En reunión celebrada la pasada semana, en Subcomisión Técnica de Administración General, la Administración nos presenta a las organizaciones sindicales de la Mesa General (UGT, IC, SEPCA Y CCOO) una propuesta escrita en materia de personal para según ellos que contribuya a la sostenibilidad de los servicios públicos y a una mejor ordenación en el empleo público, con una serie de puntos que se pretende por parte de la Administración negociar a toda prisa y que las organizaciones sindicales le den el visto bueno, cuando prácticamente este Gobierno y sus Consejeros y otros altos cargos, está ya en funciones y no tiene capacidad, ni legitimidad para negociar asuntos que no ha podido ni sabido resolver en toda una legislatura de cuatro años, pretendiendo hacerlo en forma de Acuerdo que nos presenta por escrito, con una serie de puntos inaceptables por lo que explicaremos a continuación y máxime cuando estamos a dos meses de las elecciones autonómicas, y ni ellos mismos saben si las urnas les van a permitir seguir disponiendo del poder en cuanto a la regulación de las condiciones de los empleados públicos.
Sobre todo si como hemos mencionado algunos de estos puntos que nos presentan sobre el papel, esta Administración no han querido, no han sabido, no se han dignado, no tienen la suficiente inteligencia emocional, ni la empatía o asertividad necesaria para resolver las problemáticas atinentes a los empleados públicos canarios, muy al contrario han creado nuevas problemáticas en forma de Sentencias judiciales perdidas en muchos de los asuntos que han tratado como los concursos de traslados (se siguen además convocando cuando quieren tarde y mal).
Quede de antemano claro que nuestra postura fue no suscribir este Acuerdo y así lo manifestamos a la Administración en dicha Mesa.
Estos son algunos de los puntos que contenía dicha propuesta de Acuerdo y los motivos por los que nos negamos a su firma:
Para empezar el documento contiene un Preámbulo o Exposición de Motivos donde una serie de párrafos con una redacción francamente mejorable pone el acento en culpabilizar al empleado público de la situación en que nos encontramos, y en el que para muestra valga las líneas que transcribo literalmente:
“Existe el debate público sobre la percepción de que las Administraciones todavía no han realizado el ajuste que la situación requiere. Oímos hablar de que las Administraciones han de ponerse al día en su forma de hacer, que han de aplicarse criterios de eficacia, eficiencia, y economía, que sobran empleados públicos, que el diseño de las Administraciones no se corresponde con su ámbito competencial.
Hemos subrayado algunas cosas, pero como pueden ver todo el párrafo no tiene desperdicio, según su exposición sobran empleados públicos, hace falta más ajuste todavía después de los recortes sufridos por los empleados públicos, y la merma de derechos que hemos sufrido en la última ley de presupuestos, lo transcrito habla por si mismo y ante la claridad no hace falta más interpretación.
Otro punto es el llamado Medidas Organizativas, donde se pretende que les firmemos el que pueda haber medidas ordinarias de carácter forzoso de provisión de puestos o atribución de funciones, redistribución de efectivos y reordenación de las estructuras administrativas, incluyendo la movilidad funcional.
Sobra decir que no vamos a firmar a este respecto el que se pueda remover forzosamente a ningún empleado público de su puesto, máxime cuando como le decimos a la Administración, esta tiene instrumentos que no utiliza adecuadamente para dicha movilidad, como es convocar en tiempo y forma con la debida periodicidad los concursos de traslados, y hacer un uso adecuado de las RPTs, por lo que dichas medidas pueden y deben ser en primer lugar de carácter voluntario o/y incentivado y no dando o pudiendo dar lugar a remociones caprichosas, máxime cuando en ocasiones el uso de las modificaciones de las RPTs se hace de manera no adecuada o conforme a derecho, incluso a veces en contra de las opiniones de los propios servicios jurídicos de la Administración.
