lunes, 26 de noviembre de 2012
Informa CCOO recortes personal 2013
El viernes
pasado, 23 de noviembre, al mismo tiempo que se presentaban los presupuestos
generales de la CAC para 2013 por parte del Consejero de Economía y Hacienda,
Sr. Javier Ortiz, en el Parlamento de Canarias, el Consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad, Sr. Francisco Hernández Spínola, presentaba a
Comisiones Obreras las medidas que en materia de personal, Capítulo I, afectarán
negativamente a los empleados públicos.
Por supuesto,
en ningún momento se asume la falta de ideas y la entrega total del Gobierno de
Canarias a las tesis estatales respecto a la nefasta política económica con la
que se pretende salir de la crisis, la contención del gasto como única vía para
la reducción del déficit público, esfuerzos que llevan años haciendo recaer
sobre las espaldas de los empleados públicos, y este año, retoman la idea
inicial, ya planteada antes de la decisión de reducir en un 5% los salarios a
todos los empleados públicos de Canarias aprobada por Ley 4/2012, de 25 de
junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC. núm. 124-
Martes 26 de junio de 2012), de disminuir en un 25 % la jornada laboral a
todo el personal laboral no fijo ó funcionario interino de la
Administración General de la Comunidad Autónoma, con la consiguiente
reducción proporcional de sus retribuciones. Medida que puede afectar, según
las cuentas realizadas por el Gobierno de Canarias, a unos 3.300 trabajadores.
Según se nos
informa esta medida no afectará al personal docente, el personal estatutario del
Servicio Canario de Salud y el personal al servicio de la Administración de
Justicia.
La excusa del
Consejero de Presidencia, y del Gobierno de Canarias, para tomar estas duras
medidas de reducción del 3,2% en el Capítulo de Gastos de Personal para 2013, es
la disminución en las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma. Y el
argumento principal para la reducción de jornada y retribuciones que pretenden
es la de evitar despidos masivos y el mantenimiento de la calidad de los
servicios públicos, idea que previamente, posiblemente preparando el terreno,
habían hecho públicas diferentes miembros del Gobierno en los distintos medios
de comunicación sobre el despido de 1.000, 5.000, 3.500…, empleados públicos si
las transferencias del estado disminuían brutalmente.
Además:
- El Servicio
Canario de Empleo sufrirá igualmente recortes que no se detallan por parte del
Consejero, aunque indica que se tratarán directamente por la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
- Se suspende
la posibilidad de oferta de empleo público en 2013.
- No se
renovarán contratos temporales ni se repondrán los efectivos salvo en casos
excepcionales.
- Tampoco se
prolongará la actividad laboral más allá de los 65 años, procediéndose a la
jubilación obligatoria.
- Nos informan
de la disminución de altos cargos y personal eventual a partir de enero de 2013,
aunque según los medios de comunicación el porcentaje en este apartado es
bastante pequeño, prácticamente testimonial.
Para finalizar
el Sr. Hernández Spínola, se compromete a abrir el diálogo con las
Organizaciones Sindicales, en el ámbito de la Mesa General de Negociación de los
Empleados Públicos, comprometiéndose a estudiar propuestas
alternativas.
CCOO advierte, en su turno de
intervención, al Consejero de Presidencia que los empleados públicos vienen
soportando casi en solitario el peso de esta crisis, por lo que no compartimos
que el Gobierno de Canarias continúe insistiendo en aplicar las mismas políticas
de restricción del gasto que aplica el gobierno de Rajoy, que hay otras
alternativas y que se debe ser valiente para buscar nuevas vías de ingresos,
actuando sobre las grandes fortunas, los bancos, la propia estructura política
de Canarias y a la patronal, repartiendo los esfuerzos entre todos.
CCOO ya ha hecho llegar en años
anteriores, iniciativas y propuestas para que no se continúe penalizando a los
empleados públicos y no se han tenido en cuenta, lo que hacen es intentar
dividir a los trabajadores al actuar sobre sectores determinados, intentando que
los demás, al entender que no están afectados, dejen al resto a su suerte. Pero
eso no va a suceder, pediremos la unidad de todos los empleados públicos en
defensa de cada trabajador y sector afectado por los recortes.
También
ironizamos sobre la actitud del Gobierno que anunciaba que se plantaría ante lo
que consideran un abuso del Gobierno Central por el maltrato que dan a Canarias
en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y el injusto sistema de
financiación que existe, pero todo se ha quedado en agua de borrajas, han
presentado los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias casi
al mismo tiempo que se presentaron los del Estado, ya los tenían elaborados. No
nos bastan obras teatrales, Canarias necesita un Gobierno serio que sepa
proteger los intereses de sus ciudadanos, el estado de bienestar, los servicios
públicos y a sus trabajadores y trabajadoras, a sus empleados
públicos.
Seguiremos informando.
Canarias, 26 de noviembre de
2012.
Los abogados canarios declaran persona 'non grata' a Gallardón
El Consejo Canario de
Colegios de Abogados (CCCA) ha declarado “persona non grata” el
ministro de Justicia del Gobierno de España, Alberto Ruíz-Gallardón
Jiménez, por su “nefasta gestión al frente” del citado departamento
estatal.
El citado consejo, integrado por los profesionales del Derecho de
Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote, adoptó la descrita
resolución en la sesión plenaria celebrada el pasado 23 de noviembre en
la capital palmera.
En el comunicado difundido en la mañana de este lunes por el Colegio
Oficial de Abogados de Santa Cruz de La Palma, se señala que los
letrados que ejercen en el Archipiélago canario consideran que el
titular del Ministerio de Justicia ha “vulnerado y conculcado el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, al promover e impulsar la
aprobación de la Ley de Tasas, desoyendo a todos los sectores jurídicos,
jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, procuradores,
abogados y ciudadanos, que son los principales afectados por dicha
norma”.
También se indica que, “desde la fecha del presente acuerdo, se
prohibirá la entrada a cualquier dependencia del CCCA, así como en los
colegios de abogados de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de
Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Arrecife de Lanzarote del señor
ministro de Justicia don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez".
Jueces y fiscales llaman a la concentración en LPGC
CONTRA LA NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES
La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales convoca a la
concentración que se celebrará este viernes a las 12.30 horas en el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Plaza de San Agustín,
Vegueta, en protesta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ), que establece la obligación de pago de tasas judiciales
a los ciudadanos y no solo a las empresas con amplia capacidad
económica, como venía siendo hasta ahora.
En un manifiesto, los jueces y fiscales exigen la retirada inmediata
del proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, que "perjudica la calidad de
la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis
económica". Además abogan por potenciar la estructura y las competencias
del Consejo General de Poder Judicial y por su autonomía
presupuestaria, así como la de la Fiscalía General del Estado, para
"garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y de la
Autonomía del Ministerio Fiscal".
En el escrito de denuncia, señalan que la "sobrecarga desmedida" de
los órganos judiciales y fiscalías exigen "la creación de plazas
necesarias de jueces y fiscales de carrera para terminar de forma
progresiva y gradual con la justicia interina".
