Al menos 1.662 personas están a la espera de recibir la ayuda básica (03-09-2010 DA) |
| La Consejería de Bienestar Social ha aumentado en 1,1 millones de euros el presupuesto inicial y su comité de empresa asegura que "esto no da para nada" |
JESSICA MORENO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Al menos 1.662 personas en todo el Archipiélago están a la espera de percibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI), después de que los fondos presupuestados para este año por dicho concepto se acabaran el pasado mes de mayo. Así, fuentes del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias señalaron a DIARIO DE AVISOS que a la cifra de más de 1.600 demandantes de esta subvención -a fecha de 31 de agosto, cuya petición ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo, "hay que sumar las tramitadas en los propios ayuntamientos que aún no han llegado a la Consejería, y que nos han comentado que en los primeros días de septiembre han sido bastante elevadas". Además, estas mismas fuentes apuntaron que hasta finales de agosto 1.489 personas se estaban beneficiando de esta ayuda básica.
La PCI está destinada a las personas que tengan graves problemas de inserción social y que no cuentan con ningún ingreso económico. De esta manera, la ayuda oscila entre los 400 y los 600 euros mensuales, dependiendo de cada caso. El comité de empresa de Bienestar Social ya había denunciado que el presupuesto para este fin, que rondaba los 17 millones de euros, ya estaba comprometidos con las solicitudes registradas hasta el mes de abril. Por tanto, los demandantes de la PCI a los que le fue concedida antes del citado mes podrían recibir la ayuda hasta finales de año. No así los nuevos solicitantes, dado que los fondos ya estaban comprometidos.
Ante esta esta situación la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, se comprometió a buscar fondos dentro de su propio departamento, o incluso en otras consejerías, para hacer frente a todas las peticiones hasta finales de año. De hecho, fuentes de Bienestar Social confirmaron a este periódico que ya se había destinado a este fin una partida de 1,1 millones de euros de distintas áreas dentro del propio departamento que dirige Rojas. Además, añadieron que a medida que se necesiten más fondos se irán buscando. Así, la propia titular de Bienestar Social anunció en su día que había trasladado a la Consejería canaria de Economía y Hacienda esta situación para, incluso, plantear la posibilidad de destinar presupuesto de otros departamentos del Gobierno regional. Asimismo, uno de los representantes de las trabajadores indicó que este millón de euros "no da para nada, ya que nuestros técnicos han calculado que hacen falta unos siete millones para hacer frente a las solicitudes hasta finales de año, puesto que a las nuevas peticiones habría que sumar las renovaciones". Los trabajadores recomendaron durante la elaboración de los presupuestos para este año que la partida económica debía de alcanzar, al menos, los 23 millones de euros, en vista de las cifras de concesiones de 2009 y las previsiones para 2010. Según denunció el comité de empresa, esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que la PCI, según recoge la ley, no limita el número de beneficiarios e incluso se puede conceder por silencio administrativo positivo. Esto significa que cualquier persona que solicite la ayuda, y que cumpla las criterios, tendrá derecho a percibir esta cuantía en caso de que la administración no se pronuncie.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Al menos 1.662 personas en todo el Archipiélago están a la espera de percibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI), después de que los fondos presupuestados para este año por dicho concepto se acabaran el pasado mes de mayo. Así, fuentes del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias señalaron a DIARIO DE AVISOS que a la cifra de más de 1.600 demandantes de esta subvención -a fecha de 31 de agosto, cuya petición ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo, "hay que sumar las tramitadas en los propios ayuntamientos que aún no han llegado a la Consejería, y que nos han comentado que en los primeros días de septiembre han sido bastante elevadas". Además, estas mismas fuentes apuntaron que hasta finales de agosto 1.489 personas se estaban beneficiando de esta ayuda básica.
La PCI está destinada a las personas que tengan graves problemas de inserción social y que no cuentan con ningún ingreso económico. De esta manera, la ayuda oscila entre los 400 y los 600 euros mensuales, dependiendo de cada caso. El comité de empresa de Bienestar Social ya había denunciado que el presupuesto para este fin, que rondaba los 17 millones de euros, ya estaba comprometidos con las solicitudes registradas hasta el mes de abril. Por tanto, los demandantes de la PCI a los que le fue concedida antes del citado mes podrían recibir la ayuda hasta finales de año. No así los nuevos solicitantes, dado que los fondos ya estaban comprometidos.
Ante esta esta situación la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, se comprometió a buscar fondos dentro de su propio departamento, o incluso en otras consejerías, para hacer frente a todas las peticiones hasta finales de año. De hecho, fuentes de Bienestar Social confirmaron a este periódico que ya se había destinado a este fin una partida de 1,1 millones de euros de distintas áreas dentro del propio departamento que dirige Rojas. Además, añadieron que a medida que se necesiten más fondos se irán buscando. Así, la propia titular de Bienestar Social anunció en su día que había trasladado a la Consejería canaria de Economía y Hacienda esta situación para, incluso, plantear la posibilidad de destinar presupuesto de otros departamentos del Gobierno regional. Asimismo, uno de los representantes de las trabajadores indicó que este millón de euros "no da para nada, ya que nuestros técnicos han calculado que hacen falta unos siete millones para hacer frente a las solicitudes hasta finales de año, puesto que a las nuevas peticiones habría que sumar las renovaciones". Los trabajadores recomendaron durante la elaboración de los presupuestos para este año que la partida económica debía de alcanzar, al menos, los 23 millones de euros, en vista de las cifras de concesiones de 2009 y las previsiones para 2010. Según denunció el comité de empresa, esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que la PCI, según recoge la ley, no limita el número de beneficiarios e incluso se puede conceder por silencio administrativo positivo. Esto significa que cualquier persona que solicite la ayuda, y que cumpla las criterios, tendrá derecho a percibir esta cuantía en caso de que la administración no se pronuncie.
