El secretario
general técnico con el apoyo de la consejera de PolíticasSociales del
ejecutivo de Rivero inicia la privatización encubierta de servicios
Inés Rojas tiene planeado entregar a empresas lo que puede generar grandes beneficios
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| Consejera y Sec.Gral Tecnico |
No lo anuncian. No lo dicen. Intentan ocultarlo, pero las evidencias
ponen el acento en la política destructora, enemiga de lo público que
tiene la actual consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias,
Inés Nieves Rojas de León, de la cuota lanzaroteño en el ejecutivo de
Paulino Rivero, asesorada por su secretario general técnico, que viene
de Educación, donde ejercía de cachorro feroz de la incompetente,
terrible y dinamitera Milagros Luis Brito, y de una serie de asesores,
la mayoría abogados traídos de las profundidades del Sur tinerfeño.
Todos se han planteado como objetivo el acabar con los servicios
públicos relacionados con el estado del bienestar y por lo tanto, en su
mayoría, deficitarios y que se proyectan sobre los colectivos más
débiles y frágiles y entregárselos a la iniciativa privada, que no
atiende personas, sino balances y que deteriorarán aún más los ya
caóticos e ineficaces servicios que ahora presta la consejería, no por
sus profesionales, sino por sus gestores políticos.
En nada se diferencia Inés Rojas de sus contrincantes políticos del PP. Ambos apuestan por la privatización, por acabar con la hegemonía de lo público. Es por eso que lo camuflan, no lo quieren asumir y mientras Paulino y Barragán y otros tantos, en sus batallas con Madrid, dicen que defienden los servicios públicos básicos, están mintiendo como bellacos, ya que tanto Inés Rojas como Brígida Mendoza quieren privatizar lo máximo para complacer al político más terrible que mora en Canarias y que es el responsable máximo de todo lo que está pasando: Javier González Ortiz, que es el ejecutor de los mandatos secretos de Rivero, que va de policía bueno, mientras que su lado oscuro, encarnado en este político nefasto e incompetente es el que se encarga de destruir a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
Por eso resulta sangrante lo que está ocurriendo en los centros bases, donde se gestiona la valoración y la calificación del grado de discapacidad de las personas. Y esto se hace a través de un procedimiento mediante el cual se reconoce a las personas con discapacidad el grado que le corresponda a fin que pueda acceder a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los distintos organismos públicos. Está claro que se trata de un servicio clave, esencial, básico.
Pues la consejera y su equipo de técnicos, asesores, enchufados y pelotas brutales (a veces espías de sus compañeros), se han sacado la orden de 18 de octubre donde se regulan “las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad que se presenten por las personas físicas interesadas, que se hallaren residiendo habitualmente en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquellas que se soliciten para el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, a efectos de obtener la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva”.
Las paguitas, claro está, ese dinero que salva a muchos ciudadanos de la pobreza, de acabar en la calle. Una orden que aparentemente normaliza y cohesiona procedimientos, pero en la que surge una vía para la privatización, metida por este secretario técnico, de rondón y a escondidas (quizás ya tenga quien se lo haga) y lo hace pronto, en el artículo 2 de la citada orden, en el de las competencias funcionales y territoriales, que aunque sean públicas, no importa que se transformen en privadas: “para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la consejería competente en materia de Políticas Sociales suscribirá con los Cabildos los correspondientes convenios de encomienda donde se fijen los términos y condiciones en que hayan de realizarse tales informes, pruebas y exploraciones en orden a la valoración de la discapacidad. Igualmente podrá ser objeto de contratación dicho servicio de reconocimiento a profesionales cualificados y empresas externas especializadas, de acuerdo con el texto refundido de la ley de contratos del sector público”.
