Crónica del primer desencuentro en la carrera hacia el 22M: Una incógnita de 86,55 millones de euros
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Eran otros tiempos de amor y compaña |
Canarias/ La sorpresa saltó el martes en la Comisión de Presupuestos en la que el Gobierno iba a explicar el proyecto de Ley sobre las Cuentas autonómicas para 2010. Un texto elaborado por el anterior consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, y cuya aprobación había sido el último acto del PP en el Gobierno regional en esta legislatura. El propio Soria había garantizado cuando anunció la ruptura del Pacto que el PP garantizaba la estabilidad del gabinete en minoría presidido por Paulino Rivero, y que los conservadores iban a apoyar los Presupuestos.
Pero el guión se trastocó y no solo no existe estabilidad sino que se ha lanzado a la opinión pública el mensaje de que el Gobierno regional ha podido saltarse la legalidad e incurrir en un delito tipificado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
La alarma la conectó el diputado del PP Víctor Moreno del Rosario, estrecho colaborador del propio Soria e integrante de su círculo más restringido de afines, cuando dijo que "a la vista de los Presupuestos presentados en este Parlamento, es evidente que se han producido modificaciones respecto al aprobado sin que se haya dado el visto bueno por otro Consejo de Gobierno, lo que hace imperioso que el Ejecutivo de una explicación razonable a esta posible irregularidad".
Las cuentas del diputado estaban claras, pues había "diferencias notorias en varios capítulos presupuestarios" entre lo aprobado el 22 de octubre y el texto que entró en la Cámara regional el 29 de octubre.
Así, en el Capítulo II, los impuestos indirectos aumentan en tres millones de euros, lo que ha su juicio significaba que "han partido de mayores previsiones al gusto"; en el Capítulo III, las tasas y otros ingresos se aumentan en 8,3 millones de euros, pues "también han partido de mayores previsiones porque sí", mientras que en el Capítulo IV, las Transferencias corrientes se aumentan en 36 millones, "de los cuales 34 millones de euros corresponden a liquidaciones negativas del ITE que no figuran en ningún documento",.
Para Moreno del Rosario, si estos 34 millones de euros están contemplados como "mayores ingresos", posibilitando un menor ajuste del gasto, "y no están documentalmente y oficialmente acreditados por el Ministerio, estaríamos ante un claro ejercicio de maquillaje presupuestario que debe conocer esta Cámara y toda la sociedad canaria".
Hasta este punto, Moreno había contabilizado la aparición por sorpresa 45,3 millones de euros, la mitad de lo denunciado.Por ello, una vez lanzada la bomba hacia sus ex socios de Gobierno, el diputado del PP siguió cuantificando.
Así, en el Capítulo VI, afirmó que la "enajenación de Inversiones reales, se aumentan en 8 millones de euros", importes "incrementados de ventas en el Instituto Canario de la Vivienda", en e Capítulo VII las transferencias de Capital, se aumentan en 10 millones, de los que "siete millones corresponden a subvenciones de vivienda que figuran en los Presupuestos Generales del Estado".
A ello se suma que en Capítulo VIII, los activos financieros "se aumentan en 25 millones de euros que responden a planes de desarrollo tecnológico que no figuran de forma diferenciada en los Presupuestos del Estado y que no existe documento alguno que lo avale".
Pero Moreno no se quedó ahí y afirmó que "con los mayores ingresos se han cambiado los techos de gastos y determinadas actuaciones", como por ejemplo que "el Parlamento de Canarias, en lugar de reducir su presupuesto en cinco millones de euros, es el único órgano que aumenta respecto al año anterior en casi un dos por ciento".
Aún había más alteraciones entre el Presupuesto de Soria y el de Rodríguez, pues "tampoco entendemos por qué entre la aprobación del Presupuesto por el Gobierno y su entrega en el Parlamento se altera el presupuesto del Servicio Canario de Salud, aplicando más recursos a inversiones y restándolo a gastos de naturaleza corriente, necesarios para la prestación de un servicio tan importante".
Y aquí empezó el ataque personal de Moreno al propio presidente Rivero, pues dio a entender que este cambio no pactado con el PP iba dirigido a salvaguardar intereses electoralistas del jefe del Ejecutivo regional que, para ello, sacrificaba la austeridad de las Cuentas elaboradas por Soria.
Y al final, la guinda: el pleito insular enarbolado por el PP frente a los nacionalistas de CC.
"Tampoco se puede entender y apoyar el hecho de las diferencias de inversión entre islas. En concreto, no se entiende por qué se aumenta la inversión en algunas y se castiga a las otras con una disminución por encima de lo que pudiéramos entender razonable", aseguró.
Así, según desgranó Moreno, La Palma aumenta un 30,5 por ciento, El Hierro aumenta un 2,6 por ciento, Lanzarote disminuye un 38,3 por ciento, Gran Canaria disminuye un 16,9 por ciento, La Gomera disminuye un 10,6 por ciento, Tenerife disminuye un 8,3 por ciento y Fuerteventura disminuye un 7,8 por ciento.
Desde ese momento, Rodríguez y todo su equipo aseguraron que "no se ha tocado ni una coma" de lo acordado con el PP y que incluso las modificaciones de última hora introducidas "el sábado y el domingo" posterior al Consejo de Gobierno, "habían sido habladas y aprobadas" por los gabinetes técnicos de las Consejerías, que siguen en manos del PP pese a salir del Ejecutivo, en base a lo acordado con los conservadores.
Ahora le toca al PP mover ficha. Desdecirse, asumir que esos cambios habían sido previamente acordados en las deliberaciones secretas del Consejo de Gobierno o, por el contrario, sentar al consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, en el banquillo de los acusados frente al artículo 390 del Código Penal por manipular y falsear un documento público.