La falta de personal en la Consejería de Bienestar Social hace que los expedientes de las pensiones no contributivas tarden hasta 12 meses en resolverse. Los beneficiarios de esta prestación de 339 euros al mes son aquellos que carecen de ingresos y tienen más de 65 años o sufren una discapacidad superior al 66%.
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) en Canarias es sinónimo de tener que armarse de paciencia, puesto que el tiempo medio de resolución se sitúa en los 12 meses.
Según los propios trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, el problema radica en la falta de personal, ya que en la actualidad hay 4.947 solicitudes pendientes de resolución -de las que 2.547 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 2.400 a la de Las Palmas de Gran Canaria- y son sólo 65 los trabajadores destinadas a su trámite o su valoración.
Como muestra del retraso, baste decir que ahora mismo se están empezando a resolver las solicitudes presentadas en julio del año pasado.
"Esta situación es especialmente grave en los casos de PNC de invalidez, ya que la persona debe hacerse el reconocimiento de minusvalía y para ese trámite se está dando fecha para dentro de seis, siete, incluso ocho meses, por lo que tampoco se puede resolver hasta transcurrido un año o incluso más", explica un funcionario.
Sin embargo, en el caso de las PNC por jubilación, los tiempos de espera tampoco son cortos, ya que se sitúan entre los seis y ocho meses de espera desde el momento de su presentación.
El presidente del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Roberto González, señala que "la situación no es peor porque los trabajadores conocen las carencias que suelen tener los solicitantes y hacen todo lo que pueden y más, pero aún así del año de espera rara vez se consigue bajar".
Y es que los beneficiarios de las PNC son aquellas personas que tienen más de 65 años o una incapacidad reconocida superior al 66% y que no han cotizado el periodo mínimo que establece la ley para poder cobrar una pensión contributiva. Además, deben acreditar que no poseen ingresos económicos suficientes para subsistir, por lo que, durante el tiempo de espera, en la mayor parte de los casos se ven obligados a recurrir a la ayuda de sus familiares, las ayudas públicas existentes e incluso a Cáritas u otras organizaciones sociales.
Cabe recordar que la cuantía de la pensión es de un máximo de 339 euros mensuales, aunque se empieza a calcular desde la fecha del registro de entrada en la Consejería de Bienestar Social, por lo que una vez que es concedida se pagan todos esos meses de forma conjunta en concepto de atrasos.
Debido a esta circunstancia, en múltiples ocasiones los ayuntamientos hayan solicitado al Gobierno canario que agilice la tramitación de estas pensiones, puesto que durante el tiempo de espera las corporaciones han de hacer efectivas ayudas de emergencia social para garantizar las necesidades básicas del solicitante.
De lo que no hay duda es de que el cuello de botella se localiza en el Centro Base, que es el servicio donde se realizan los reconocimientos de minusvalías, ya que no sólo hacen éste trámite para las PNC, sino también para las personas que quieren beneficiarse de bonos de guaguas gratis, bonos para la piscina municipal, plazas de aparcamiento, prestación familiar por hijo a cargo, orientación para ingreso en centros o incluso viviendas, además de todas aquellas personas a las que les toca revisar su grado de minusvalía.
Roberto González confirma que aunque los Equipos de Valoración y Orientación hay personal médico, corresponde a la Consejería de Bienestar Social su dotación de personal. "El personal es exactamente el mismo que hace diez años. Se han presentado todo tipo de quejas y propuestas a la Dirección General de Servicios Sociales, sobre todo relacionadas con la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, pero en la realidad nada cambia y sigue el atasco".
En este punto tanto el presidente del comité de empresa como los propios trabajadores reconocen que los retrasos en las resoluciones han causado más de un problema a los trabajadores, teniendo que llegar a intervenir el servicio de seguridad de las dependencias de la consejería.
"Una persona que ha presentado la documentación hace meses no entiende que todavía no esté cobrando la pensión que le corresponde y, en ocasiones, no asimila bien que un trabajador le diga que no sabe cuándo podrá contar con ella", explica González que se cuestiona si el Gobierno "no tomaría cartas en el asunto si tuviera que decirle cara a cara a una persona que no tiene medios para vivir que tiene que seguir esperando".
El Gobierno no tiene fondos para pagar ayudas básicas concedidas a 900 familias (15-08-2010)
La Consejería de Bienestar Social agotó en abril el presupuesto destinado para todo el año a las Prestaciones Canaria de Inserción, y aunque la consejera anunció que destinaría otros cinco millones de euros, las ayudas básicas que se han solicitado desde ese mes están paralizadas por la imposibilidad de pago.
Las personas que hayan solicitado una Prestación Canaria de Inserción (PCI) o hayan pedido una renovación después del mes de abril aún no la han podido cobrar debido a la falta de fondos de la Consejería de Bienestar Social.
En concreto, son 325 familias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 465 en Gran Canaria las que teniendo su solicitud completa y aprobada actualmente se encuentran a la espera de que se ordene el pago.
A estas 790 familias habría que sumar otras 107 que, cumpliendo los requisitos para renovar dicha prestación y habiéndola tramitado, tampoco la están percibiendo por el mismo motivo.
En total son 897 las familias que no están cobrando una ayuda de primera necesidad, pese a tenerla concedida, ya que lo único que falta es que la directora general firme las resoluciones favorables.
A estos expedientes se podrían sumar en los próximos días los 49 que están pendientes de que el solicitante aporte alguna documentación para concederla o las 495 solicitudes ya presentadas, pero que se encuentran pendientes de valoración por parte de los técnicos.