Con respecto a la carga de trabajo, solicitan que se aplicque como
límite de entrada un máximo admisible y con efectos inmediatos.También
apuestan por "la eficacia y optimización de recursos", con una nueva
demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes
ciudades, creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas
judiciales y fiscales, "cuyo actual modelo es ineficaz sin la
modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado".
Jueces y fiscales reclaman la adopción de medidas para paliar "el
abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y
las Fiscalías, debido a la ausencia absoluta de medios personales y
materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias".
En relación a uno de los aspectos más controvertidos, las tasas
judiciales, piden que "no limiten el acceso a la Justicia,
circunstancia que no se contempla en la en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas".
El triunfo de los mediocres
Quienes me conocen saben de mis credos e idearios. Por encima de éstos, creo que ha llegado la hora de ser sincero. Es, de todo punto, necesario hacer un profundo y sincero ejercicio de autocrítica, tomando, sin que sirva de precedente, la seriedad por bandera.
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| Forges |
Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes, con una huelga general, o echándonos a la calle para protestar los unos contra los otros.
Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.
Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.
Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera política o profesional desconocemos por completo, si es que la hay. Tan solo porque son de los nuestros.
Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.
- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente basura.
- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un solo presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.
- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, incluso, a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.
- Mediocre es un país que tiene dos universidades entre las 10 más antiguas de Europa, pero, sin embargo, no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.
- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.
- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente - y la singularidad sancionada.
- Mediocre es un país en cuyas instituciones públicas se encuentran dirigentes políticos que, en un 48 % de los casos, jamás ejercieron sus respectivas profesiones, pero que encontraron en la Política el más relevante modo de vida.
- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.
- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
- Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, para lucir sin complejos su enseña nacional, necesita la motivación de algún éxito deportivo.
ANTONIO FRAGUAS DE PABLOS (FORGES)
Informe Sepca recortes Personal para 2013
CON EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD
Este viernes día 23 de noviembre, los sindicatos con
mayor representación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
fuimos citados por el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, para
informarnos de las medidas de recorte que el Consejo de Gobierno había acordado
con respecto al Capítulo de Gastos de Personal para 2013, como consecuencia de
la disminución en las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma.
Dejando
al margen las cifras que se nos han presentado y sin que sepamos cómo ha sido
establecida la imputación del recorte general en el capítulo de gastos de
personal; con la justificación de “evitar
despidos masivos y el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos”,
las medidas de recorte previstas consistirán en:
- Disminución en un 25 % de la jornada y la
consiguiente reducción proporcional de las retribuciones a todo el personal
laboral no fijo o funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad
Autónoma; esto afectará, según cálculos del Gobierno, a unos 3.300
trabajadores. Quedan excluidos de esta
medida el personal estatutario del Servicio Canario de la Salud, el personal
docente y el personal al servicio de la Administración de Justicia.
- El personal del Servicio Canario de Empleo también
se verá afectado por los recortes, pero sin avanzarnos nada más. Según el
Consejero, éstos serán determinados en un escenario aparte y directamente por
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
- No habrá oferta de empleo público en 2013, ni
prolongación de la actividad laboral más allá de los 65 años. Tampoco se
procederá a la renovación de contratos temporales ni reposición de efectivos
salvo en casos excepcionales.
- Se nos anunció una disminución de altos cargos y
personal eventual a partir de enero de 2013, pero sin que se nos concretara en
qué medida.
El
Consejero ha manifestado que el Gobierno está abierto al diálogo con los
representantes sindicales, que está dispuesto a estudiar propuestas
alternativas, etc.
Desde
SEPCA ya le hemos adelantado que no estamos en absoluto de acuerdo con que,
nuevamente, el empleo público y las retribuciones de los empleados públicos
tengan que volver a ser el colchón del ahorro, ya que consideramos que hay
muchos otros gastos que pueden ser recortados o suprimidos y que nuestras
propuestas no irán de ninguna manera encaminadas a acercar posturas en más recortes retributivos, de jornada, ni de
empleo público.
Canarias, 24 de noviembre de 2012
viernes, 23 de noviembre de 2012
INFORMA INTERSINDICAL
Esta Mañana el Consejero de Presidencia y Justicia ha reunido, por separado, a
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Empleados Públicos
para informarles de las medidas que quiere presentar el Gobierno de Canarias
para reducir el Capítulo I en la Administración General de la Comunidad
Autónoma.
La reunión
de hoy fue muy simple e informativa y el Consejero planteó que estas medidas
serán motivo de negociación en una próxima Mesa General de Empleados
Públicos.
El Gobierno
dice que estas medidas que propone se justifican por tres decisiones
políticas.
a.- No se tocan las
retribuciones
b.- No habrá despidos masivos
(por ahora) y una renuncia (por ahora) a un ERE
extintivo.
c.- Mantener los derechos de los
Funcionarios de Carrera y Personal Laboral Fijo
La medida de ahorro que propone el
Gobierno es:
REDUCCIÓN DE JORNADA Y SALARIO AL
COLECTIVO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, INTERINO E INDEFINIDO Y FUNCIONARIOS
INTERINOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNONA. LA
AFECCIÓN DE ESTA MEDIDA RONDA LOS 3300 TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS.
Según nos expone el Consejero de
Presidencia este será el punto de partida en la negociación a la que están
obligados.
Dice el
Consejero que en la propuesta del Gobierno quedan excluidos de esta medida el
personal interino docente de educación, el personal sanitario y Justicia. Tales
colectivos tendrán sus propios recortes que, cuando llegue el momento, se
presentarán y negociarán en sus respectivas Mesas Sectoriales.
Nos
comunica que también queda excluido de esta medida el Personal del SERVICIO
CANARIO DE EMPLEO que debido a los recortes procedentes del Estado, tendrán que
negociar un reajuste de plantilla.
Manifiesta
que otras medidas de ahorro se mantienen como hasta ahora y que ya están
recogidas en la normativa vigente: tasa de reposición cero, ninguna oferta
pública de empleo (OPE), ninguna contratación por obras y servicios, etc.
En esta sesión informativa INTERSINDICAL CANARIA dejó claro que no está de acuerdo con esta medida “de ahorro” que este Gobierno ha elevado al Parlamento Canario (ni con ninguna otra medida que elimine empleo, precarice el empleo público y reste prestación de servicios públicos a la ciudadanía). INTERSINDICAL CANARIA propondrá en la Mesa General de Empleados Públicos una batería de medidas alternativas de ahorro y de recaudación que permitirán dejar a salvo el empleo y la dignidad de los empleados públicos y los servicios públicos.
TENDRÁN EL PODER, PERO NO TIENEN LA RAZÓN.
LA RAZÓN ESTÁ DE NUESTRA PARTE.
El Gobierno recortará sueldo y horario a 3.300 empleados públicos
El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, ha informado a
los sindicatos que el Gobierno regional propone recortar el próximo año
sueldo y del horario a 3.300 empleados públicos de la Comunidad
Autónoma. El Gobierno no ha fijado el porcentaje del recorte pero los
sindicatos manejan una tasa del 25% en horario y salario.
En la reunión que mantiene con los representantes de los trabajadores,
Spínola ha indicado que el objetivo del Ejecutivo autónomo es ahorrar
con esta medida el 3% del gasto actual en personal. Se trata de una de
las medidas que el Gobierno de Paulino Rivero aplicará para ajustar sus
cuentas el próximo año para recortar 450 millones de euros.