Pero la cosa no se queda ahí. En el artículo 4 que regula los dictámenes técnicos-facultativos se expone otra clave para la privatización: “para la baremación, la consejería competente en materia de Políticas Sociales pondrá a disposición de los profesionales el uso de un aplicativo informático específicamente diseñado para esta finalidad que será de utilización obligada para los técnicos y personal de los centros de valoración de la discapacidad y, en su caso, personal externo encargado expresamente autorizado por la secretaria general técnica, mediante el uso de la correspondiente firma electrónica y de los equipos ofimáticos que se suministren para ello”.
Ya está preparada la cobertura jurídica. Ahora toca esperar a que se produzca el hecho en sí. El comité de empresa, garante de lo público, está expectante y vigilante, del mismo modo que hizo cuando se privatizó el aplicativo informático, ahora campo de batalla y causante de miles de males. Ese es el paisaje futuro, con dolor para todos los afectados.
En nada se diferencia Inés Rojas de sus contrincantes políticos del PP. Ambos apuestan por la privatización, por acabar con la hegemonía de lo público. Es por eso que lo camuflan, no lo quieren asumir y mientras Paulino y Barragán y otros tantos, en sus batallas con Madrid, dicen que defienden los servicios públicos básicos, están mintiendo como bellacos, ya que tanto Inés Rojas como Brígida Mendoza quieren privatizar lo máximo para complacer al político más terrible que mora en Canarias y que es el responsable máximo de todo lo que está pasando: Javier González Ortiz, que es el ejecutor de los mandatos secretos de Rivero, que va de policía bueno, mientras que su lado oscuro, encarnado en este político nefasto e incompetente es el que se encarga de destruir a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
Por eso resulta sangrante lo que está ocurriendo en los centros bases, donde se gestiona la valoración y la calificación del grado de discapacidad de las personas. Y esto se hace a través de un procedimiento mediante el cual se reconoce a las personas con discapacidad el grado que le corresponda a fin que pueda acceder a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los distintos organismos públicos. Está claro que se trata de un servicio clave, esencial, básico.
Pues la consejera y su equipo de técnicos, asesores, enchufados y pelotas brutales (a veces espías de sus compañeros), se han sacado la orden de 18 de octubre donde se regulan “las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad que se presenten por las personas físicas interesadas, que se hallaren residiendo habitualmente en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquellas que se soliciten para el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, a efectos de obtener la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva”.
Las paguitas, claro está, ese dinero que salva a muchos ciudadanos de la pobreza, de acabar en la calle. Una orden que aparentemente normaliza y cohesiona procedimientos, pero en la que surge una vía para la privatización, metida por este secretario técnico, de rondón y a escondidas (quizás ya tenga quien se lo haga) y lo hace pronto, en el artículo 2 de la citada orden, en el de las competencias funcionales y territoriales, que aunque sean públicas, no importa que se transformen en privadas: “para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la consejería competente en materia de Políticas Sociales suscribirá con los Cabildos los correspondientes convenios de encomienda donde se fijen los términos y condiciones en que hayan de realizarse tales informes, pruebas y exploraciones en orden a la valoración de la discapacidad. Igualmente podrá ser objeto de contratación dicho servicio de reconocimiento a profesionales cualificados y empresas externas especializadas, de acuerdo con el texto refundido de la ley de contratos del sector público”.
Pero la cosa no se queda ahí. En el artículo 4 que regula los dictámenes técnicos-facultativos se expone otra clave para la privatización: “para la baremación, la consejería competente en materia de Políticas Sociales pondrá a disposición de los profesionales el uso de un aplicativo informático específicamente diseñado para esta finalidad que será de utilización obligada para los técnicos y personal de los centros de valoración de la discapacidad y, en su caso, personal externo encargado expresamente autorizado por la secretaria general técnica, mediante el uso de la correspondiente firma electrónica y de los equipos ofimáticos que se suministren para ello”.
Ya está preparada la cobertura jurídica. Ahora toca esperar a que se produzca el hecho en sí. El comité de empresa, garante de lo público, está expectante y vigilante, del mismo modo que hizo cuando se privatizó el aplicativo informático, ahora campo de batalla y causante de miles de males. Ese es el paisaje futuro, con dolor para todos los afectados.
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