Ante esta circunstancia, el presidente del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Roberto González, alerta de que "serían necesarios al menos cuatro millones de euros para hacer frente sólo a lo que ya hay", aunque considera que es muy posible que sea necesario aún más dinero.
Ahora es cuando multitud de familias están agotando los últimos meses que le quedan de la ayuda de 420 euros que tienen tras habérseles agotado lo que les correspondía como desempleados, y toda esa gente va a ir en masa a solicitar PCI. Si presentan la solicitud y cumplen con los requisitos, la propia ley obliga a que se les conceda, pero si no hay dinero se crea una situación que incluso podría ser llevada a los tribunales".
A juicio de González, "que esté sucediendo esto es imperdonable porque ya los técnicos avisaron a la consejera, Inés Rojas, de que el presupuesto ideado para este ejercicio (17 millones de euros), era claramente insuficiente para hacer frente a todas las solicitudes que con seguridad se iban a presentar durante 2010. Sin embargo, se les desoyó".
González recuerda que el comité de empresa solicitó a la consejera que el presupuesto no fuera inferior a los 23 millones de euros, porque eso supondría que se deberían hacer ampliaciones de partidas y el consiguiendo retraso que eso produciría "a quien menos lo merece".
Preguntado acerca de cómo se están tomando los beneficiarios de las PCI este contratiempo, González asegura que "muy mal".
"Son personas que no tiene ningún tipo de ingreso económico y que esperan a que les lleguen estos 400 o 500 euros al mes para garantizarse que pueden comer o que no pierden su vivienda. Se desesperan cuando ven que pasa el tiempo y no les llega y, en ocasiones, son los trabajadores los que se encuentran con situaciones incluso de violencia. Además, en general se trata de un colectivo que en su mayor parte carece de formación y muchas veces ni siquiera saben que pueden o que incluso deberían de reclamar, porque si lo hicieran se armaría un buen follón", asegura.
Así las cosas, no se descarta que el retraso en el abono de las PCI llegue incluso a los tribunales, ya que el presidente del comité de empresa de la Consejería cree "probable" que el Ministerio Fiscal actúe de oficio y "sancione al Gobierno de Canarias", ya que, según mantiene, "como el silencio administrativo es positivo, si se presenta la documentación y pasar el tiempo se reconoce automáticamente el derecho a cobrar la prestación, de manera que lo que no se hace es firmar la resolución para que no reclamen por el impago e incluso exijan los intereses por mora".
La PCI persigue que aquellas unidades familiares canarias que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas -esto es, alimentación, vestido, vivienda, etc.- tengan un soporte económico que a la vez les permita contar con los recursos mínimos para llevar una vida digna y les ayude a reforzar las potencialidades que posean para lograr ser autosuficientes.
Es decir, si bien por un lado a través de la PCI muchas familias tienen garantizado durante un año, que puede verse prorrogado en otros doce meses, una prestación económica con la que cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, a la vez son orientados y asesorados para mejorar su formación, sus aptitudes sociales, dirigida esta ayuda a encontrar un puesto de trabajo e incluso para superar situaciones personales dificultosas como las adicciones o determinados trastornos adaptativos.
BIENESTAR SOCIAL
Se busca un millón de euros
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias que dirige Inés Rojas reconoce la falta de fondos, aunque afirma que en junio se incorporaron 500.000 euros con las que se pagaron algunas de las prestaciones pendientes. No obstante, afirma que "se está buscando un millón de euros más, pero los procedimientos administrativos tienen su plazo y no son automáticos, de manera que requieren un tiempo mínimo de un mes".Respecto a las declaraciones de la consejera Inés Rojas en las que garantizó que se modificarían partidas presupuestarias ya existentes, seguramente del área Vivienda, para seguir dando respuesta a todas las demandas de PCI, estimando que serán necesarios unos cinco millones de euros para garantizar las ayudas básicas, desde la propia consejería se asegura que "esa cifra es sólo una previsión sobre los fondos que serán necesarios para lo que resta de año, y se irán incorporando en función de que la partida se vaya agotando". Precisamente cuando los trabajadores de Bienestar Social alertaron del agotamiento de la partida presupuestaria para este tipo de ayudas de primera necesidad, Rojas declaró que no había motivos para la alarma, ya que "las cerca de 4.000 familias que están cobrando una PCI pueden estar tranquilas porque tienen asegurada su ayuda durante 2010". El problema es que no hizo referencia alguna a aquellas personas que la solicitaran más adelante o que pretendieran renovarla.
Agotados los fondos para pagar la Prestación Canaria de Inserción
El Comité de Empresa de Bienestar Social afirma que el presupuesto sólo permite ayudas ya otorgadas; Rojas promete dar respuesta a las nuevas peticiones (02-06-2010 DA)
El Ejecutivo autonómico concede desde 2007 a los canarios que se encuentren con graves problemas de inserción social y sin ingresos la denominada prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda que oscila entre los 400 y los 600 euros mensuales. Del último pago de esta prestación, abonado en abril, se beneficiaron unas 3.800 familias, aunque se prevé que la cifra de demandantes de esta ayuda pueda crecer en un 50% a finales de año, según indicaron ayer en rueda de prensa los miembros del Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario.
En este sentido, su presidente, Roberto González, tachó de "insuficiente" la partida económica destinada en el presupuesto para hacer frente a la PCI, que rondan los 17 millones de euros, "ya que va a suponer que todos las personas que han solicitado esta prestación a partir del 1 de mayo y hasta final de año, al igual que las renovaciones que se lleven a cabo en este periodo, no podrán recibir la ayuda, teniendo en cuenta que el dinero destinados a ello sólo es suficiente para abonar las cuantías este ejercicio a quienes ya la tienen aprobada".