En cuanto a la Consolidación de Empleo Temporal, la Administración presente una propuesta que no garantiza en absoluto que el personal interino o temporal, en cuanto a funcionarios y laborales pueda o vaya a consolidar su plaza, pudiendo darse el caso incluso con el texto que nos presenta la Administración de que personal tanto funcionario como laboral que lleva años prestando sus servicios como empleados públicos, no pudiera entrar en dicha consolidación de empleo, ello con el texto que nos presenta la Directora. Sobra decir que no tampoco en este aspecto damos nuestra aquiescencia a dicho texto.
Vamos a referirnos a otro de los puntos que se nos presenta, la funcionarización, que si bien en el texto han hecho caso a alguna de las propuestas de la UGT en negociaciones pretéritas, por ejemplo en el tema de la voluntariedad, o sea que se funcionariza el que quiere y no de forma coercitiva u obligatoria, ello dentro del catálogo de plazas susceptibles de ser funcionarizadas, que sería asimismo negociable. Pero en otros puntos está la no pérdida o merma de derecho alguno, cosa que no vemos clara en el texto, y otro punto en discrepancia es la cláusula de no remoción e inamovilidad de aquel personal que no opte por funcionarizarse, que no vemos jurídicamente nada clara con el texto en la mano, o sea que el personal que no hiciera uso de ese derecho a la funcionarización permanezca en su puesto sin poder ser removido, cesado o amortizado en el mismo que es lo que nosotros pretendemos sin que haya duda alguna al respecto en forma jurídica. Además está la problemática del personal laboral temporal al que también querrían funcionarizar, sin las debidas garantías. Tampoco estamos de acuerdo en absoluto con dicha redacción.
Añade la Administración al texto un punto titulado pomposamente Medidas de colaboración en la transmisión positiva al empleado público del necesario desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y las medidas organizativas necesarias, incidiendo en aquellas medidas que pudiesen ser más relevantes.
Bajo este titulito pretende la Administración, crear un grupo de trabajo junto con los sindicatos para que demos el visto bueno (cosa que va a ser que no) sobre medidas que pretende desarrollar fuera del EBEP, y sin la Ley de la Función Pública Canarias que les daría cobertura y que no supo negociar con nosotros en esta legislatura, asuntos como:
-Evaluación del desempeño.
-Utilización eficaz de los recursos económicos disponibles en la Administración Autonómica mediante la dimensión adecuada de sus efectivos. Subrayamos esto porque no es difícil deducir de que trata esta frase, máxime cuando en las negociaciones de los últimos meses, a veces los representantes de la Administración, pronuncian con la boca pequeña, las palabras disminución de efectivos mediante expedientes de regulación o amenazan con nuevas mermas retributivas.
Obvia decir que nos negamos rotundamente también en este punto por su despropósito, y en absoluto vamos a colaborar ni transmitir nada que no sea la actuación de mala fe negociadora de esta Administración y su política de aprovechamiento del actual estado económico para cebarse con los empleados públicos. Mientras tanto la Administración y Directivos de sus Empresas Públicas actual y sus altos cargos siguen con sus pingues salarios y sin aplicarse los recortes de rigor, su cinturón no tiene que atarse en la misma medida que el nuestro.
PUNTO QUE LE PEDIMOS A LA ADMINISTRACIÓN QUE SEA AÑADIDO: REVISIÓN DE MEDIDAS ACTUALES DE RECORTES DE DERECHOS: Previo estudio de la ficha económico-financiera, que nos facilite la Administración, o que se deduzca de los datos que disponemos actualmente, proponemos y solicitamos a la Administración, la revisión de algunas de las medidas tomadas en recorte de derechos, asuntos que afecten a la conciliación de vida familiar y laboral y todas aquellas otras materias que puedan ser objeto de estudio y deliberación por nuestra organización, o que vayan surgiendo puntualmente, y que no tengan una clara, por no decir ninguna afectación económica, sino que supongan un mero aprovechamiento coyuntural de la crisis, como excusa para dichos recortes. Asimismo entre dichas medidas debería incluir una cláusula de recuperación de nuestro poder adquisitivo cuando la actual coyuntura económica haya pasado.
Canarias, 4 de marzo
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