Por prevaricación y malversación de fondos
 El movimiento político y social SOMOS MAS Frente Amplio ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un pago de 2,2 millones de euros realizado por el Organismo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz pese a la existencia de un informe en contra de la Intervención municipal. En ese momento, el Organismo estaba presidido por Maribel Oñate (PP).
Las irregularidades denunciadas suponen la transgresión de las más elementales normas que disciplinan la actividad presupuestaria y de contratación públicas, aparte de significar un consciente y deliberado desprecio hacia los básicos conceptos jurídicos que rigen la materia.
Según el texto de la denuncia, “por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, OAFAR), se tramitó expediente administrativo conducente al reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de dos millones doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y seis euros con veinticuatro céntimos (2.219.556,24 €)”.
“Dicho expediente administrativo comportaba el reconocimiento extrajudicial y extrapresupuestario de créditos incorporados a 19 facturas giradas todas ellas por la mercantil Producciones Rolo S.L. La Intervención municipal, en ejercicio de sus facultades de fiscalización interna, emitió Informe 21 de diciembre de 2009 por el que NO prestó su conformidad al mismo, al tiempo que advertía de forma clara y directa de las graves ilegalidades cometidas, así como de las responsabilidades jurídicas de toda índole en que se podía incurrir”.
Comentarios al Informe del Interventor
Del Informe del Interventor, se destacan las siguientes y flagrantes ilegalidades:
1º) No consta, ni resulta mínimamente acreditado, que los servicios facturados sean los realmente prestados. Es decir, no se sabe, ni se justifica la efectividad de los servicios cuya facturación ha sido girada.
2º) No consta debidamente justificado los precios unitarios de los servicios facturados, ni tampoco queda constancia de que dichos precios aplicados sean los de mercado.
3º) Por la Presidenta del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, Maribel Oñate, se prestó conformidad a dichas facturas. Ello se desprende del Informe de 20 de noviembre de 2009, emitido por la Gerencia del OAFAR.
4º) Se ha conculcado de forma flagrante, grosera, pertinaz y reiterada la legislación vigente en materia de contratación pública. La práctica totalidad de las 19 facturas giradas superan individualmente consideradas el límite cuantitativo legal que permitiría la adjudicación negociada sin publicidad (adjudicación directa). De modo que se ha prescindido total y absolutamente de los procedimientos de licitación que rigen la contratación pública vulnerándose los principios de buena administración y de trasparencia en la contratación, en perjuicio de otras empresas del sector susceptibles de haber concurrido competitivamente en un proceso licitatorio en condiciones económicas más favorables para la administración contratante y para el erario público. Así resulta del punto séptimo del Informe de fiscalización.
5º) Dicho reconocimiento extrajudicial de créditos no constituye un acto puntual sino que, antes al contrario, representa la excepción hecha norma (teniendo en cuenta el importe de las Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto a 31/12/2009, ello supone un 112 % sobre el total de los créditos iniciales del presupuesto de gastos del OAFAR, hasta 7.605.436,85 euros).
Por último, reiterar una vez más que denuncias como la presente se producen en el contexto de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un alcalde y concejales altamente “competitivos” a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo uno de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción: caso Las Teresitas (con plusvalías en torno a 120 millones de euros e imputado el Alcalde, varios concejales, funcionarios, técnicos y empresarios favorecidos), caso Forum Filatélico en su trama canaria (con imputación del Alcalde por supuestamente haber podido recibir un soborno de 3 millones de euros destinado a la financiación ilegal de Coalición Canaria), caso Mamotreto, caso Parque Marítimo y ocio nocturno, caso Centro Canario Nacionalista-CCN (por financiación ilegal), caso Lerena, o en proceso de investigación como caso García Cabrera (con una afectación al erario público de unos 6 millones de euros); o más recientemente, caso Facturas (justificación fraudulenta con facturas falsas de las cuentas municipales del Partido Popular durante el mandato 2003-2007) y la denuncia presentada contra la concejala Ángela Mena.
No es de extrañar, por tanto, que el alcalde y varios concejales de esta ciudad sean conocidos habituales de esa Fiscalía Provincial así como de la Delegada de la Fiscalía Anticorrupción.
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Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/32009/1/
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