Canarias tiene las competencias en materia de Justicia salvo para aquellos casos que no convenga a la autoridad competente. Esa es la conclusión más razonable a la que se puede llegar al conocer que la Consejería de Presidencia, Seguridad y Justicia se niega a correr con los gastos de dietas y alojamiento del juez César Romero Pamparacuatro, instructor del mayor sumario de corrupción de Canarias, el caso Unión. Pamparacuatro, que inició la instrucción en Arrecife, obtuvo plaza en los juzgados de La Laguna, pero tiene autorización del Consejo General del Poder Judicial para continuar con las ingestigaciones hasta darlas por cerradas en un plazo no superior a tres meses. Ya ha transcurrido uno sin que se haya movido una diligencia porque el Gobierno dice que él no tiene que pagar esos gastos, y mucho menos (añadimos nosotros) estando imputada como está la hermana de la viceconsejera de Justicia, Carolina Déniz. Para no enturbiar más el asunto proponemos que el Gobierno facilite al juez el helicóptero que habitualmente utiliza Paulino Rivero para desplazarse entre las islas, dado que, como ha afirmado el presidente, las horas de vuelo por él empleadas están incluidas en un cupo que no supone un sobrecoste para las arcas autonómicas. Y como el año pasado sobraron 200 horas, no es necesario pagarle al juez su alojamiento en Lanzarote, sino que regrese a Los Rodeos al terminar su jornada laboral. Lo puede organizar todo Ruano, que para eso es vicepresidente de la empresa Gestión Sanitaria de Canarias, que fue la que adjudicó ese servicio de helicópteros para evacuaciones aéreas. Siempre que se lo autorice Mercedes Roldós, que sigue siendo la presidenta. Y Javier Artiles, que fue el que asesoró a la mesa de contratación para adjudicar ese concurso. De nada.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/14354/
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