Porque es evidente que la acusación que lanzó este martes el PP es de una gravedad extraordinaria. No es que Soria haya acusado a algún periodista de haberle robado los 4.000 euros que habitualmente lleva en el bolsillo de su Meyba; ni que haya señalado a la Policía, a los jueces y a los fiscales como cómplices de una malvada conspiración contra el PP una vez resultaron sorprendidos algunos de sus más honrados miembros con los pantalones en los tobillos y una ganzúa en la mano. No, lo que hizo el PP este martes fue acusar a un órgano colegiado de la Comunidad Autónoma, al más alto órgano ejecutivo de la autonomía, de haber cometido un delito de falsedad en documento público. Porque si el presupuesto que llegó al Parlamento no es el que se aprobó en el último Consejo de Gobierno participado por el PP, alguien por el camino ha falseado un acuerdo que resulta ser sagrado. Ya está tardando el secretario del consejo, José Miguel Ruano, en certificar cuál fue exactamente el presupuesto aprobado y cuál su límite de gasto. Y ya está tardando el PP, al que se le vio muy chulito este martes, en acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias a interponer una querella por falsedad en documento público. No lo harán, ya lo adelantamos, porque prefieren que actúe de oficio la Fiscalía. Así nos lo han asegurado y así lo transmitimos a todos ustedes.
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