González afirmó, asimismo, que en 2009 en la elaboración de los presupuestos los técnicos del área recomendaron que la partida económica debía de alcanzar al menos los 23 millones de euros,en vista de las cifras del pasado año y de las previsiones para éste. Así, añadió que ya en 2009 se había producido el hecho de que el presupuesto se había acabado antes de finalizar el año. "En agosto nos quedamos sin fondos para conceder las nuevas ayudas, pero los trabajadores y los ayuntamientos conseguimos terminar de pagar", apuntó.
Silencio administrativo
Según el Comité de Empresa, esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que la PCI, según recoge la ley, no limita el número de beneficiarios e incluso se puede conceder por silencio administrativo positivo. Esto significa que cualquier persona que solicite la ayuda, y que cumpla las criterios exigidos, tendrá derecho a percibir esta cuantía económica en caso de que la administración no se pronuncie de forma contraria, e incluso "con sus correspondientes intereses de demora, independientemente de que haya o no presupuesto para ello".
Por consiguiente, los trabajadores han solicitado a la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, que habilite "urgentemente" un crédito extraordinario o "que saque de otro lado una partida para hacer frente al pago de la ayuda a los futuros solicitantes". González criticó los elevados gastos que se producen en sueldos oficiales o en mantener las empresas dependientes del Gobierno de Canarias, y propuso que "las partidas necesarias se obtengan de ahí".
Precisamente una hora antes de que el Comité de Empresa de la Consejería denunciara este hecho, Inés Rojas, aprovechó una rueda de prensa para confirmar que, en efecto, el presupuesto habilitado para las PCI ya "estaba comprometido", por lo que no hay fondos para afrontar las nuevas solicitudes. Pese a ello, la consejera se comprometió a hacer frente a estas subvenciones hasta final de año, e indicó que "ya se está analizando de qué partidas se pueden obtener los fondos". Así, Rojas explicó: "Estamos realizando modificaciones de crédito dentro de la propia Consejería para aumentar las partida de las PCI, como así indica su propio reglamento". En esta línea, la responsable regional de Bienestar Social recordó que desde el año 2007, cuando se comenzó a otorgar esta prestación, "más de 11.000 personas se han visto beneficiadas". Además, apuntó que a partir del año pasado se apreció un repunte en el número de solicitantes. "Para nosotros es una prioridad otorgar esta ayuda y se van a hacer las modificaciones de crédito oportunas para atender las necesidades básicas de la gente", afirmó.
La consejera señaló que para poder cumplir este compromiso "nos hace falta unos cinco millones de euros". "Aunque espero que no sea necesario mucho más y que den resultados los planes de inserción de desempleados beneficiarios de esta ayuda que están previstos", apostilló la consejera autonómica.
El origen de los fondos necesarios procederán, en un primer momento de la propia Consejería de Bienestar Social, si bien Rojas no descartó acudir a otras consejerías en caso de que fuese necesario. Asimismo, apuntó a que se va a derivar para este asunto "aproximadamente un millón de euros del área de Vivienda", en concreto del apartado destinado a las promociones que ya se han comenzado a construir. "Esto no supondrá que se paralice la edificación ni que la empresa que lleva a cabo el proyecto no vaya a cobrar, sino que la obra continuará y se cobrará de forma más espaciada ", aseveró.
Pese a estas declaraciones, los trabajadores señalaron "que cinco millones no sirven de nada", al igual que criticaron que "se haya mantenido oculta" esta falta de recursos económicos. Del mismo modo, el presidente del Comité de Empresa dudó de que finalmente se pueda obtener fondos extra para estas partidas y puso como ejemplo los 14 millones de euros reservados por el Parlamento de Canarias, "de los que la Consejería de Bienestar Social no ha visto nada".
Itinerarios de empleo
Uno de los aspectos que recoge la normativa de la Prestación Canaria de Inserción es la de llevar a cabo con los beneficiarios un itinerario socioformativo, "el cual según muestran nuestros estudios pueden no estar cumpliéndose", señaló Rojas. Así, añadió: "Estamos tomando las medidas para un plan específico con el fin de crear empleo", lo que reduciría el número de demandantes de la PCI, y el 15 de junio tenemos prevista una reunión con los responsables de los ayuntamientos para buscar una solución, que nos posibilitaría crear unos 14.000 empleos". Asimismo, los trabajadores confirmaron que estos itinerarios no se están desarrollando "porque los ayuntamientos no tiene dinero para gestionar esto". Por último, en cuanto a las expectativas de creación de empleo. el Comité de Empresa mostró su falta de confianza a que, finalmente, se pueda realizar como dijo la consejera.
La crisis dispara la pobreza. En 2008 un millar de familias recibía la prestación canaria de inserción, ahora son más de 4.000
(02-06-2010 LP)
(02-06-2010 LP)
La pobreza y la exclusión social hacen mella en las familias canarias y la crisis está provocando un incremento de esta situación. En los dos últimos años se ha triplicado el número de beneficiarios de la prestación canaria de inserción, las ayudas básicas de protección social del Gobierno canario para personas y familias sin recursos económicos de ningún tipo. En 2008 recibían esta paga alrededor de un millar de unidades familiares, mientras que a fecha de hoy son 4.268 los que reciben la ayuda. Aunque el objetivo principal de la prestación es evitar la exclusión social, también se ha convertido en un auxilio para las personas a las que se les agota el subsidio por desempleo y se quedan sin ingresos.
La emergencia social también ha provocado un descuadre en el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional. El departamento que dirige Inés Rojas se vio obligado en el último trimestre del pasado año a modificar créditos para incrementar la partida destinadas a estas ayudas sociales, al que se destinó 13 millones de euros inicialmente en 2009. El presupuesto de 2010 contempla 16,7 millones de euros, pero cuando el año ni siquiera ha pasado su ecuador ya esta cantidad está comprometida y se necesitarán al menos cinco millones de euros más para garantizar las prestaciones hasta final de año.
