Rajoy anuncia el mayor destrozo del Estado del bienestar de la historia
Rajoy desguaza el Estado del bienestar y se ensaña con parados y funcionarios
El presidente anuncia en el Congreso durísimos recortes y
una drástica subida de impuestos. Reducirá las prestaciones por
desempleo, se acelerará la puesta en marcha de la reforma de las
pensiones, aumentará el IVA del 18% al 21% y se quitará la paga extra de
Navidad a funcionarios y cargos públicos. Reconoce que no tiene
"libertad" para implantar otra política
"Usted ya tiene su 12 de mayo. Este es su 12 de mayo".
Las
palabras se quedaron esta mañana cortas para definir el brutal hachazo
que el Gobierno del PP asesta al Estado del bienestar. De hasta
65.000 millones de euros en dos años y medio,
casi cinco veces más del aplicado por Zapatero en 2010 (15.000 millones).
Con castigos tan impopulares como la subida del IVA,
la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga
extra de Navidad a los funcionarios públicos, la reordenación de las
Administraciones Públicas, el ajuste adicional de 600 millones de euros
en los ministerios, otra merma a las ayudas a partidos y sindicatos, la
reforma de las pensiones o el alza de los impuestos medioambientales.
Sin que, en contrapartida, se grave más a las rentas más altas.
Pero ese espectacular recorte quedó revestido con la misma letanía que
acompañó también al discurso del anterior jefe del Ejecutivo: no hay más
salidas, esto es lo hay que hacer, no se puede hacer otra cosa. Y aún
más:
Rajoy reconoció que España está tutelada, sin manos libres, sin autonomía.
Intervenida, a fin de cuentas, aunque en ningún momento empleó esa
palabra. "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos
elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios.
No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas", expuso a las claras.
El presidente tuvo también que asumir que ha devorado por completo su
programa electoral. "No disponemos de más ley ni de más criterio que el
que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio
que hacer, tanto si nos gusta como si no. Yo soy el primero en estar haciendo lo que no me gusta", sostuvo, casi implorando perdón a sus votantes.
Ajustes "no agradables", pero sí "imprescindibles"
La
retórica dramática, churchilliana, centrada en la cultura de los
esfuerzos sin cuento con la esperanza de una recuperación sin fecha,
hizo de puesta en escena del anuncio de una batería de medidas que el
propio Rajoy asumió que "no son agradables" y "duelen a cada persona", pero que sí son "imprescindibles".
El
presidente tardó en entrar en materia, intentando retrasar el sinsabor
del relato de los ajustes obligados por la Unión Europea y motivados por
el desbocamiento del déficit
–3,41% del PIB hasta mayo, nueve milésimas menos del tope de todo el año, 3,5%–.
Lo prologó con la información del Consejo Europeo y de los acuerdos
alcanzados con los países del euro. Después desenfundó el cuchillo y
desembuchó medida tras medida de forma rápida, con gesto serio, como en su día hizo Zapatero.
Aunque no con la imagen cansada y con ojeras que lució en 2010 el
expresidente. Esta vez no envió a sus ministros a quemarse ante la
opinión pública. Esta vez lo hizo él mismo, asumiendo todo el coste de
la impopularidad de su iniciativa.
Los recortes de Rajoy (los nuevos,
porque el serial empezó el pasado 30 de diciembre) contemplan medidas de rebaja del gasto y de aumento de los ingresos. De todas ellas, quizá la más dolorosa y
la de mayor impacto es la subida del IVA que aprobará el Consejo de Ministros de este viernes.
El tipo general aumentará tres puntos –del 18% al 21%–; el reducido,
dos, del 8% al 10%, y el superreducido, el que se aplica a productos de
primera necesidad, se mantiene en el 4%.
Rajoy en su día criticó furibundamente el alza aprobada por Zapatero, jamás dijo que subiría la imposición al consumo en campaña electoral y, ya en el poder,
intentó resistirse a la evidencia. Pero al final cayó.