El consejero de Presidencia ha explicado que la intención del Ejecutivo
-aún negociable con lo sindicatos- es que 3.300 empleados interinos y
laborales de la Administración general de la Comunidad Autónoma reduzcan
su horario de trabajo y, en consecuencia, su sueldo en 2013.
El compromiso del Gobierno, aseguró Spínola a los representantes
sindicales, sería que este recorte solo se aplicaría durante un
ejercicio, con lo que los empleados afectados recuperarían el 100% de su
salario en 2014.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
El Gobierno canario mantiene los salarios públicos
El proyecto de Presupuestos que Canarias entrega este viernes refleja un recorte del número de altos cargos
El proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Canarias entregará el
viernes a su Parlamento no incluye una rebaja de los salarios de los
empleados públicos, pero sí un recorte del número de altos cargos y de
personal de confianza en una proporción similar a la que baja el gasto
previsto, casi un 7 %.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero,
ha reconocido hoy en una entrevista con Efe que los Presupuestos de 2013
serán "duros", porque se trata de administrar "escasos recursos, mal
financiados", sin que eso afecte a los servicios públicos de una manera
que ponga en peligro "la cohesión social y territorial del
archipiélago".
"Canarias no se puede permitir el lujo de hacer lo
que está ocurriendo en otras comunidades, como privatizar hospitales. No
podemos permitirnos ese lujo porque la estructura socioeconómica de
Canarias es diferente: tenemos más de 30 % de paro y las rentas y
salarios más bajos del Estado", ha señalado.
Ha recalcado que en
el debate entre quienes defienden mantener los servicios públicos sin
cambios y quienes demandan sustituirlos por la iniciativa privada, el
Gobierno canario y su propio partido, CC, apuestan por conservarlos,
"pero introduciendo todas las reformas que sean necesarias para hacerlos
más eficientes, con más calidad y más ajustados a la realidad que
vivimos".
El presidente canario ha señalado que, para conseguir
ese objetivo, con un presupuesto que arrastra ya varios recortes de
gasto consecutivos, es necesario tomar decisiones en algunos campos.
"Haremos
un nuevo ajuste en la Administración. Si en 2013 vamos a administrar
casi un 7 % menos de gasto que en 2012, pues nos sobrará aproximadamente
la misma proporción de altos cargos y de cargos de confianza para
gestionar el presupuesto", ha adelantado.
Sin embargo, ha
precisado que no está previsto una nueva rebaja de las retribuciones de
los empleados públicos, "excepto en aquellos casos en los que se trabaje
menos horas".
"Otra cosa diferente es que el Gobierno de España
tenga que tomar decisiones que afecten a todos los empleados públicos de
España en el momento que estime, tal como hizo el año pasado", ha
añadido.
Otra mas de Ines Roja
La Fundación Ideo reengancha al yerno de Concepción tras echarlo por los recortes
El área de Juventud de la Fundación
Ideo estimaba que tendría que despedir a tres trabajadores para
ajustarse al recorte previsto para 2013. Con la vuelta de José Daniel
Díaz Armas, yerno del empresario Miguel Concepción, serían seis. La
consejería respectiva niega que esté previsto hacer despido alguno.
El yerno del empresario Miguel Concepción, José Daniel Díaz Armas,
vuelve al puesto de trabajo del que la Fundación Ideo lo despidió la
semana pasada por motivos económicos. Desde el entorno de la fundación
-dependiente de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda- se muestran "sorprendidos" por lo que califican de
"imposición", si bien el departamento que dirige Inés Rojas aclara que
se trató de un despido improcedente que no se explicó al afectado -sin
confirmar que sea el yerno de Concepción- pese a que la carta de despido
es prolija en su razonamiento económico, y que se negociará a la baja
su contrato.
El área de Juventud de la Fundación Ideo tiene su sede en el
municipio tinerfeño de La Laguna, donde trabajan 14 personas de las que
cuatro están en excedencia voluntaria. Entre las restantes se cuenta
Díaz, que fue concejal del Ayuntamiento de Tacoronte y que solicitó
reincorporarse a su puesto de trabajo tras abandonar el cargo político.
Entró en la fundación como gerente adjunto, aclaran desde el entorno del
ente.
La gerencia de la fundación, que estudió sus cuentas al recibir la
petición de Díaz, optó por despedirlo, lo que comunicó mediante una
carta en la que alegó, de forma expresa, que el área de Juventud perderá
el 53% de sus fondos en 2013. Díaz fue liquidado el martes de la semana
pasada y se le dio la indemnización correspondiente.
Pero el pasado viernes, apenas tres días después, Díaz reintegró la
liquidación y se conoció que Fundación Ideo había dado marcha atrás al
despido.
Desde el entorno de la fundación aseguran que el área de Juventud se
veía abocada al despido de tres personas de las nueve que trabajan de
forma efectiva -sin contar las que están en excedencia voluntaria-, pero
con la vuelta de Díaz a su puesto, los despidos tendrán que ser el
doble: seis, con lo que solo quedarán de manera real tres técnicos, pues
con su salida se buscaba justo asegurar el mantenimiento del equipo de
trabajo.
Pero la consejería que dirige Rojas -que también preside la Fundación
Ideo- replica que, por una parte, es falso que esté previsto hacer
nuevos despidos en la fundación tras el último ERE y, además, que el
despido de Díaz fue improcedente por ese mismo motivo -ya que no se le
incluyó en el proceso anterior- y también porque la decisión no se llevó
al patronato de la fundación, por lo que se tuvo que reenganchar.
lunes, 19 de noviembre de 2012
El Ministerio de Economía oferta trabajos en China para licenciados con “sueldos” de… ¡200 euros mensuales!
Se trata de 'chollos' que el ICO facilita para diferentes titulados de carreras económicas, ingenierías y derecho
El ministerio de Economía, a través de la Fundación ICO, ha enviado a un
joven titulado universitario mallorquín una oferta para trabajar en
China por un sueldo de 200€ al mes. No es el único que la ha recibido.
También la habrán encontrado en sus correos electrónicos otros
exbecarios de la Fundación mencionada.
La experiencia, la narra Lluís Amengual, redactor de medio ambiente de Diario de Mallorca, en su blog de trabajo.
El periodista, que explica que él mismo vivió y trabajó en China
gracias a un programa financiado en parte por el ICO, cuenta que desde
entonces ha seguido formando parte de la base de datos del ICO por lo
que le envían “ofertas de trabajo, cursos y otras informaciones (…)
entre las que se encuentran empresas y exbecarios que buscan crear
vínculos entre España y China.
Ofertas de trabajo indignas, de un euro a la hora
Amengual, que en su información se muestra agradecido al ICO por lo que le ayudó, advierte sin embargo que “siendo sinceros, las ofertas de trabajo que nos llegan de este organismo público nunca han sido una panacea. Bueno, la verdad es que no recuerdo ninguna oferta de trabajo que fuera digna de recibir este nombre. Se la puede llamar limosna, insulto, bofetada o vejación. Elijan ustedes”.