La consejera Inés Rojas salió ayer al paso de la denuncia formulada por el comité de empresa de la Consejería, cuyo presidente, Roberto González, advirtió que Servicios Sociales se ha quedado sin fondos para pagar a las nuevas familias que solicitan la ayuda y que se incrementan a un ritmo de más de un centenar al mes. Los trabajadores sociales prevén que el número de solicitantes se puede duplicar en lo que queda de año ante el agravamiento de la crisis y las numerosas familias que se están quedando sin ningún tipo de prestaciones sociales.
La consejera Inés Rojas garantiza que el Ejecutivo atenderá todas las demandas justificadas de protección. Los cinco millones que hacen falta para seguir atendiendo las necesidades sociales se desviará de otras partidas de la Consejería de Bienestar Social, como vivienda, pero en caso necesario se recurrirá a fondos de otras consejerías, explicó Inés Rojas. En este sentido, señaló que ya se están modificando créditos asignados al Instituto Canario de la Vivienda, lo que supondrá que las construcciones de casas de promoción pública ya adjudicadas e iniciadas sufrirán un retraso y las empresas constructoras tardarán más en cobrar.
La prestación canaria de inserción se creó a mediados de 2007 y hasta el momento ha habido 11.000 familias beneficiadas, que pueden percibir la ayuda hasta un máximo de dos años, aunque la idea es que no lleguen a ese límite gracias al seguimiento del itinerario socioformativo que deben seguir y que viene recogido en la ley que regula la prestación, que se aprobó en el Parlamento en 2007.
Publicado en http://www.laprovincia.es/canarias/2010/06/03/canarias-crisis-dispara-pobreza/305232.html
LOS SINDICATOS PIDEN AL GOBIERNO UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 3.800 familias pueden quedarse sin las ayudas de inserción (02-06-2010 CA)
La consejera de Bienestar Social replica que está previsto el desvío de 5 millones desde otras partidas para el pago de esta prestación.
El comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias advirtió este miércoles que, hasta finalizar 2010, unas 3.800 familias pueden quedarse sin cobrar la Prestación Canaria de Inserción. Según su presidente, Roberto González, pese a que en el trámite de elaboración de los presupuestos la Dirección General solicitó 23 millones, el Ejecutivo sólo presupuestó 16 millones de euros para el pago de estas ayudas, cantidad que ya se ha comprometido con las ayudas aprobadas hasta abril.
Como principal consecuencia, advierte González, “las familias que no tenían concedida la Prestación Canaria de Inserción o que soliciten su prórroga después de ese mes, no van a poder cobrarla”.
Por ello, los miembros del comité de empresa plantearon en rueda de prensa, que el Gobierno de Canarias “debe buscar la fórmula para pagar estas ayudas”, cuyo importe se establece entre los 400 y los 600 euros mensuales. González pidió al Ejecutivo “que se habilite un crédito extraordinario”.
La Prestación Canaria de Inserción fue aprobada en 2007 por unanimidad en el Parlamento autonómico y hasta el mes de abril se beneficiaban de ella 3.800 personas. Las previsiones de los servicios sociales autonómicos, según explicaba el presidente del comité de empresa es que esa cifra se doblase a lo largo del año. “El número de solicitantes de la ayuda se podrían duplicar a finales de año”, comentó González.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, lanzó un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios de esta ayuda. Según la consejera, “para tranquilidad de las casi 4.000 familias que la reciben, el cobro de esta ayuda no corre ningún riesgo porque los fondos están comprometidos para todo el año”.
No obstante, sí reconoció que para poder pagar las solicitudes que lleguen a partir de ahora deberá haber una modificación presupuestaria que implique traspasar crédito de otras partidas para la Prestación Canaria de Inserción. Rojas aclaró que este tipo de ayudas “tiene una singularidad, que en los presupuestos está previsto modificar crédito para incorporarla a la prestación, cuando ésta gaste sus fondos”.
En ese sentido, anunció que el objetivo de su área es sustraer de otras partidas unos 5 millones de euros para destinarlos al pago de esta ayuda. Además, anunció que el próximo día 15 se podría aprobar un plan de empleo que promueva la creación de unos 1.400 puestos de trabajo entre los potenciales beneficiarios de estas ayudas, con lo que se derivarían estas personas al Servicio Canario de Empleo.
La Prestación Canaria de Inserción surgió en 2007 como sustituta de las Ayudas Económicas Básicas para suplir, en la medida de lo posible, las carencias de individuos y grupos de población de medios de subsistencia para atender a necesidades básicas. Así, estas ayudas que tramitan los ayuntamientos y que se conceden por un plazo de un año, prorrogable cada 6 meses hasta los 24 meses, se destinan a quienes se encuentran en situación de mayor desigualdad social respecto a otros individuos, con el fin de que consigan el acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales.
Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/136100/
El Comité de Empresa de Bienestar Social alerta de que no hay dinero para pagar las Prestaciones Canarias de Inserción
Inés Rojas asegura que se están modificando los créditos para aportar 5 millones de euros más para los 17 millones destinados a las ayudas (02-06-2010 ED)
El Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias ha alertado hoy que ya en mayo no hay dinero para pagar las solicitudes de las Prestaciones Canarias de Inserción.
En una convocatoria de rueda de prensa, han indicado que en la actualidad, las nuevas propuestas para contar con esta ayuda --aprobada por Ley-- no disponen de fondos, después de que el Gobierno de Canarias, destinase "en una situación de crisis" 17 millones de euros a esta partida en vez de los 23 millones que propusieron los técnicos.
