La Consejería de Bienestar Social agotó en abril el presupuesto destinado para todo el año a las Prestaciones Canaria de Inserción, y aunque la consejera anunció que destinaría otros cinco millones de euros, las ayudas básicas que se han solicitado desde ese mes están paralizadas por la imposibilidad de pago.
Las personas que hayan solicitado una Prestación Canaria de Inserción (PCI) o hayan pedido una renovación después del mes de abril aún no la han podido cobrar debido a la falta de fondos de la Consejería de Bienestar Social.
En concreto, son 325 familias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 465 en Gran Canaria las que teniendo su solicitud completa y aprobada actualmente se encuentran a la espera de que se ordene el pago.
A estas 790 familias habría que sumar otras 107 que, cumpliendo los requisitos para renovar dicha prestación y habiéndola tramitado, tampoco la están percibiendo por el mismo motivo.
En total son 897 las familias que no están cobrando una ayuda de primera necesidad, pese a tenerla concedida, ya que lo único que falta es que la directora general firme las resoluciones favorables.
A estos expedientes se podrían sumar en los próximos días los 49 que están pendientes de que el solicitante aporte alguna documentación para concederla o las 495 solicitudes ya presentadas, pero que se encuentran pendientes de valoración por parte de los técnicos.
Ante esta circunstancia, el presidente del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Roberto González, alerta de que "serían necesarios al menos cuatro millones de euros para hacer frente sólo a lo que ya hay", aunque considera que es muy posible que sea necesario aún más dinero.
Ahora es cuando multitud de familias están agotando los últimos meses que le quedan de la ayuda de 420 euros que tienen tras habérseles agotado lo que les correspondía como desempleados, y toda esa gente va a ir en masa a solicitar PCI. Si presentan la solicitud y cumplen con los requisitos, la propia ley obliga a que se les conceda, pero si no hay dinero se crea una situación que incluso podría ser llevada a los tribunales".
A juicio de González, "que esté sucediendo esto es imperdonable porque ya los técnicos avisaron a la consejera, Inés Rojas, de que el presupuesto ideado para este ejercicio (17 millones de euros), era claramente insuficiente para hacer frente a todas las solicitudes que con seguridad se iban a presentar durante 2010. Sin embargo, se les desoyó".
González recuerda que el comité de empresa solicitó a la consejera que el presupuesto no fuera inferior a los 23 millones de euros, porque eso supondría que se deberían hacer ampliaciones de partidas y el consiguiendo retraso que eso produciría "a quien menos lo merece".
Preguntado acerca de cómo se están tomando los beneficiarios de las PCI este contratiempo, González asegura que "muy mal".
"Son personas que no tiene ningún tipo de ingreso económico y que esperan a que les lleguen estos 400 o 500 euros al mes para garantizarse que pueden comer o que no pierden su vivienda. Se desesperan cuando ven que pasa el tiempo y no les llega y, en ocasiones, son los trabajadores los que se encuentran con situaciones incluso de violencia. Además, en general se trata de un colectivo que en su mayor parte carece de formación y muchas veces ni siquiera saben que pueden o que incluso deberían de reclamar, porque si lo hicieran se armaría un buen follón", asegura.
Así las cosas, no se descarta que el retraso en el abono de las PCI llegue incluso a los tribunales, ya que el presidente del comité de empresa de la Consejería cree "probable" que el Ministerio Fiscal actúe de oficio y "sancione al Gobierno de Canarias", ya que, según mantiene, "como el silencio administrativo es positivo, si se presenta la documentación y pasar el tiempo se reconoce automáticamente el derecho a cobrar la prestación, de manera que lo que no se hace es firmar la resolución para que no reclamen por el impago e incluso exijan los intereses por mora".
La PCI persigue que aquellas unidades familiares canarias que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas -esto es, alimentación, vestido, vivienda, etc.- tengan un soporte económico que a la vez les permita contar con los recursos mínimos para llevar una vida digna y les ayude a reforzar las potencialidades que posean para lograr ser autosuficientes.
Es decir, si bien por un lado a través de la PCI muchas familias tienen garantizado durante un año, que puede verse prorrogado en otros doce meses, una prestación económica con la que cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, a la vez son orientados y asesorados para mejorar su formación, sus aptitudes sociales, dirigida esta ayuda a encontrar un puesto de trabajo e incluso para superar situaciones personales dificultosas como las adicciones o determinados trastornos adaptativos.
BIENESTAR SOCIAL
Se busca un millón de euros
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias que dirige Inés Rojas reconoce la falta de fondos, aunque afirma que en junio se incorporaron 500.000 euros con las que se pagaron algunas de las prestaciones pendientes. No obstante, afirma que "se está buscando un millón de euros más, pero los procedimientos administrativos tienen su plazo y no son automáticos, de manera que requieren un tiempo mínimo de un mes".Respecto a las declaraciones de la consejera Inés Rojas en las que garantizó que se modificarían partidas presupuestarias ya existentes, seguramente del área Vivienda, para seguir dando respuesta a todas las demandas de PCI, estimando que serán necesarios unos cinco millones de euros para garantizar las ayudas básicas, desde la propia consejería se asegura que "esa cifra es sólo una previsión sobre los fondos que serán necesarios para lo que resta de año, y se irán incorporando en función de que la partida se vaya agotando". Precisamente cuando los trabajadores de Bienestar Social alertaron del agotamiento de la partida presupuestaria para este tipo de ayudas de primera necesidad, Rojas declaró que no había motivos para la alarma, ya que "las cerca de 4.000 familias que están cobrando una PCI pueden estar tranquilas porque tienen asegurada su ayuda durante 2010". El problema es que no hizo referencia alguna a aquellas personas que la solicitaran más adelante o que pretendieran renovarla.
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