Amengual, que en su información se muestra agradecido al ICO por lo que le ayudó, advierte sin embargo que “siendo sinceros, las ofertas de trabajo que nos llegan de este organismo público nunca han sido una panacea. Bueno, la verdad es que no recuerdo ninguna oferta de trabajo que fuera digna de recibir este nombre. Se la puede llamar limosna, insulto, bofetada o vejación. Elijan ustedes”.
Pero el ICO, como dice Lluís Amengual
en su blog, con la última oferta que le ha hecho llegar supera
“cualquier límite”, y a continuación copia parte de esa oferta: “La
persona seleccionada recibirá una remuneración de 2000 RMB al mes
(nótese que el coste de vida en Dongguan es mucho más bajo que en otras
ciudades como Pekín o Shanghai)”. Esos 2000 RMB según cuenta Amengual,
se traducen en 200 euros.
Favorecer la creación de lazos entre España y China
En esta oferta que ahora le ha llegado, se incluye alojamiento y comida, pero como dice Amengual, que ha hecho los cálculos, esos 200 euros significan que quienes acepten el “chollo” que ofrece el ICO trabajarán por un euro a la hora. Pedazo de sueldo que lleva a Amengual a acabar su texto clamando porque “tanto éste como todos los organismos que pagamos todos de nuestro bolsillo deberían velar por unas condiciones dignas en las ofertas de trabajo que envía y de no insultar a la gente que recibe sus correos con despropósitos como el ejemplificado en líneas anteriores. Pero esto es lo que hay. Y lo peor de todo es que si se ofrece es porque alguno lo cogerá. Así va España”
En esta oferta que ahora le ha llegado, se incluye alojamiento y comida, pero como dice Amengual, que ha hecho los cálculos, esos 200 euros significan que quienes acepten el “chollo” que ofrece el ICO trabajarán por un euro a la hora. Pedazo de sueldo que lleva a Amengual a acabar su texto clamando porque “tanto éste como todos los organismos que pagamos todos de nuestro bolsillo deberían velar por unas condiciones dignas en las ofertas de trabajo que envía y de no insultar a la gente que recibe sus correos con despropósitos como el ejemplificado en líneas anteriores. Pero esto es lo que hay. Y lo peor de todo es que si se ofrece es porque alguno lo cogerá. Así va España”
La Fundación
ICO explica que el programa ICO-Becas China “tiene como objeto favorecer
la creación lazos entre España y China mediante la formación de
profesionales capacitadoss para establecer vínculos econòmico-sociales”.
Según el ICO, “el perfil académico para el cual están pensadas estas
becas es el de titulados superiores en Administración y dirección de
empresas, empresariales, ciencias económicas, comercio internacionales e
ingenierías o derecho, preferentemente.
El SGT de Politicas Sociales Inicia la Privatización encubierta de Servicios
El secretario
general técnico con el apoyo de la consejera de PolíticasSociales del
ejecutivo de Rivero inicia la privatización encubierta de servicios
Inés Rojas tiene planeado entregar a empresas lo que puede generar grandes beneficios
 |
| Consejera y Sec.Gral Tecnico |
No lo anuncian. No lo dicen. Intentan ocultarlo, pero las evidencias
ponen el acento en la política destructora, enemiga de lo público que
tiene la actual consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias,
Inés Nieves Rojas de León, de la cuota lanzaroteño en el ejecutivo de
Paulino Rivero, asesorada por su secretario general técnico, que viene
de Educación, donde ejercía de cachorro feroz de la incompetente,
terrible y dinamitera Milagros Luis Brito, y de una serie de asesores,
la mayoría abogados traídos de las profundidades del Sur tinerfeño.
Todos se han planteado como objetivo el acabar con los servicios
públicos relacionados con el estado del bienestar y por lo tanto, en su
mayoría, deficitarios y que se proyectan sobre los colectivos más
débiles y frágiles y entregárselos a la iniciativa privada, que no
atiende personas, sino balances y que deteriorarán aún más los ya
caóticos e ineficaces servicios que ahora presta la consejería, no por
sus profesionales, sino por sus gestores políticos.
En nada se diferencia Inés Rojas de sus contrincantes políticos del PP. Ambos apuestan por la privatización, por acabar con la hegemonía de lo público. Es por eso que lo camuflan, no lo quieren asumir y mientras Paulino y Barragán y otros tantos, en sus batallas con Madrid, dicen que defienden los servicios públicos básicos, están mintiendo como bellacos, ya que tanto Inés Rojas como Brígida Mendoza quieren privatizar lo máximo para complacer al político más terrible que mora en Canarias y que es el responsable máximo de todo lo que está pasando: Javier González Ortiz, que es el ejecutor de los mandatos secretos de Rivero, que va de policía bueno, mientras que su lado oscuro, encarnado en este político nefasto e incompetente es el que se encarga de destruir a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
Por eso resulta sangrante lo que está ocurriendo en los centros bases, donde se gestiona la valoración y la calificación del grado de discapacidad de las personas. Y esto se hace a través de un procedimiento mediante el cual se reconoce a las personas con discapacidad el grado que le corresponda a fin que pueda acceder a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los distintos organismos públicos. Está claro que se trata de un servicio clave, esencial, básico.
Pues la consejera y su equipo de técnicos, asesores, enchufados y pelotas brutales (a veces espías de sus compañeros), se han sacado la orden de 18 de octubre donde se regulan “las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad que se presenten por las personas físicas interesadas, que se hallaren residiendo habitualmente en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquellas que se soliciten para el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, a efectos de obtener la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva”.
Las paguitas, claro está, ese dinero que salva a muchos ciudadanos de la pobreza, de acabar en la calle. Una orden que aparentemente normaliza y cohesiona procedimientos, pero en la que surge una vía para la privatización, metida por este secretario técnico, de rondón y a escondidas (quizás ya tenga quien se lo haga) y lo hace pronto, en el artículo 2 de la citada orden, en el de las competencias funcionales y territoriales, que aunque sean públicas, no importa que se transformen en privadas: “para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la consejería competente en materia de Políticas Sociales suscribirá con los Cabildos los correspondientes convenios de encomienda donde se fijen los términos y condiciones en que hayan de realizarse tales informes, pruebas y exploraciones en orden a la valoración de la discapacidad. Igualmente podrá ser objeto de contratación dicho servicio de reconocimiento a profesionales cualificados y empresas externas especializadas, de acuerdo con el texto refundido de la ley de contratos del sector público”.
Pero la cosa no se queda ahí. En el artículo 4 que regula los dictámenes técnicos-facultativos se expone otra clave para la privatización: “para la baremación, la consejería competente en materia de Políticas Sociales pondrá a disposición de los profesionales el uso de un aplicativo informático específicamente diseñado para esta finalidad que será de utilización obligada para los técnicos y personal de los centros de valoración de la discapacidad y, en su caso, personal externo encargado expresamente autorizado por la secretaria general técnica, mediante el uso de la correspondiente firma electrónica y de los equipos ofimáticos que se suministren para ello”.