El portavoz del Comité, Roberto González, aseguró que ya el pasado año se vieron en una situación similar en el mes de agosto en donde no había fondos para "cumplir" con la Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2007.
González insistió en que en estos momentos y en las nóminas del mes de abril, hay 3.800 familias que reciben estas ayudas y que seguirán cobrando hasta finales de año, las dudas están en quienes a partir de ahora soliciten estas ayudas.
El portavoz del Comité insistió en que todos los canarios tienen derechos a recibir las PCI 12 meses prorrogables y en una cuantía que oscila entre los 400 y los 600 euros. Advirtió asimismo que el número de solicitudes se incrementará porque muchos de los canarios que se encuentran en paro tendrán este sistemas como único ingreso.
Criticó que la consejera Inés Rojas no haya informado de que no hay dinero en mayo y lamentó esta situación que afecta "a las personas que no tienen nada". El Comité exigió al gobierno de Canarias que de forma "urgente" habilite crédito para dar respuesta a estas familias.
La consejara, sin embargo, insistió en una rueda de prensa en que hay fondos hasta diciembre para las 4.000 familias que actualmente reciben una PCI. Adelantó, por otra parte, que está fijando una serie de créditos que restará del Instituto Canario de Vivienda para sacar adelante unos 5 millones de euros que permitan dar respuesta a los nuevos demandantes.
Confió además en sacar adelante una propuesta con el Servicio Canario de Empleo para que unas 1.400 personas puedan optar a un puesto de trabajo y dejar de recibir la PCI pues según Rojas "todo el mundo quiere tener un trabajo y no depender de una prestación".
EL DINERO DEL PARLAMENTO
Otra de las críticas del Comité es que se desconoce a donde han ido a parar los 14 millones cedidos por el Parlamento de Canarias para las ayudas sociales.
Criticaron también el gasto en personal de confianza y en empresas públicas en donde se destina un gran número de fondos que podrían destinarse a las ayudas sociales. "Ellos [los políticos] son los que malgasta a diario nuestro dinero", declararon recordando, por ejemplo, que el pasado año se destinaron 600.000 euros a la adquisición de coches, entre otros.
Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/136080/
El Gobierno agota en cinco meses todo el dinero de 2010 para ayudas básicas. (03-06-2010 ED)
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, anunció ayer que tratará de ampliar la partida para la Prestación Canaria de Inserción en cinco millones de euros, pero el comité de empresa de la consejería alerta de que con menos de siete millones se quedará gente sin ayuda antes de que termine el año.
Al igual que sucediera durante el ejercicio pasado, las previsiones de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en lo que a la dotación de fondos para la Prestación Canarias de Inserción (PCI) se refiere se han quedado cortas, puesto que al pagar las nóminas del pasado mes de abril se agotaron los 17 millones de euros que se habían comprometido a comienzo de año.
La consejera Inés Rojas, garantizó ayer que se modificarán partidas presupuestarias ya existentes -seguramente del área Vivienda- para seguir dando respuesta a todas las demandas, estimando que serán necesarios unos cinco millones de euros "para garantizar las ayudas básicas".
Sin embargo, el comité de empresa de la propia consejería aseguró ayer que "son necesarios al menos siete millones de euros para atender la demanda actual y sin tener en cuenta que es más que previsible que siga aumentando en función de como se está desarrollando la crisis económica y los niveles de desempleo".
Rojas mostró su confianza en que con cinco millones de euros será suficiente basándose en la eficacia de los planes de empleo ideados para los actuales beneficiarios.
"Bienestar Social y Empleo estamos trabajando mano a mano para crear nuevos planes de inserción sociolaboral específicos que permitan que buena parte de las 4.000 familias que actualmente perciben una PCI encuentren trabajo", manifestó la consejera.
Algo que también puso en duda el presidente del comité de empresa de la consejería, Roberto González, puesto que, según denunció, "actualmente una de las principales cosas que fallan en la PCI es que no se hace un seguimiento real de los casos porque los técnicos están saturados de trabajo y no pueden".
En este punto, alertaron de que "si la partida se amplía sólo en cinco millones de euros, habrá gente que se quedará desatendida y sin ningún tipo de recurso económico antes del 31 de diciembre de este año".
A finales del pasado mes de abril se abonó la cuantía de la ayuda -que oscila entre los 400 y los 600 euros- a 3.800 familias, sin que se sepa a ciencia cierta cuánto se puede demorar la ampliación del fondos y, por lo tanto, los nuevos pagos.
"Ya a comienzos de este ejercicio le comunicamos a la consejera que serían necesarios al menos 23 millones de euros para hacer frente al gasto anual que supone la PCI, pero Hacienda dijo que con algo más de 16 sería suficiente. Ahora se ha acabado el dinero en sólo cinco meses y eso a quien único perjudica es a miles de familias que no tienen ningún tipo de ingreso y que se encuentran en situación de exclusión social. Si ya le es muy complicado encontrar un trabajo a un universitario, ¿cómo cree la consejera que lo va a conseguir para cerca de 4.000 personas que están marginadas o riesgo de estarlo?, se preguntó González.
Por su parte, la consejera recordó que la PCI "nada tiene que ver con la crisis económica ni se ha creado para esto, sino para atender a las situaciones de exclusión social que presentan determinadas familias. La PCI no está prevista para suplir las necesidades creadas por el fin de las prestaciones por desempleo que es lo que le está sucediendo a mucha gente, pero consideramos que son situaciones a las que estamos obligados a dar respuesta desde el Gobierno, por lo que ampliaremos los créditos para cubrir todas las necesidades".
