Denuncian al Gobierno por reducir un 25% la ayuda por incapacidad tras 3 meses de baja CC OO y Asocias aseguran que es algo que ''no ocurre'' en ninguna otra comunidad autónoma
Comisiones Obreras (CCOO) y la Asociación Canarias de Inspección y Administración Sanitaria (Asocias) han presentado -el pasado 11 de junio de 2010- un Contencioso Administrativo contra el Decreto 35/2010 del Gobierno de Canarias en el que el Ejecutivo, como empresario, no abonará el 25 por ciento de la retribución salarial a los empleados públicos tras tres meses de baja laboral dejando a los trabajadores con incapacidad temporal justificada técnicamente con el 75 por ciento del salario que aporta la Seguridad Social.
Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife el responsable jurídicos de Enseñanza de CCOO, Desiderio Padilla, la coordinador del área Pública también de Comisiones, José Ramón Barroso, el presidente de Asocias, Alberto Talavera y la secretaria de la entidad, Marisol Castilla.
Todos coincidieron en que no existe ninguna otra comunidad autónoma en esta situación en la que "los funcionarios y el personal de los hospitales y centros de salud", cuando las enfermedades superen los tres meses de duración, tendrá que solicitar a "la Comisión Evaluadora creada al efecto -con un nivel de discrecionalidad muy grande y cuyos miembros pueden ser acusados de arbitrariedad- " se sometan "a un examen de situación" que decidirá si pueden o no seguir percibiendo la totalidad de las retribuciones.
Todos coincidieron en que no existe ninguna otra comunidad autónoma en esta situación en la que "los funcionarios y el personal de los hospitales y centros de salud", cuando las enfermedades superen los tres meses de duración, tendrá que solicitar a "la Comisión Evaluadora creada al efecto -con un nivel de discrecionalidad muy grande y cuyos miembros pueden ser acusados de arbitrariedad- " se sometan "a un examen de situación" que decidirá si pueden o no seguir percibiendo la totalidad de las retribuciones.
Esta medida que, apareció recogida en la Ley 13/2009 de 28 de diciembre de presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, ha sido calificada por los representantes sindicales de "economicista", además de "ilegal" y han asegurado, que lejos de lo que pueda parecer "no disminuirá el absentismo laboral".
Barroso, en este sentido, recalcó que esta es "una medida injusta" para los trabajadores pues, en su opinión, los trabajadores con más de tres meses de Incapacidad laboral son enfermos oncológicos, discapacidad o maternidad con riesgo se ven 'empujados' a decidir sobre su estabilidad económica o su salud y son evaluados con criterios imprecisos "como malignidad, cronicidad, gravedad e historial de bajas.
El presidente de Asocias aseguró que esta medida es "injusta, ineficaz y peligrosa". Abundando más en el tema insistió en que esta medida es discriminatoria e ilegal "pues vulnera principios constitucionales y de legislación básica en materia de seguridad social y protección de datos de carácter personal, atentando además contra el derecho a la intimidad de los empleados enfermos".
En este sentido, Alberto Talavera defendió que es "ilegla2 que se utilicen los datos de los historiales clínicos de los trabajadores "con fines discriminatorios y en perjuicio del trabajadores, por parte de funcionarios que no deberían tener acceso a estos datos de carácter personal".
Para los representantes de los trabajadores con esta iniciativa no se logra controlar los procesos de incapacidad temporal, sino discriminar a los trabajadores que han de seguir de baja mermando su productividad.
Por esto también parece ineficientes pues se tendrían que incorporar de forma prematura, además de ser "retrograda". En opinión de Desiderio Padilla lo único que se persigue es "reducir el gasto" sin comprobar si están o no enfermos los empleados.
En este sentido, Alberto Talavera defendió que es "ilegla2 que se utilicen los datos de los historiales clínicos de los trabajadores "con fines discriminatorios y en perjuicio del trabajadores, por parte de funcionarios que no deberían tener acceso a estos datos de carácter personal".
Para los representantes de los trabajadores con esta iniciativa no se logra controlar los procesos de incapacidad temporal, sino discriminar a los trabajadores que han de seguir de baja mermando su productividad.
Por esto también parece ineficientes pues se tendrían que incorporar de forma prematura, además de ser "retrograda". En opinión de Desiderio Padilla lo único que se persigue es "reducir el gasto" sin comprobar si están o no enfermos los empleados.
UN GOBIERNO MAL ACONSEJADO
Los presentes en la mesa del Edificio Sindical insistieron que existen otras fórmulas de regular y de afrontar los fraudes en las bajas laborales. En este sentido Talavera insistió en que el Gobierno de Canarias está "mal aconsejados" y mostró su disposición y el de su asociación para hablar y "resolver estos problemas" que en su opinión sólo lleva "a un callejón sin salida", recalcando que hay otras opciones.
José Ramón Barroso, por su parte, subrayó que el Ejecutivo regional debería "primero, demostrar que las acusaciones que ha hecho respecto al alto índice de absentismo laboral, es cierto, segundo qué índice es el que se refiere Incapacidad Laboral " para buscar soluciones conjuntas y negociados con los organismos de control.
El sindicalista recordó que incluso el Consejo Consultivo de Canarias reconoció en su informe la posible "inconsistencia jurídica" que no ha sido modificada por el Gobierno de Canarias que ha sacado "tal cual" el decreto y es sobre esa inconsistencia por la que están denunciando.
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