Ya está preparada la cobertura jurídica. Ahora toca esperar a que se produzca el hecho en sí. El comité de empresa, garante de lo público, está expectante y vigilante, del mismo modo que hizo cuando se privatizó el aplicativo informático, ahora campo de batalla y causante de miles de males. Ese es el paisaje futuro, con dolor para todos los afectados.
En nada se diferencia Inés Rojas de sus contrincantes políticos del PP. Ambos apuestan por la privatización, por acabar con la hegemonía de lo público. Es por eso que lo camuflan, no lo quieren asumir y mientras Paulino y Barragán y otros tantos, en sus batallas con Madrid, dicen que defienden los servicios públicos básicos, están mintiendo como bellacos, ya que tanto Inés Rojas como Brígida Mendoza quieren privatizar lo máximo para complacer al político más terrible que mora en Canarias y que es el responsable máximo de todo lo que está pasando: Javier González Ortiz, que es el ejecutor de los mandatos secretos de Rivero, que va de policía bueno, mientras que su lado oscuro, encarnado en este político nefasto e incompetente es el que se encarga de destruir a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
Por eso resulta sangrante lo que está ocurriendo en los centros bases, donde se gestiona la valoración y la calificación del grado de discapacidad de las personas. Y esto se hace a través de un procedimiento mediante el cual se reconoce a las personas con discapacidad el grado que le corresponda a fin que pueda acceder a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los distintos organismos públicos. Está claro que se trata de un servicio clave, esencial, básico.
Pues la consejera y su equipo de técnicos, asesores, enchufados y pelotas brutales (a veces espías de sus compañeros), se han sacado la orden de 18 de octubre donde se regulan “las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad que se presenten por las personas físicas interesadas, que se hallaren residiendo habitualmente en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquellas que se soliciten para el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, a efectos de obtener la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva”.
Las paguitas, claro está, ese dinero que salva a muchos ciudadanos de la pobreza, de acabar en la calle. Una orden que aparentemente normaliza y cohesiona procedimientos, pero en la que surge una vía para la privatización, metida por este secretario técnico, de rondón y a escondidas (quizás ya tenga quien se lo haga) y lo hace pronto, en el artículo 2 de la citada orden, en el de las competencias funcionales y territoriales, que aunque sean públicas, no importa que se transformen en privadas: “para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la consejería competente en materia de Políticas Sociales suscribirá con los Cabildos los correspondientes convenios de encomienda donde se fijen los términos y condiciones en que hayan de realizarse tales informes, pruebas y exploraciones en orden a la valoración de la discapacidad. Igualmente podrá ser objeto de contratación dicho servicio de reconocimiento a profesionales cualificados y empresas externas especializadas, de acuerdo con el texto refundido de la ley de contratos del sector público”.
Pero la cosa no se queda ahí. En el artículo 4 que regula los dictámenes técnicos-facultativos se expone otra clave para la privatización: “para la baremación, la consejería competente en materia de Políticas Sociales pondrá a disposición de los profesionales el uso de un aplicativo informático específicamente diseñado para esta finalidad que será de utilización obligada para los técnicos y personal de los centros de valoración de la discapacidad y, en su caso, personal externo encargado expresamente autorizado por la secretaria general técnica, mediante el uso de la correspondiente firma electrónica y de los equipos ofimáticos que se suministren para ello”.
Ya está preparada la cobertura jurídica. Ahora toca esperar a que se produzca el hecho en sí. El comité de empresa, garante de lo público, está expectante y vigilante, del mismo modo que hizo cuando se privatizó el aplicativo informático, ahora campo de batalla y causante de miles de males. Ese es el paisaje futuro, con dolor para todos los afectados.
martes, 13 de noviembre de 2012
Spínola anuncia “consecuencias” en el empleo del sector público
El Gobierno de Canarias respondió ayer con evasivas a dos cuestiones clave relacionadas con los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013.
En la primera parte de la sesión de control -hoy acude Paulino Rivero-, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola,
confirmó un secreto a voces: el Ejecutivo no renovará contratos
temporales, tampoco repondrá jubilaciones ni promoverá ofertas de empleo
público. En contestación al diputado Román Rodríguez (Nueva Canarias),
Spínola resaltó que, para hacer frente al recorte de 700 millones de
euros para las Islas recogido en los presupuestos generales del Estado,
se potenciará la flexibilidad y la redistribución interna.
Preguntado si compartía el criterio del presidente de la patronal
CEOE-Tenerife, Spínola enfatizó que se opone “rotundamente” a la “muy
cualificada” -según Rivero- opinión de José Carlos Francisco de que en
la Administración de la Comunidad Autónoma sobran 5.000 empleos
públicos. A continuación, admitió que habrá “consecuencias” en el
capítulo 1 (gastos de personal). “El despido será la última opción”,
remachó.
Spínola esgrimió el argumento de que Canarias es la quinta región
española con menos trabajadores en el sector público por habitante.
“Siete de cada diez son docentes o personal estatutario del Servicio
Canario de la Salud”, apuntó. En un tono de preocupación, Hernández
Spínola alertó de que hablar de despidos masivos genera desmotivación,
ansiedad y tensión, además de ser una “irresponsabilidad” en la que el
Gobierno canario “no va a caer”.
Mientras, Román Rodríguez reiteró, con datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA), que en los últimos quince meses se han producido
32.700 bajas no voluntarias y retó al Ejecutivo a que demuestre su
voluntad en el articulado del proyecto de las cuentas autonómicas.
Previamente, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier
González Ortiz, dejó abierta a puerta a una subida del tramo canario del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), después de que
el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, lo negara tajantemente la
semana pasada. “Cuando llegue el proyecto de presupuestos autonómicos al
Parlamento, se conocerán las medidas que tendremos que tomar para
cuadrar las cuentas”, expuso a Miguel Cabrera Pérez-Camacho (PP).
Ortiz echó en cara a su interlocutor que censure la “orgía
impositiva” y, sin embargo, guarde “silencio” ante “el mayor incremento
fiscal en la historia de la democracia”.
El Gobierno no renovará los contratos ni cubrirá las jubilaciones en 2013
El consejero regional de
Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, confirmó
ayer las sospechas de los sindicatos y avanzó que el Ejecutivo no
renovará contratos ni cubrirá jubilaciones en 2013. Tampoco promoverá
ofertas de empleo público. A cambio, potenciará la flexibilidad y
redistribución interna.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de
Canarias, Francisco Hernández Spinola, confirmó ayer los peores
presagios de los sindicatos, al avanzar que en el año 2013 no se
renovarán contratos temporales ni se cubrirán muchas jubilaciones en la
Administración canaria.
En el pleno del Parlamento, y como respuesta a una pregunta del
diputado del Grupo Mixto Román Rodríguez, el consejero regional precisó
también que el Ejecutivo canario no promoverá el próximo ejercicio
ofertas de empleo público.
En su lugar, el Gobierno que preside Paulino Rivero "potenciará" la
flexibilidad y la redistribución interna, dijo Francisco Hernández
Spínola, quien, aunque aseguró no compartir la opinión del presidente de
la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, de que sobran 5.000
empleados públicos, tampoco descartó que se vayan a producir despidos en
la Administración.
"El despido será la última de las opciones de este Gobierno", indicó
el consejero, quien reconoció que la reducción de partidas en los
Presupuestos Generales del Estado para Canarias "tendrá consecuencias"
en el Capítulo I (Personal).