En 2009 la partida presupuestaria para este tipo de ayudas básicas se agotó en el mes de julio, lo que supuso de miles de beneficiarios no pudieran cobrar sus ayudas hasta tres, incluso cuatro meses después, puesto que el trámite de ampliación de la partida restando fondos de otras partidas debe hacerse a través de la Intervención General y requiere un proceso complejo que, además, coincidió con el período vacacional.
En aquel momento fueron los ayuntamientos los que se quejaron, incluso ante la Fecam, de la situación creada por la falta de previsión de la Consejería de Bienestar Social, puesto que en la mayor parte de los casos tuvieron que suplir la falta de recursos económicos de las familias perceptoras de la PCI con ayudas de emergencia social o alimenticias hasta que se recuperó la normalidad en el pago de las prestaciones.
Publicado en http://www.eldia.es/2010-06-03/canarias/4-Gobierno-agota-cinco-meses-todo-dinero-ayudas-basicas.htm
Acusan a Araceli Sánchez del caos en el servicio de Dependencia
El presidente del Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, Roberto González, precisó ayer a EL DÍA que la culpa del caos del servicio de Dependencia "es de la directora general de Bienestar Social, Araceli Sánchez Gutiérrez, única responsable política en esta consejería que se mantiene en su puesto desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia".
En opinión de González, "durante los dos años y medio de vigencia de la ley de Dependencia han pasado cinco jefes de servicio, dos de ellos en funciones, y esta rotación se ha producido por la falta de medios y apoyo desde la dirección general", precisa.
Asimismo, afirma que el comité de empresa "denunció desde un principio que la modalidad de contrato elegida por la consejería para emplear a los trabajadores de este servicio era irregular, y supuso un procedimiento celebrado en fraude de ley, por lo que el comité ha reclamado siempre a la consejería que los convierta en indefinidos, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 15.3".
Por último, el presidente del Comité de Empresa indica que a los 731 fallecidos en Tenerife antes de haber disfrutado de su ayuda hay que sumar los que han muerto en la provincia de Las Palmas "y quedaría más clara aún la situación actual de retraso en la aplicación de la ley de Dependencia en el Archipiélago".
La falta de fondos puede dejar sin ayudas a 4.000 familias. Los trabajadores de Bienestar alertan de la escasez de dinero para renovar prestaciones (02-06-2010 LO)
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias denuncia que no disponen de recursos con los que hacer frente a las renovaciones y altas de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Según los datos que manejan, alrededor de 4.000 familias en el Archipiélago se verían afectadas por la falta de presupuesto.
Roberto González Cabezuelo, presidente del Comité de Empresa de la Consejería, reconoce estar preocupado por la situación de los Servicios Sociales en Canarias. "Queremos denunciar los agujeros negros de la economía canaria y nos preguntamos dónde están los 14 millones que prestó el Parlamento para asuntos sociales", denunció González.
El responsable sindical asegura que vienen advirtiendo al Gobierno de Canarias de que esto ocurriría y de que en 2010 harían falta, al menos, 23 millones de euros para hacer frente a la prestación. Pese a la advertencia, el presupuesto destinado a las PCI fue de 16 millones "y al quinto mes del ejercicio ya no hay recursos para renovaciones ni nuevas altas", denunció González.
El Comité de Empresa anuncia que aportará hoy más datos sobre las partidas presupuestarias de esta prestación y las que se destinan a otras áreas o actividades de la Administración.
González destacó que los recursos que faltan en los servicios sociales canarios podrían haberse obtenido de los incrementos de los presupuestos de empresas públicas en este ejercicio, cuyos fondos ascienden a 89.962.956 euros, o de los gastos en vehículos oficiales. "Sólo en coches oficiales se gastó el año pasado 600.000 euros", puntualizó.
Último recurso
La Prestación Canaria de Inserción es la ayuda última de protección social que reciben personas desempleadas, tras haber cobrado el paro y el subsidio por desempleo. En muchos casos, esta prestación es el único medio de subsistencia de familias enteras, cuyos miembros se encuentran en situación de desempleo.
Las PCI son tramitadas por los Servicios Sociales de base de los Ayuntamientos. El importe de la prestación oscila entre 400 y 600 euros, según los miembros de la unidad familiar. Tiene una duración de doce meses, prorrogables otros doce más.
La ayuda contempla la elaboración de un itinerario de inserción para el beneficiario de esta ayuda, con proyectos de integración o de formación, que sirven como fórmula para diseñar un proyecto de futuro que le permita salir de su situación de exclusión social.
Concretamente, la aprobación de la ayuda va asociada al compromiso del perceptor de elaborar un programa específico de actividades de inserción, que se encargan de diseñar los trabajadores sociales de los Ayuntamientos, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales de las áreas municipales de sanidad, educación y vivienda.
Según denuncia el responsable del comité de empresas de la Consejería, el seguimiento de estos programas de inserción tampoco se están cumpliendo "Los ayuntamientos alegan que no cuentan con personal para llevarlo a cabo, tal y como contempla la Ley".
Publicado en http://www.laopinion.es/sociedad/2010/06/02/falta-fondos-ayudas-4000-familias/288583.html
Rojas reduce la plantilla para evaluar a los dependientes El comité de empresa denuncia que Canarias pasa ahora de tener 64 valoradores a 15 para afrontar la Ley (17-07-2010 LO)
González Cabezuela, que estuvo acompañado por el resto de los representantes de los trabajadores, explicó que pese a que la Consejería de Bienestar Social regional contrató en 2007 al 60 por ciento de la plantilla necesaria para afrontar la puesta en marcha de esta ley, según los datos recomendados por dicho departamento, este año sólo cuenta con 15 valoradores. Concretamente "desaparecen" cuatro médicos, cuatro psicólogos, cuatro trabajadores sociales, dos coordinadores y 49 valoradores.