El aumento del IVA irá de la mano de una subida de los impuestos del tabaco
y de una reforma de la tributación medioamiental, bajo el principio de
"quien contamina paga". No aportó mayor concreción. Como contrapeso, se
aprobará una rebaja de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios
–menguarán un punto en 2013 y otro punto más en 2014– y se realizarán
modificaciones en el sistema de pago fraccionado de Sociedades.
Fuera la paga también de diputados y senadores
El
segundo retoque de calado afecta a la prestación por desempleo, en
muchos casos el sustento básico y único para los 5,6 millones de parados
del país. La ayuda seguirá percibiéndose 24 meses como máximo y se
mantendrá el importe actual durante el primer semestre. Pero aquí viene
el cambio: con el objetivo teórico de "animar a la búsqueda activa de
trabajo", los que se sumen a la cola del paro verán menguada su prestación a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora.
Se exigirá haber trabajado para acceder a la renta activa de inserción.
A su vez, se llevará al Pacto de Toledo un proyecto de ley para "acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad".
Esto es un elemento que se introdujo en la reforma del sistema de las
pensiones que aprobó Zapatero en 2011 y que afecta al periodo de cómputo
de la prestación en función de la esperanza de vida de la población. En
suma, lo que pretende el Ejecutivo es revisar los factores que influyen
en la cuantía de las pensiones. Por otro lado, se endurecerá el acceso
de la jubilación anticipada.
Tajo también a la dependencia, otra de las vacas sagradas que el presidente prometió dejar a resguardo: "
Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas".
No hay por ahora más pormenor que lo adelantado ayer martes por Ana Mato, ministra de Sanidad.
Al tiempo, se suprimirá un "gran número de las actuales bonificaciones a
la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para
emprendedores", que introdujo la reforma laboral de Fátima Báñez, "o a
la inserción laboral de las personas discapacitadas".
Bajo el
rótulo "revisión integral de la función pública", Rajoy enmascaró un
profundo empeoramiento de las condiciones de los funcionarios. Se les
reducirá el número de días de libre disposición –los llamados
moscosos–, se "ajustará" el número de liberados sindicales a lo previsto por la ley –
sigue el presidente la estela ya iniciada por Esperanza Aguirre en 2012–,
"se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a
las del resto de trabajadores" y se "facilitará" su movilidad. Y lo más
importante: se les quitará, a funcionarios y cargos públicos de todas
las administraciones, la
paga extra de Navidad en 2012. Rajoy pidió que ese "esfuerzo" fuera compartido por
diputados y senadores.
Una reclamación que saldrá seguro sin contratiempos, ya que las Cortes
son controladas por mayoría absoluta por el PP. A los empleados
públicos, y sólo a ellos, se les compensará la suspensión de su paga de
Navidad en 2015, pero no en metálico en sus cuentas, sino a través de la
"correspondiente aportación en el fondo de pensiones".
Cambios en las administraciones
El
presidente cosechó de los diputados de su bancada uno de los primeros
aplausos tras el anuncio de una medida más populista que otra cosa: el recorte en un 30% del número de concejales,
para lo que tendrá que cambiar la Ley Electoral. Se fijará en la Ley de
Presupuestos la retribución de alcaldes y ediles en función del tamaño
del municipio. Se producirá una "drástica reducción –e incluso
eliminación– de empresas públicas en el ámbito local para evitar
"duplicaciones y triplicaciones de servicios". .
Los ajustes irán acompañados de una reforma de la Administración
local ya esbozada en las últimas semanas. Se delimitarán las
competencias de cada escalón de la Administración, se descarga a los
ayuntamientos de las llamadas competencias impropias y se refuerza el papel de las diputaciones provinciales para centralizar la prestación de servicios.
Las
comunidades autónomas serán obligadas a apretarse su ya más que corto
cinturón y tomar las decisiones que hagan falta para conseguir alcanzar
sus objetivos de déficit. Aunque mañana jueves se concretará más en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el presidente ha
adelantado que se pondrá en marcha un "instrumento financiero que
garantice la liquidez suficiente para que las CCAA hagan frente a sus
compromisos financieros". O sea, los llamados hispanobonos.
Aquellas regiones que se acojan al plan deberán apencar con más
recortes y subidas de impuestos o, en la terminología gubernamental, una
"condicionalidad y control adicionales del Estado".