Spínola recordó que Canarias es la quinta comunidad con menos
empleados públicos por habitante de España y que siete de cada diez
funcionarios son docentes o personal estatutario del Servicio Canario de
Salud (SCS).
A su juicio, hablar de posibles despidos masivos genera
"desmotivación", "ansiedad", "tensión", "pérdida de productividad" y es
una "irresponsabilidad" en la que el Gobierno "no ha caído ni va a
caer".
En este sentido, Román Rodríguez detalló que en los últimos 15 meses
se han producido 32.700 despidos en el sector público, según la Encuesta
de Población Activa (EPA), y destacó que los empleados públicos
atienden "a nuestros niños en las escuelas y hospitales y prestan
servicios públicos".
Al respecto, lamentó que se haya "puesto de moda" despedir empleados
públicos y pidió al Ejecutivo regional que su rechazo a los despidos se
demuestre en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2013.
Si no hay cambios de última hora, esos presupuestos serán aprobados este jueves por el Consejo de Gobierno de Canarias.
Sobre este asunto se manifestó ayer también el coordinador del Área
Pública y Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso,
quien calculó que las medidas anunciadas por el Gobierno pueden dejar
sin empleo a unos 3.500 trabajadores -podrían llegar a 4.000-.
Barroso lamentó las "pocas ideas" que se están analizando el
Parlamento canario para atajar la situación, y remarcó que hay "otras
alternativas", como es la subida de impuestos a las personas que rentas
más altas.
Por su parte, secretario general de la Federación de Servicios
Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, fue aún más allá y
consideró que los afectados podrían ser 18.000, que son todos los
trabajadores interinos y eventuales de la Comunidad Autónoma.
Bautista recordó que el compromiso del Ejecutivo, de su presidente y
del PSOE fue que no se iba a perder "ni un empleo público", por tanto
"mienten una vez más". Es más, consideró el sindicalista de UGT que si
el PSOE tuviese "un poquito de dignidad y coherencia política"
abandonaría el Ejecutivo regional, y propuso, en línea con su compañero
de CCOO, otras medias para ahorrar gastos. Entre otras citó la supresión
de algunas direcciones generales "que no aportan nada".
lunes, 12 de noviembre de 2012
Sepca hace un llamamiento para acudir a la huelga general del 14 N
El sindicato asegura que es la única manera de corregir al gobierno central y canario
Esta huelga general tiene el carácter de huelga popular, social y de consumo,
ya que el llamamiento se hace a trabajadores y trabajadoras, en
activo y desempleados, a pensionistas y jubilados, a afectados por los
desahucios, a los cientos de miles de personas que sobreviven
actualmente en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, a los
pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, en definitiva, al
conjunto de la sociedad canaria, afectada por los recortes y reformas
sucesivos.
La huelga del 14 de Noviembre se convoca contra las políticas del gobierno
español del PP, y contra el seguidismo y aplicación de las mismas políticas de recortes y reformas, que sumisamente realiza el gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE.
Las actuaciones de estos gobiernos las consideramos ilegítimas. Estamos exigiendo la retirada de las distintas reformas y recortes: la reforma laboral, porque genera destrucción de empleo y abaratamiento de los despidos; la reforma fiscal porque se aplica a las capas populares de la sociedad mientras realiza amnistías fiscales y sigue propiciando el fraude fiscal a gran escala; la reforma financiera, porque con dinero público va a solucionar la deuda de los bancos sin caminar hacia la nacionalización de la banca; la reforma judicial porque plantea incrementar el miedo y la represión así como recortar derechos y libertades como en el caso del aborto; la reforma de las administraciones públicas porque intenta adelgazar los servicios públicos propiciando miles de despidos y deteriorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos; la reforma sanitaria que intenta empeorar el servicio de salud y ahondar más en la privatización; la reforma educativa porque plantea un sistema de filtros y medidas mercantilistas segregando e impidiendo el acceso de los sectores más desfavorecidos; la reforma del modelo de Estado porque persigue la recentralización del mismo alejando el poder del control ciudadano; y, en el marco de todo ello, la reforma del artículo 135 de la Constitución, porque favorece el pago de la deuda a entidades financieras internacionales antes que atender a los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales de la población y convierten a los presupuestos generales en papel mojado.
Nos manifestamos contra todas estas reformas, que van en el camino de
conformar un nuevo modelo político, social y económico, donde primen los intereses de la clase dominante (concretada en FMI, BCE, Comisión Europea) sobre los del conjunto de la clase trabajadora y sectores de nuestro pueblo golpeados por estas políticas, a los que se le recortan derechos y libertades.
Estamos en contra de la doble pérdida de soberanía que significa para Canarias, tanto el rescate financiero pagado a nivel estatal por todos los contribuyentes, como el rescate solicitado por Paulino Rivero, porque significarán más recortes en los servicios públicos en Canarias. Y cuando se recorta en servicios públicos, estamos perdiendo derechos el conjunto de la ciudadanía.
Y el 14 de Noviembre consideramos que sobran motivos para esta huelga general popular, no sólo laboral, sino también social y de consumo. El 14-N no trabajo, no consumo, no voy a clase y no abro; pero no me callarán y me movilizo.
La huelga del 14 de Noviembre se convoca contra las políticas del gobierno
español del PP, y contra el seguidismo y aplicación de las mismas políticas de recortes y reformas, que sumisamente realiza el gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE.
Las actuaciones de estos gobiernos las consideramos ilegítimas. Estamos exigiendo la retirada de las distintas reformas y recortes: la reforma laboral, porque genera destrucción de empleo y abaratamiento de los despidos; la reforma fiscal porque se aplica a las capas populares de la sociedad mientras realiza amnistías fiscales y sigue propiciando el fraude fiscal a gran escala; la reforma financiera, porque con dinero público va a solucionar la deuda de los bancos sin caminar hacia la nacionalización de la banca; la reforma judicial porque plantea incrementar el miedo y la represión así como recortar derechos y libertades como en el caso del aborto; la reforma de las administraciones públicas porque intenta adelgazar los servicios públicos propiciando miles de despidos y deteriorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos; la reforma sanitaria que intenta empeorar el servicio de salud y ahondar más en la privatización; la reforma educativa porque plantea un sistema de filtros y medidas mercantilistas segregando e impidiendo el acceso de los sectores más desfavorecidos; la reforma del modelo de Estado porque persigue la recentralización del mismo alejando el poder del control ciudadano; y, en el marco de todo ello, la reforma del artículo 135 de la Constitución, porque favorece el pago de la deuda a entidades financieras internacionales antes que atender a los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales de la población y convierten a los presupuestos generales en papel mojado.
Nos manifestamos contra todas estas reformas, que van en el camino de
conformar un nuevo modelo político, social y económico, donde primen los intereses de la clase dominante (concretada en FMI, BCE, Comisión Europea) sobre los del conjunto de la clase trabajadora y sectores de nuestro pueblo golpeados por estas políticas, a los que se le recortan derechos y libertades.
