martes, 3 de mayo de 2011

La Junta de Personal de Sanidad denuncia ante la Fiscalía a la secretaria general del Servicio de Salud


POR EL REPARTO DE PRODUCTIVIDAD DEL CONTROL DE INCAPACIDAD LABORAL
Quesada premió a su secretaria con 4.284 euros. También cobraron veterinarios, letrados y personal no adscrito a Inspección Médica.

La Junta de Personal del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife a la secretaria general de ese organismo, Lourdes Quesada, por el "arbitrario reparto" de la productividad por el cumplimiento de objetivos vinculados al control de la incapacidad laboral (IT), desvelado por CANARIAS AHORA en febrero pasado.
En su denuncia, los representantes de los trabajadores previenen de la inconveniencia de trasladar esa denuncia a la Fiscalía Provincial de Las Palmas por tener Lourdes Quesada "una relación familiar directa con algún miembro del órgano fiscal de dicha provincia". Quesada es la esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.
En su denuncia, fechada el pasado día 24, la Junta de Personal del SCS destaca que el SCS repartió "irregularmente" esos pluses [se investiga también en el seno de la Consejería] "en una cuantía acreditada de 425.000 euros procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)" destinados a controlar las bajas médicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Junta de Personal entiende que más del 50% de los repartos, concretamente 220.000 euros, fueron a parar a personal cuya participación en esos objetivos de control de bajas "resulta imposible de explicar y justificar", a pesar de que en las resoluciones emitidas por la Consejería de Sanidad se señala que los pluses respondieron al objetivo de "compensar el especial rendimiento y la actividad extraordinaria del personal para la consecución de los objetivos del convenio" entre la Comunidad Autónoma y el INSS.
El reparto, del que los representantes laborales responsabilizan exclusivamente a la secretaria general, Lourdes Quesada, se incluyó, entre otros, un pago de 4.284 euros a la secretaria de la denunciada "por haber apoyado al jefe del Servicio de Seguridad Laboral en la coordinación con los responsables del INSS de formación y las distintas gerencias, así como en la elaboración y remisión de escritos a los distintos responsables", según explicó la propia Quesada en un correo electrónico en el que explicaba sus motivos.
También resultaron agraciados con estos pluses los miembros de la asesoría jurídica, que cobraron 10.522 euros "por su participación en la defensa de recursos en el ámbito social de impugnación de altas médicas de inspección". Sin embargo, una resolución del director de ese servicio eximía expresamente a los letrados de asistir a las celebraciones de vista de los procedimientos de incapacidad laboral.
A pesar de que el complemento de productividad tiene como fin la incentivación de "inspectores médicos, subinspectores sanitarios, médicos de atención primaria y especializada y otro personal que participe en las experiencias de la Administración", el Servicio Canario de Salud premió a personal adscrito a los servicios de Estudios y Análisis Económico, Tesorería, servicio de Contratación, Normativa, Contabilidad, Suministros, Registro General Personal, secretarias de altos cargos, veterinarios, letrados, subalternos, conductores y personal de régimen interior y de servicios generales.
La Junta de Personal asegura en su denuncia que tiene constancia del reparto de 424.810 euros, pero que desconoce el destino de otros 1.121.819 euros que también constan en las partidas transferidas al Servicio Canario de Salud por parte del INSS.
En la denuncia, la Junta de Personal ha incluido ocho documentos, entre los que se encuentra el correo electrónico remitido por Lourdes Quesada a un funcionario que le preguntó por los criterios de reparto. 
Lourdes Quesada ya fue denunciada junto a otras personas por un colectivo ciudadano y una central sindical por su participación en la adjudicación irregular del concurso de hemodiálisis de los hospitales Molina Orosa, de Lanzarote, y Doctor Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria. La causa judicial, que está secreta, fue asumida hace meses por la Fiscalía Anticorrupción, que ha comisionado a dos fiscales de Madrid.
Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/179978/

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