lunes, 8 de noviembre de 2010

El PSC pide la dimisión de Inés Rojas

El Ejecutivo pretende cubrir las ayudas de 400.000 personas con 300 millones

Inés Rojas, consejera de
Bienestar Social.  EDC

El Gobierno de Canarias pretende atender las necesidades sociales de un quinto de la población del Archipiélago, 400.000 personas, con una inversión de 310,3 millones de euros. Esa cantidad es la inversión para 2011 que se realizará en la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, que supone una bajada del 15,71 por ciento respecto a los 368,2 millones de 2010.
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, detalló ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias que estas cuentas tienen "la vocación de llegar a 400.000 personas, una quinta parte de nuestra población".
Así, con este presupuesto el Gobierno pretende llegar "a 35.000 personas en el marco de las políticas de vivienda, a 30.000 en la atención a personas con algún grado de dependencia, intervendrá en 300.000 personas a través del Plan concertado de Prestaciones Básicas y ofrecerá ayuda 16.000 mujeres que pueden estar sufriendo violencia de género, atenderá de forma directa a 8.000 menores en riesgo, protección o reinserción", indicó Rojas.
La portavoz socialista en materia social, Olivia Cedrés, resultó la más crítica tanto con la labor de Rojas, como con las cuentas que presentó este viernes ante la cámara y le criticó que, "para hacer un presupuesto social hay que creérselo y ustedes no lo hacen".

Cedrés le planteó a la consejera que tal vez "cese a algún miembro de su equipo, como ya ha hecho". Sin embargo, pidió "su dimisión, por traer esto a Canarias: el destrozo, la debacle de los servicios sociales".
Una de las apuestas de la Consejería para salvar la bajada de 58 millones respecto al año pasado es que los beneficios de la empresa pública Visocan no se destinarán a la compra de suelo, como otros años, sino a subvencionar ayudas al alquiler.
Rojas anunció que la gran novedad del presupuesto es que, "aunque aparezca que el presupuesto de vivienda desciende en 25,24 por ciento la realidad es que es solamente lo hará 15,18 en lo que se refiere a la financiación autonómica y es así porque el Gobierno ha decidido destinar beneficios de la empresa pública Visocan a sufragar los alquileres de las familias con más dificultades".
Así, si antes el Instituto Canario de la Vivienda destinaba efectivos para pagar las subvenciones a las familias que estaban en alquiler en las viviendas propiedad de Visocan, ahora, por decisión del Gobierno, la propia empresa pública subvencionará a las familias con menos recursos, con sus propios beneficios, por lo que el decremento del Instituto Canario de la Vivienda no repercutirá en las políticas sociales de acceso a la vivienda.
Los beneficios de esta empresa procederán de la venta de 2.000 plazas de garaje situadas en edificios de viviendas sociales y que todavía pertenecían al Gobierno. Según anunció la Consejera, "se pondrán en venta y supondrán un beneficio de 8 millones". Concretamente, por la venta se ingresarán unos 12 millones, "pero invertiremos unos 4 a la adecuación de las plazas, con lo que el beneficio será de 8 millones".

La consejera explicó que "Visocan, por primera vez, no destinará todo su beneficio a la compra de suelo, sino a subvencionar a las familias que requieren una vivienda". De este modo, "los 12 millones que el año pasado recibía Visocan se verán reducidos este año a 4 millones, por lo que es necesario que la empresa tire de sus propios beneficios".

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