Estamos en contra de la doble pérdida de soberanía que significa para Canarias, tanto el rescate financiero pagado a nivel estatal por todos los contribuyentes, como el rescate solicitado por Paulino Rivero, porque significarán más recortes en los servicios públicos en Canarias. Y cuando se recorta en servicios públicos, estamos perdiendo derechos el conjunto de la ciudadanía.
Y el 14 de Noviembre consideramos que sobran motivos para esta huelga general popular, no sólo laboral, sino también social y de consumo. El 14-N no trabajo, no consumo, no voy a clase y no abro; pero no me callarán y me movilizo.
¿Qué le dirás, si tus hijos te preguntan?
Por ADOLFO PADRóN BERRIEL (*)
(*) Miembro de co.bas-Canarias y de Canarias por la Izquierda/Si Se Puede
Todavía hoy, con todo lo que acontece, escucho a demasiada gente justificar porque no lucha. Todavía hoy, con tanto sufrimiento derramado, quedan demasiadas personas indolentes. Excesivas excusas, incomprensible flojera.
“Hombre soy. Nada de lo humano me es ajeno”, sentenció Terencio. Como humano puedo entender el miedo y su capacidad inmovilizadora; puedo comprender que prefiramos cerrar los ojos antes que afrontar la realidad que nos envuelve y hasta soy capaz de concebir que, ante la barbarie, reaccionemos escondiéndonos, casi inertes para no ser descubiertos y rezando: ¡a mí no, qué no me toque a mí!, mientras ruedan cabezas, justo al lado nuestro.
En lo humano, puedo incluso entender que escojamos ser esclavos antes que asumir la responsabilidad de decidir; pero precisamente en lo humano, no alcanzo a resolver que tipo de mecanismo nos puede llevar a permitir, impasibles, el sacrificio de nuestros hijos y su futuro. ¿Qué clase de instinto de supervivencia puede justificar nuestra desidia cuando se juega con el destino de nuestros vástagos? ¿Con qué tripas somos capaces de argumentar nuestro abandono y pasividad a sabiendas de que, con ello, les condenamos a vivir en la más salvaje de las junglas?
El 25% de la población activa española, el 33% de la canaria, ha perdido su empleo y por tanto, se le ha sustraído la posibilidad de decidir si secunda la huelga. Los porcentajes restantes si tenemos esa posibilidad y podemos ejercerla por nosotros, por ellos y, sobre todo, por nuestros hijos. La historia de las conquistas sociales, la de la consecución de nuestros derechos más básicos, están escritas con tinta de lucha y movilización; nada nos ha sido nunca regalado. Nada se ha logrado jamás desde el lamento pasivo y la inactiva espera a que las cosas cambien por sí solas.
El 64% de los jóvenes canarios está en paro, el 38% de nuestros niños se encuentra bajo el umbral de la pobreza; ese es nuestro presente, pero el futuro se pinta con tonos aún más oscuros: miseria, emigración, trabajo precario y sin derechos.
Esta realidad debería revolvernos; debería hacernos saltar de nuestras adormecedoras sillas, hechas de pavor, inconciencia o excusas.
Tal vez mañana, tu hijo o hija te pregunte: ¿Papa, mama, y tú que hiciste? ¿Qué les dirás?: ¡Tenía miedo! ¡No me enteré, preferí no conocer lo que ocurría! Quizá podrías responder: “Mira, hijo/hija, me habían reducido el salario, me habían subido los impuestos y los precios, me quitaron la paga extra y yo, en fin, tenía que pagar la hipoteca –o la letra del coche- y no quise que además me descontaran por ir a la huelga; no estaba dispuesto/a a que se quedaran con un solo euro más de mi bolsillo”.
Puede que tu hijo/hija, en ese caso y porque las generaciones siempre mejoran, te responda: “Papa, mama, te has parado a pensar si todo eso que te quitaron y todo lo que a mí me han despojado fue, precisamente, por evitar perder un poco de dinero. El salario de uno de tus días de trabajo, pudo haber cambiado mi mundo”.
El 14 de noviembre y las veces que hagan falta, muchas mujeres y hombres iremos a la huelga. Cada una/o desde el ámbito que pueda, no trabajando, no estudiando, no consumiendo, lucharemos por nuestros derechos y los de nuestros descendientes, pero también por los de aquellas/os que decidieron seguir aferrados a pretextos.
(*) Miembro de co.bas-Canarias y de Canarias por la Izquierda/Si Se Puede
CÍNICOS, REACCIONARIOS Y DEFRAUDADORES
Seguramente entre lo más repugnante y
cínico del Gobierno de la derecha se encuentra Bañez, la Ministra de Trabajo. La
misma señora que hace pocos días, tras comunicar la buena nueva de que el Estado
español había superado los 5.700.000 parados -el 25% de la población activa, en
Canarias el 34%- dio noticia de los “horizontes esperanzadores” de recuperación
en el empleo que ya se estaban percibiendo. Seria cómico, “¿a quien van creer
más, a mi, o a sus propios ojos?”, si fuera porque de lo que se trata es de una
auténtica catástrofe social.
Una semana después la Sra.Ministra concretó
la feliz perspectiva: los ERES de despidos colectivos entre el personal laboral
de las administraciones públicas.
En el horizonte de la Ministra y de su Gobierno
la niebla se disipa y pasa a condensarse para desencadenar la tormenta sobre
las cabezas de más de 700.000 trabajadores, “sobrantes” en un país que está por
debajo de la media europea en % de empleo público, particularmente en el sector
vinculado a los servicios sociales.
Con baba cínica y con
indisimulada voluntad de aislar a los futuros condenados de la solidaridad
social, vomitó la aberración social y jurídica de que se trataba, en fin, “de
igualar el régimen de la regulación de los despedidos colectivos en las
administraciones públicas al del sector privado”.
No hay nada de igual
en lo que se dice se esta igualando: el sector público presta servicios, o los
debe de prestar, de interés social, sin ánimo lucrativo y en la generalidad de
los casos por imperativos legales que le impone a la administración las
proclamaciones constitucionales del estado social y de derecho que no fueron
nunca legado generoso de la divina providencia.
No pueden operar
criterios “economicistas” y/o “mercantilistas” para determinar los niveles de
empleo en el ámbito de los servicios públicos, aquí prevalecen raseros para la
cobertura de la actividad de interés social.
Por otra parte, la
causa que justifica el ERE conforme a lo ha aprobado por el Gobierno en el RD
1483/12 no es, porque no puede ser, la disminución de facturación o de perdidas
en la empresa, como sucede en el sector privado. Ante este inconveniente el
gobierno del PP ha escogido el camino de la arbitrariedad. Será una decisión
política, unilateral y arbitraria de disminución de la partida presupuestaria
en el 5% lo que basta para habilitar el despido colectivo.
Dicho de otra forma,
se trata de un despido preconstituido por la propia administración que despide,
de imposible control por los afectados.
Debe considerarse
igualmente que la inmensa mayoría de los servicios que presta la administración
son deficitarios por definición y en consecuencia, siguiendo la lógica
“neoliberal”, susceptibles de ser liquidados .
En esta regulación del
ERE en las administraciones públicas se excluye formalmente la obligación de
descartar opciones alternativas al despido, lo que, a nuestro juicio, redunda
en su inconstitucionalidad como apuntaremos más adelante.