Por este motivo, el presidente del comité de empresa acusó al Gobierno de Canarias de "boicotear" esta Ley, y "al mismo tiempo a las personas más débiles".
Contratos ilegales.González explicó que a pesar de que Bienestar Social contrató a este personal en 2007 -de manera "ilegal" ya que los contrató eran por "finalización de obra"- para afrontar la primera fase de aplicación de esta ley, en la que se produjo un elevado número de solicitudes, para las dos posteriores ha reducido el número de trabajadores.
El presidente del comité de empresa denunció que no sólo se reduce el número de valoradores en las dos islas capitalinas sin que los elimina de las periféricas. "Teniendo en cuenta que la Ley de Dependencia establece tres escalones de actuación en función de los grados de dependencia de las personas, lo que ha hecho en la práctica el Gobierno es avanzar en la primera fase, a nuestro juicio de forma irregular, con una plantilla de 64 valoradores". Pero, "cuando se trata de pasar a la siguiente decide reducir la plantilla en más de un 75 por ciento, cuando Canarias es una de las Comunidades Autónomas con menor grado de cumplimiento de la Ley".
Según González, Canarias contaba en junio de 2007 con cuatro médicos, cuatro psicólogos, cuatro trabajadores sociales dos coordinadores y un total de 78 valoradores.
Alegan "falta de dinero"
El presidente del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social en Santa CRuz de Tenerife, Roberto González Cabezuela señaló ayer que desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias justifican la reducción de personal con la "falta de dinero", respuesta que destacaron que no aceptan como válida por la falta de previsión de este Gobierno.
Desde el comité de empresa de estos trabajadores públicos se criticó además que el presidente regional, Paulino Rivero, en su balance del primer año de gobierno, no mencionó lo que se ha hecho en esta materia, pero sí la policía autonómica. Por este motivo, el representante de los trabajadores públicos acusó al Gobierno de Canarias de abandonar los servicios sociales. Debido a esta situación, los trabajadores justificaron que los afectados hayan recurrido a la justicia para denunciar el retraso en la aplicación de esta Ley.
Trabajadores del Gobierno acusan a éste de "torpedear" la Ley de Dependencia (17-07-2010 ED)
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario ha eliminado 63 de los 78 puestos de trabajo con los que contaba para atender las solicitudes de los dependientes, según los dos comités de empresa, quienes precisaron que se quedan sólo quince trabajadores para afrontar la avalancha de solicitudes que se prevé.
DORY MERINO, Tenerife
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha eliminado 63 de los 78 puestos de trabajo con los que contaba para atender las solicitudes de ayuda a los dependientes, según denunciaron ayer en rueda de prensa los representantes de los dos comités de empresa de la Consejería, quienes afirmaron que el Gobierno canario "torpedea" la Ley de Dependencia.
"Consideramos que éste es un episodio más de la política de improvisación, cuando no de claro entorpecimiento, que el Gobierno de Canarias ha seguido en materia de dependencia desde enero de 2007, año en el debió crear los puestos de trabajo necesarios para la puesta en marcha de esta ley, tal y como la norma prevé".
Publicado en http://www.eldia.es/2008-07-17/canarias/canarias1.htm
Trabajadores del Gobierno acusan a éste de "torpedear" la Ley de Dependencia (17-07-2010 ED)
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario ha eliminado 63 de los 78 puestos de trabajo con los que contaba para atender las solicitudes de los dependientes, según los dos comités de empresa, quienes precisaron que se quedan sólo quince trabajadores para afrontar la avalancha de solicitudes que se prevé.
DORY MERINO, Tenerife
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha eliminado 63 de los 78 puestos de trabajo con los que contaba para atender las solicitudes de ayuda a los dependientes, según denunciaron ayer en rueda de prensa los representantes de los dos comités de empresa de la Consejería, quienes afirmaron que el Gobierno canario "torpedea" la Ley de Dependencia.
Precisaron que en 2008 "se quedan sólo 15 trabajadores para afrontar la avalancha de solicitudes que se prevén en las dos últimas fases de valoración de los dependientes".
Los trabajadores denunciaron que tan sólo en la primera fase, "que lleva un año de retraso en su aplicación, se recibieron 15.000 solicitudes, de las que se han valorado 11.000, aunque son únicamente 254 personas las que están recibiendo las ayudas". En este sentido, puntualizaron que 200 de ellos reciben las prestaciones económicas y 54 servicios.
La primera fase contempla la valoración de solicitudes de grandes dependientes, cuyo número se podía prever, algo que los trabajadores de la Consejería aseguran es imposible en la segunda y tercera fases de valoración, pero que estiman será "una avalancha enorme". Criticaron que el período de valoración en Canarias supera el año, e, incluso, el año y medio, cuando en el resto del territorio nacional está entre los tres y los seis meses.
También se quejan de que "se han cargado" los equipos de valoración, compuestos por médicos, asistentes sociales, psicólogos y coordinadores y que la plantilla de valoradores inicial, fijada en junio de 2007, era de 64 personas, el 60% de lo que la Consejería había recomendado.
Además, "parece que en las Islas menores no hay dependientes, porque la Consejería ha eliminado los puestos de trabajo destinados en esas islas".
Por último, manifestaron que es "de vergüenza" que algunos dependientes hayan tenido que recurrir a la Justicia para denunciar el retraso de la puesta en marcha de esta ley en Canarias, al no habérseles aplicado sus derechos.
"Consideramos que éste es un episodio más de la política de improvisación, cuando no de claro entorpecimiento, que el Gobierno de Canarias ha seguido en materia de dependencia desde enero de 2007, año en el debió crear los puestos de trabajo necesarios para la puesta en marcha de esta ley, tal y como la norma prevé".