El gasto en los ministerios se reducirá en
600 millones de euros adicionales.
Una evidencia más de que los Presupuestos Generales del Estado de 2012,
que llevan en vigor apenas una semana, ya no sirven. La tijera se
meterá en los créditos destinados a subvenciones, gastos corrientes y
transferencias. Para 2013, el Gobierno menguará más aún las ayudas a
partidos, empresas y sindicatos. Se contraerán un 20% más,
cuando ya en este ejercicio habían decrecido en la misma cantidad.
Para
el epílogo dejó Rajoy otras medidas de contenido más difuso: leyes de
unidad de mercado, liberalización del sector servicios, reforma
energética y flexibilización de los horarios comerciales. Dejó caer la privatización de Renfe, de puertos y aeropuertos.
Situación "extraordinariamente grave"
"El panorama que he presentado es más bien sombrío". Rajoy culminaba
así la andadura de un relato que, a diferencia de otras ocasiones, no
estaba preñado de referencias a la herencia recibida por el PSOE. "Nos
encontramos en una situación extraordinariamente grave y es preciso
corregirla con urgencia", reforzó Rajoy. "Tenemos que salir de este
atolladero y necesitamos hacerlo cuanto antes.
Y aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias.
Porque no hay mucho que escoger: o reducir los gastos o aumentamos los
ingresos, o si no nos queda más remedio, hacemos ambas cosas". El
presidente ensayó un ejercicio de contrición: "Dije que bajaría los
impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a
bajarlos cuando sea posible, pero
han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración".
Un alegato semejante al "me cueste lo que me cueste" que entonó Zapatero en el debate del estado de la nación de 2010.
Y
como Zapatero, Rajoy apeló a la unidad colectiva, a la "colaboración de
todos". Porque tras el dolor y el látigo, vino a decir, llegará la
tierra prometida, la recuperación de la crisis: "¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas? La respuesta es un sí con toda rotundidad.
Estoy convencido de que al final del sacrificio nos espera la
recompensa", pues España aún conserva "fortalezas económicas,
estructurales, demográficas, incluso morales".
El pleno recibió
con profundo malestar el discurso de Rajoy. El rumor fue creciendo de
menos a más, según el presidente soltaba, una tras otra, medida dura
tras medida dura. Al final, entre el aplauso de su bancada, puesta en pie, se oyeron gritos de la izquierda: "¡Dimisión, dimisión!".
La sangre del sistema
El
presidente se dispuso a escuchar la lluvia fina y constante de
reproches de la oposición desde su escaño, de izquierda y derecha. El resto del Gobierno escuchaba con rostro grave, circunspecto.
No era para menos, visto el durísimo varapalo que Rajoy acababa de
propinar a su programa, a su imagen. En la réplica, el jefe del
Ejecutivo no aportó argumentos ni datos nuevos. Sólo más cucharadas de
dramatismo.
Primero respondió a las críticas de que su Gabinete
destina más dinero a la banca y a los poderosos mientras empobrece a
los españoles. Subrayó entonces que el salvamento de la banca era
necesario, porque el sistema financiero es a la economía de un país lo
que la sangre representa para el cuerpo humano. Sin él, "no habrá ni
bienestar ni riqueza". Razón por la que el Gobierno no puede "dejar que
se hundan" los bancos. Además, las condiciones del rescate –palabra
todavía tabú en el diccionario del PP– son "muy buenas" y no imponen una
"condicionalidad macroeconómica".
Rajoy pretendió desenlazar las imposiciones que el Eurogrupo marca al sistema financiero de las
exigencias que Bruselas fija para España por el descontrol de su
déficit, y que obviamente son las que han obligado a tomar las medidas
anunciadas hoy. De esa anilla colgó sus reproches al Ejecutivo de
Zapatero, pues de no haberse encontrado un agujero del 8,9% con que se
cerró 2011, la situación sería otra.
Rajoy presumió de que sus
recortes miran "el interés general" y de que son "justos y equitativos".
Quiso hacer ver que había arremetido contra los poderosos como nunca
antes nadie se había atrevido.