Entre tanto, el
Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PSC-PSOE) viene a decir que “esto no
le gusta, pero no va a quedar más remedio” y ya apunta directamente, para abrir
boca, a los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Por cierto, un
porcentaje muy amplio de los laborales “indefinidos” de este servicio acaban,
como quien dice, de sufrir un monumental fraude de ley “sorprendentemente”
convalidado por la jurisdicción social: “proceso selectivo en la modalidad de
concurso oposición regido por los principios de publicidad, merito y capacidad,
para ocupar plazas vacantes pero ¡¡¡¿¿¿EN LA CONDICIÓN DE
INDEFINIDOS!!!???.
En la confirmación de
este fraude por los tribunales sucede como en aquella política de Orson Wells
“El Proceso” basada en la novela homónima de Kafka: Anthony Perkins es
procesado y condenado sin enterarse del por qué. La obligación legal es la de
convocar periódicamente procesos selectivos para ocupar con empleo fijo las
plazas vacantes. Mas allá de burlar la ley para precarizar relaciones laborales
que deberían ser estables ¿qué sentido tiene convocar procesos selectivos,
respetuosos de los requisitos formales, para poner en el lugar que corresponde
a un fijo un temporal “indefinido”?.
El Gobierno de
Canarias mejor haría ahora, ya que “no le gusta” la barbaridad del “Gobierno de
Madrid”, corregir ese fraude y aplicar la norma defraudada que conduce a la
fijeza.
En todo caso y aparte
de la fundamental contestación social, que ahora lleva el sello de la huelga
general del 14 de noviembre, desde mi punto de vista hay defensa jurídica.
Por imperativo
constitucional las administraciones públicas no pueden actuar de manera
arbitraria, tienen que informar su política social con el principio del pleno
empleo, y, sobre todo, no pueden derogar la primacía del derecho del trabajo y
a la estabilidad en el empleo, de lo que se sigue, inexcusablemente, la
consideración del despido como último remedio ante causa grave que no tenga
opción alternativa.
En el marco del
despido, debe añadirse, que toda vez que las normas, por exigencia legal, hay
que aplicarlas con arreglo a la realidad social, las que habilitan para el
despido tienen que apurar, hasta el limite, la interpretación restrictiva en
tanto conciernen a un bien escaso, vital, de `primera necesidad .
En pocos años el
trabajo, como bien jurídico protegible, ha cambiado radicalmente de contenido,
de valor objetivo, en el marco de esa realidad social. El daño producido con el
despido no es ahora “simplemente” dejar de ser trabajador activo para ser
trabajador en paro.
El daño que causa el
despido es cien veces mayor que antes, porque es cien veces mas difícil que
antes poder reponerse en el ejercicio del derecho; es dejar de ser trabajador
para engrosar la lista de condenados al infierno de la exclusión social o para
ser situados en la frontera misma de la marginalidad. La perdida de trabajo
sería hoy, en amplia medida, integrable en la prevalencia del “derecho de
penuria” del que hablaba Hegel.
No puede perderse de
vista, por último, que la razón profunda de este nuevo hachazo a los derechos
más básicos de los trabajadores no la vamos a encontrar en el “déficit”
-déficit que se constituye con deuda privada travestida en deuda pública- sino
en una tendencia tan natural en el sistema capitalista como la que impulsa al
escorpión a clavar su rejo venenoso sobre el cuerpo de la rana en la que cruza
el río, aún a riesgo de ahogarse: privatizar y mercantilizar todo lo
susceptible de extraer beneficio ya sea a costa de los trabajadores, de los
consumidores, de las transferencias de los dineros público… por lo común, de
todo ello junto.
El próximo 14N hay que
darles una respuesta. Nos va mucho en ello.
*Joaquín Sagaseta es abogado laboralista.
Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 01
Noviembre 2012
El Gobierno admite que habrá despidos en el sector público en 2013, ''pero no masivos''
SEGÚN EL CONSEJERO FRANCISCO HERNÁNDEZ SPÍNOLA
El Ejecutivo regional anuncia "flexibilidad interna y no renovación de contratos temporales".
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha tenido que
reconocer en la sesión de control que los recortes presupuestarios
afectarán, aunque no de forma masiva, al empleo público en Canarias en
2013.
“El compromiso de este Gobierno es evitar despido masivos y generalizados, pero una reducción de 547 millones de euros tendrá consecuencias en el Capítulo I, referido a Personal”, afirmó Spínola.
Así respondió a una pregunta concreta de Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, quien exigió al Ejecutivo que “no sigan pagando la crisis los recortes y los empleados públicos”.
“El despido será la última de las decisiones que adoptará este Gobierno, pero deberemos proceder a una flexibilidad interna, a no renovar contratos temporales y trabajaremos en la redistribución de los efectivos personales”, reconoció el consejero.
Rumores irresponsables
Spínola rechazó “rotundamente” las tesis del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, que defiende la necesidad de despedir a 5.000 trabajadores públicos el próximo año, y aseguró que “fomentar esos rumores es una irresponsabilidad”.
“Canarias es la quinta comunidad autónoma con menos empleados públicos por habitante de España, y siete de cada diez son docentes o personal al servicio del SCS”, dijo el consejero.
Para Spínola, “especular solo genera ansiedad, pérdida de productividad, tensión e incertidumbre”.
Sin embargo, Rodríguez insistió en que “en los últimos 15 meses la EPA ha puesto en evidencia que nuestra Comunidad ha destruido 32.500 empleos públicos, de quienes atienden a nuestros niños en nuestras escuelas y hospitales.
“Se ha puesto de moda despedir empleados públicos”, culminó el líder de NC.
El Ejecutivo regional anuncia "flexibilidad interna y no renovación de contratos temporales".
(1).jpg) |
| Francisco Hernández Spinola |
“El compromiso de este Gobierno es evitar despido masivos y generalizados, pero una reducción de 547 millones de euros tendrá consecuencias en el Capítulo I, referido a Personal”, afirmó Spínola.
Así respondió a una pregunta concreta de Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, quien exigió al Ejecutivo que “no sigan pagando la crisis los recortes y los empleados públicos”.
“El despido será la última de las decisiones que adoptará este Gobierno, pero deberemos proceder a una flexibilidad interna, a no renovar contratos temporales y trabajaremos en la redistribución de los efectivos personales”, reconoció el consejero.
Rumores irresponsables
Spínola rechazó “rotundamente” las tesis del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, que defiende la necesidad de despedir a 5.000 trabajadores públicos el próximo año, y aseguró que “fomentar esos rumores es una irresponsabilidad”.
“Canarias es la quinta comunidad autónoma con menos empleados públicos por habitante de España, y siete de cada diez son docentes o personal al servicio del SCS”, dijo el consejero.
Para Spínola, “especular solo genera ansiedad, pérdida de productividad, tensión e incertidumbre”.
Sin embargo, Rodríguez insistió en que “en los últimos 15 meses la EPA ha puesto en evidencia que nuestra Comunidad ha destruido 32.500 empleos públicos, de quienes atienden a nuestros niños en nuestras escuelas y hospitales.
“Se ha puesto de moda despedir empleados públicos”, culminó el líder de NC.
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