecasa
para solicitar una adecuación del puesto de trabajo a sus necesidades y
condiciones físicas, en base a un informe de la mutua y en virtud del
artículo 17 de su convenio colectivo, que establece los instrumentos
para el control del absentismo laboral y las medidas para su reducción,
“incluyendo las de salud laboral”.
Judit Marrero presentó este martes ante la empresa la reclamación
previa a la vía judicial laboral, en la que manifiesta su disconformidad
con la decisión adoptada por Grecasa, al entender que las ausencias
estaban justificadas por enfermedad y refrendadas por informes médicos.
Solicita que el despido sea declarado improcedente.
El despacho de abogados que está llevando el caso considera que
la empresa debe tener en cuenta la normativa que estaba en vigor en el
momento de producirse los hechos (noviembre y diciembre) y, por lo
tanto, debe contemplar “como término comparativo, un índice de
absentismo total de la plantilla de un 2,5%”, una exigencia que ha
eliminado la reforma laboral del PP, vigente desde el pasado 13 de
febrero. Además, considera que la empresa excedió los plazos
establecidos para notificar las faltas por ausencias. Según la
normativa, las faltas consideradas muy graves prescriben a los 60 días, contando desde la fecha en la que la empresa tuvo conocimiento de su comisión.
‘’Nadie puede dudar de mi profesionalidad’’
Licenciada en Económicas, Judit fue contratada en la empresa
con categoría laboral de administrativa, a pesar de que realizaba
tareas de asesoramiento tributario. ‘’Hemos estado ahorrando mucho
dinero a la administración durante todo este tiempo”, resalta la
afectada, que incide en que como técnico, categoría que considera
acorde a su formación y la labor que venía ejerciendo, podría haber
cobrado entre 400 y 600 euros más todos los meses.
’Nadie puede dudar de mi profesionalidad, nunca he tenido una queja
de un contribuyente. Las bajas estaban justificadas y me han penalizado
en la nómina, en la imposibilidad de cobrar por productividad y,
ahora, con el despido”, subraya.
Apenas quince días antes de que le notificaran el despido, a Judit le
habían solicitado que se incorporara a una campaña especial de renta
convocada por la propia empresa y que prevé la contratación de 22
personas en la provincia de Las Palmas y otras 22 en la de Santa Cruz de
Tenerife.
Publicado en: http://www.canariasahora.com/noticia/216519/
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